Se trata de los echados por carta documento y por comunicación de autoridades ministeriales. Qué dice Adorni y qué hará Milei si hay
protestas.
Por Gino Viglianco|EDW| El miércoles será un día que marcará la Presidencia de Javier Milei. Miles de despedidos por el Estado se harán presentes en los ministerios y dependencias del poder ejecutivo para ocupar sus puestos de trabajo. Se espera que en los molinetes no los dejen ingresar y el jefe de Estado ya adelantó que mandará a la policía para impedir que protesten. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contabilizan ya 8297 despedidos concretados y llaman a un paro para el miércoles.
"Los y las estatales vamos a volver a nuestros puestos de trabajo, no sólo porque es nuestra fuente de sustento, sino porque estamos ante una desintegración de derechos nunca vista en la historia de nuestro país. Áreas sin firma, funcionarios sin designar a casi 4 meses de un nuevo gobierno, comedores para los más vulnerables sin comida, seguridad social sin personal que responda, la salud pública en estado deplorable y responsabilidades que sólo el Estado puede cumplir están en serio riesgo y de eso dependen vidas", afirmaron desde ATE.
Pobres contra pobres
El gremio ATE adelanta que hará siete asambleas en diferentes ministerios que comenzarán a las 9 y que terminarán pasado el mediodía. Los trabajadores intentarán ingresar a su puesto de empleo para no hacer lo que se conoce en la legislación laboral como abandono de trabajo y allí se espera que se enfrenten a la policía.
"Si hacen eso, cometerán un delito que seguramente el Presidente no va a dejar pasar, como hicieron todos desde 1983″, escribió el abogado Alejandro Fargosi en un mensaje de X, ex Twitter, que fue replicado por el presidente de la Nación.
Los gremios temen que pase lo que ocurrió en el macrismo: listas de despedidos con ministerios militarizados y con vallas para no ingresar.
El número de despedidos
Como ocurre con otros temas como la coparticipación o el mega DNU, el presidente Milei y sus ministros difunden información diferente. El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que los despedidos en esta nueva ola serán 15.000 empleados que se suman a los más de 9.000 de diciembre, mientras que Milei dijo en el IEFA Latam Forum que echaron a 50.000.
Lo cierto es que hasta el momento fueron notificados de los despidos 8297 empleados públicos, de acuerdo a un relevamiento que lleva adelante ATE contabilizando los telegramas que fueron recibiendo en los últimos días y las comunicaciones que dieron a conocer altos funcionarios dentro de los ministerios.
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El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, aseguró hoy que el gremio rechazará cualquier propuesta salarial quehaga el Gobierno nacional en la negociación paritaria del sector si el ofrecimiento está por debajo del 20,6% de incremento, tal cual fue el índice de inflación de enero.
"Si el Gobierno no ofrece un 20,6% de aumento, como la inflación de enero, no están dadas las condiciones para un entendimiento" en la negociación paritaria, prevista para esta tarde, dijo Aguiar.
En declaraciones a El Destape Radio, el gremialista advirtió que "si la paritaria no es acorde" a las expectativas plantadas por el sindicato, continuarán "las medidas de fuerza".
"En la última semana de febrero vamos a llevar adelante un paro de 24 horas", ratificó Aguiar.
El secretario general de ATE indicó que el sector arriba a la negociación salarial "con una buena porción de los trabajadores estatales abajo de la línea de pobreza".
En ese contexto, Aguiar opinó que "el Gobierno pretende usar la paritaria nacional para licuar los sueldos estatales" y que una situación similar se dé "en todas las provincias".
Para el sindicalista, el Ejecutivo nacional "no ha demostrado" hasta el momento "voluntad para que exista un entendimiento" salarial.
"Si el Gobierno sigue con el presupuesto de 2023, la mayoría de los organismos del Estado no van a poder funcionar" durante el año, concluyó.
"El interior del país es un polvorín", destacó el cosecretario general de la central obrera, quien aseguró que "marzo va a ser un mes muy conflictivo por elaumento de los colegios, los servicios y la política de ajuste contra los trabajadores", y advirtió al gobierno nacional que "se prepare" porque señaló que no serán "meros espectadores de cómo van a ir destruyendo el país".
El cosecretario general de la CGT Pablo Moyano pronosticó este sábado que marzo "será un mes muy conflictivo", dijo que "el interior del país es un polvorín" y adelantó que en la central obrera ya "se está discutiendo" la posibilidad de hacer un nuevo paro general, luego del realizado el 24 de enero, el primero contra la gestión de Javier Milei.
