Organizaciones sociales de Argentina realizaron este viernes una jornada nacional de lucha para repudiar el ajuste implementado por el presidente Javier Milei, a partir del cual se ha suspendido el envío de alimentos a miles de comedores populares en todo el país.
"El hambre no espera", fue el lema de las masivas movilizaciones que reclamaron la declaración de una emergencia alimentaria y que tuvieron su epicentro en la ciudad de Buenos Aires, en donde los manifestantes enfrentaron el acoso policial.
Al mediodía, los elementos de Seguridad lanzaron gas pimienta y golpearon con sus toletes a las personas que protestaron frente al Ministerio de Capital Humano.
El pretexto, al igual que ha ocurrido desde que Milei asumió en diciembre pasado, es hacer cumplir el protocolo antipiquetes que prohíbe que los manifestantes ocupen y cierren las vías de circulación.
La jornada, sin embargo, continuó tanto en la capital como en el resto del país y reflejó la creciente tensión social que hay en Argentina, con protestas diarias y huelgas de múltiples sectores que resisten el ajuste que ha incrementado de manera acelerada la pobreza.
En este caso, además, se centraron en un reclamo vital, que es la necesidad de alimentar a los sectores más desfavorecidos.
Unidad
En las movilizaciones participaron decenas de organizaciones sociales independientes y de diversos signos políticos que coordinaron más de 500 cortes de rutas en las principales provincias y en la capital.
Los colectivos sorprendieron porque hace décadas que no se manifestaban en unidad. Así, en las calles se concentraron organizaciones como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Unidad Piquetera, Frente de Lucha Piquetero, Frente de Organizaciones en Lucha, Bloque Piquetero Nacional y Organización Libres del Sur.
También participaron, entre otros, la Corriente Clasista y Combativa, Frente Nacional Territorial, Coordinadora por el Cambio Social, Movimiento Socialista de los Trabajadores, Frente Popular Darío Santillán, Polo Obrero, Rebelión Popular y Movimiento de Lucha y Mujeres en Lucha.
"Se trata del inicio de un plan de lucha extendido y unificado", anunció Eduardo Belliboni, un dirigente del Polo Obrero que en las últimas se semanas se ha convertido en una de las figuras más visibles de las protestas contra Milei.
"A más de dos meses del Gobierno de Javier Milei, han demostrado que quieren hambrear al pueblo y llevarse todo lo que puedan de la Argentina. Vivimos la inflación más grande desde los últimos 30 años, con una situación de hambre gravísima en los barrios más pobres", agregó el líder social Juan Carlos Alderete en entrevista con la agencia Télam.
La asistencia a los comedores populares en donde a diario miles de personas de todas las edades que viven en condiciones de pobreza acuden por un plato de comida ha sido motivo de permanente polémica, ya que solían ser financiados por el Estado.
Sin embargo, la llegada de Milei al Gobierno representó el freno a esa ayuda que, hoy, es vital.
Sin intermediarios
La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, desató una polémica cuando, durante una protesta ante esta dependencia, advirtió que ya no enviarían la ayuda a los comedores a través de "los intermediarios", es decir, las organizaciones sociales.
"Chicos, los que tienen hambre vengan de a uno que los voy a anotar", convocó de manera insólita.
Pero incumplió, porque días después los manifestantes realizaron largas filas para aceptar el desafío de la ministra, quien se desdijo y no los recibió.
El problema es que el desabastecimiento de alimentos no se ha resuelto y los dirigentes denuncian que la situación en los barrios de escasos recursos es desesperante.
"Con un índice de pobreza de casi el 60 %, una inflación del 20,6 % en enero y una interanual del 254,2 %, el Gobierno decide eliminar la última barrera de contención que tienen las familias más empobrecidas: la asistencia alimentaria", denunciaron las organizaciones en un comunicado.
En respuesta a la jornada de lucha, el Ministerio ratificó su política de confrontación e insistió en que ya no entregará los alimentos a los intermediarios.
"Para terminar con esta herramienta de extorsión y el negocio multimillonario para el cartel de empresas proveedoras de alimentos del Estado, decidimos que este 4,2 % de asistencia que controlaban las organizaciones sociales sea destinado directamente a los comedores que, a su vez, deberán rendir cuenta de la comida que compran", afirmó la dependencia.
