El debate se realiza en la sala AMIA del edificio de Comodoro Py 2002 ante el Tribunal Oral Federal 8 y en principio se desarrollará todos los martes, informaron a Télam fuentes judiciales.
D'Alessio aguarda en la Alcaidía de los tribunales ser ingresado a la sala de audiencias donde será asistido por la defensa oficial.
El falso abogado está procesado por integrar una banda que se dedicaba, entre otras cosas, a recabar información de modo ilegal para luego extorsionar a sus víctimas e interferir en expedientes judiciales.
Del debate participarán ocho querellas -una será la de la Unidad de Información Financiera (UIF)- e intervendrá como fiscal a Marcelo Colombo
Colombo habìa sido recusado por la defensa de D'Alessio pero fue confirmado por el TOF8 y la Cámara Federal de Casación Penal rechazó a última hora del lunes por inadmisible un recurso de su defensa para llegar a esta instancia con su planteo de apartar al fiscal.
EL TOF 8 admitió para este juicio unos 148 testigos y postergó para el debate la evaluación de admisibilidad de unos 70 más según surge del expediente judicial al que accedió agencia. Entre los testigos están el principal denunciante, el empresario Pedro Etchebest; el empresario Mario Montoto y Gabriel Bouzat, exsocio del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rozenkrantz.
El falso abogado llegará al juicio detenido, dado que se encuentra en prisión preventiva desde hace cuatro años y cuatro meses en la cárcel de Ezeiza, recordaron las fuentes consultadas.
Intento de extorsión
D'Alessio, además, fue condenado a cuatro años de prisión en otra causa en la que se lo juzgó, en 2021, por el intento de extorsión al empresario Daniel Traficante.En este nuevo debate serán juzgados también los excomisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, el exespía Rolando Barreiro; Mariano Díaz, que actuaba de guardaespaldas de D'Alessio, y los empresarios Aldo Eduardo Sánchez, Pablo Leonardo Bloise y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, acusados por supuesto lavado de dinero.
También se sentará en el banquillo de los acusados el prefecto Franco Pini, desde cuyo usuario se revisaba las bases de Migraciones para obtener de modo ilegal información de distintas personas, como fue el caso Rosenkrantz.
Uno de los hechos imputados tiene que ver con delito de lavado de dinero a partir de la existencia de un grupo de WhatsApp llamado "Buenos Aires", por medio del cual varias personas coordinaban acciones para colocar fondos de origen ilícito en cuentas off-shore.
Asociación ilícita
A los acusados de les achaca haber formado parte, desde 2016 hasta febrero de 2019, de una asociación ilícita que "planificó" y, en algunos casos, "ejecutó sin poseer facultades para ello, ni orden de autoridad competente, actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación", según el requerimiento de elevación a juicio.El debate oral está a cargo de las juezas Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y del juez Nicolás Toselli.
La investigación fue abierta en la Justicia Federal de la ciudad bonaerense de Dolores, a cargo del ahora juez de La Plata Alejo Ramos Padilla. Sin embargo, tras una orden de la Cámara Federal de Casación, el expediente pasó luego a los tribunales de Comodoro Py, donde recayó en manos del magistrado Julián Ercolini.
Este último fue quien envió la causa de manera parcial a juicio sobre la base de un pedido hecho por el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi.
La Cámara Federal de Casación rechazó la semana pasada la posibilidad de excarcelar a D'Alessio y encomendó al Tribunal llevar adelante el juicio con "celeridad".
El primer caso que se juzgará corresponde a los hechos denunciados por el empresario Pedro Etchebest, cuya presentación dio curso a la investigación y a quien se le habría exigido el pago de 300.000 dólares para no involucrarlo en el llamado "caso Cuadernos".
Otro hecho que se ventilará en el juicio tiene como víctima a Gonzalo Brusa Dovat, exdirector de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en la Argentina, "a quien, mediante acciones de coacción, que importaron tareas de recolección de información previa a su respecto, se lo obligó a prestar testimonio en diversas entrevistas periodísticas y declaración testimonial en la sede de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli", en 2019.
Además se juzgará el hecho que tuvo por víctima a Diego Vestillero, que fue blanco de "acciones intimidatorias y extorsivas" en julio de 2016, además de "exigencias de dinero y amenazas con publicaciones en medios de prensa", para obligarlo a " entregar documentación de contenedores relacionados con la firma Fox Cargo S.A.", de la cual era directivo.
Entre los querellantes también estará el abogado José Manuel Ubeira, contra quien D'Alessio, "en el marco de la asociación ilícita", habría planificado "una cámara oculta con el propósito de vincularlo, a través de algún tipo de ardid y una metodología similar a la del agente provocador, en una posible maniobra delictiva que pudiera ser encuadrada como "extorsión en grado de tentativa a un fiscal federal.