El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires presentó este viernes un pedido de informes al gobierno porteño para que responda, de forma urgente, sobre los denominados
“operativos de limpieza urbana”, los cuales, según ese organismo, afectarían los derechos constitucionales de las personas en situación de calle. El pedido también abarca la puesta en funcionamiento del “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”.
Como se recordará, en los últimos días se generó una fuerte polémica, sobre todo en las redes sociales, por la implementación de diferentes operativos en los barrios de Palermo y Recoleta, que consistieron en desocupar el espacio público que de manera permanente ocupaban personas en situación de calle, y realizar la limpieza general de los mismos.
La nota, enviada ayer por la defensora general de la Ciudad, Marcela Millán, al jefe de Gobierno porteño, consistió en pedir detalles sobre las intervenciones realizadas en relación con personas en situación de calle, indicando domicilios, cantidad de personas abordadas y soluciones habitacionales ofrecidas. También, explicando dónde y cómo se registran tales intervenciones; cantidad de Centros de Inclusión Social (CIS) gestionados por el gobierno porteño y cantidad de plazas disponibles. Por otra parte, también se pide que se informen las derivaciones realizadas a estos centros y otros tipos de soluciones habitacionales otorgadas en el marco de dichas intervenciones.
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Además, se consultó acerca de las soluciones habitacionales ofrecidas en el caso de adultos mayores y de personas con discapacidad, así como en los casos de personas no autoválidas; las derivaciones realizadas a efectores de salud mental, las medidas adoptadas para garantizar la intervención de profesionales capacitados en materia de salud mental; las políticas habitacionales y de cuidado y atención de la salud mental que se implementan hacia las personas con padecimientos mentales, y si existen instancias de articulación con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad para dichas políticas habitacionales.
Para el MPD, “debe evitarse la estigmatización de las personas en situación de calle y es necesario desarrollar políticas públicas que garanticen efectivamente el derecho a la vivienda digna, de manera que el Estado promueva soluciones de fondo a la grave problemática habitacional de la Ciudad”. Y agregó: “Del mismo modo, y en relación con las políticas de salud mental, es necesario que las mismas tengan una perspectiva integral fundada en los derechos humanos, y que los abordajes sean llevados a cabo exclusivamente por efectores de salud, con personal y profesionales idóneos, y debidamente capacitados”.