"En el Consejo del Salario el gobierno nunca nos dio oportunidad de charlar con los empresarios, es una modalidad del Gobierno llevarse por delante cualquier posibilidad de negociación. El Consejo de la CGT está autorizado para tomar las medidas necesarias, no vamos a poner fechas todavía, pero se está discutiendo el paro general", dijo Moyano en declaraciones a Radio 10.
Se refirió de esta manera a la frustrada reunión del Consejo del Salario que se realizó esta semana, en la que sindicalistas y empresarios no lograron ponerse de acuerdo en el monto de un nuevo haber, mientras el presidente Javier Milei dijo el viernes que no dictará un decreto para fijarlo.
"No voy a poner fecha en estos momentos, pero hay una discusión por las medidas a tomar. Marzo va a ser un mes muy conflictivo por el aumento de los colegios, los servicios y la política de ajuste contra los trabajadores"
En una clara advertencia, Moyano le advirtió al gobierno nacional que "se prepare" porque señaló que, desde la CGT, no serán "meros espectadores de cómo van a ir destruyendo el país y del avallasamiento a los trabajadores".
"No voy a poner fecha en estos momentos, pero hay una discusión por las medidas a tomar. Marzo va a ser un mes muy conflictivo por el aumento de los colegios, los servicios y la política de ajuste contra los trabajadores", remarcó el sindicalista, para quien "el interior del país es un polvorín".
"La CGT tomó participación importante no sólo en la marcha a Tribunales sino también en el paro general y movilización del 24 de enero y seguro se va a multiplicar en los próximos meses", adelantó.
"Nos guitarrearon durante 5 horas y no nos hicieron ninguna propuesta"
Sobre el Consejo del Salario, Moyano aseguró que la reunión que mantuvieron esta semana con representantes de las cámaras empresariales y el gobierno nacional fue "una jugada del gobierno para tratar de romper el debate con los empresarios" y agregó: "Teníamos un número de salario mínimo acordado con la CTA y los empresarios nos guitarrearon durante 5 horas y no nos hicieron ninguna propuesta".
Para el sindicalista, los grandes empresarios "tendrían que hacer un esfuerzo y aportar parte de sus ganancias" y denunció además que "hay despidos de trabajadores estatales y de la construcción gracias a la paralización de la obra pública".
"Lamentablemente hay muchos artículos del DNU (decreto de necesidad y urgencia) que están siendo aplicados. Hoy estamos pidiéndole a los diputados y senadores que rechacen el DNU".
"El peronismo tiene que ser nuevamente una alternativa"
Por otro lado, Moyano se refirió a la situación del peronismo. Insistió en que es necesario llegar "a la renovación del Partido Justicialista (PJ) Nacional" y que "tiene que haber ya una elección".
"El peronismo tiene que ser nuevamente una alternativa dentro de dos años", concluyó.
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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino hizo el anuncio tras la reunión llevada a cabo en Casa Rosada de la que formaron parte el Jefe de Gabinete, el Ministro de Salud, el titular de Turismo y Deportes y miembros de la Liga Profesional, donde confirmó la fecha del sorteo.
Claudio “Chiqui” Tapia confirmó que el próximo el regreso del fútbol para el 30 de octubre, luego de la reunión de la que participaron además el secretario General AFA y presidente Racing, Víctor Blanco, el presidente de la Liga Profesional y de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, el presidente Vélez Sarsfield, Sergio Rapisarda y presidente Lanús, Nicolás Russo. “El 30 vuelve el fútbol; el viernes a las 14 el sorteo”, confirmó el titular de AFA en diálogo con TNT Sports.
Luego de analizar la situación general, Claudio Tapia (presidente de la AFA), Marcelo Tinelli (presidente de la Liga Profesional de Fútbol), Sergio Rapisarda (Secretario LPF), Víctor Blanco (Secretario General de la AFA y miembro del Consejo Directivo LPF) y Nicolás Russo (vocal de Comité Ejecutivo de AFA) fueron citados a la Casa Rosada, donde recibieron la autorización gubernamental para el regreso de la actividad, bajo el debido cumplimiento de los protocolos de sanidad.
De esta forma se inicia la época de la Liga Profesional, que tendrá su primera competencia desde el próximo 30 de octubre, con un formato especial de Copa El viernes 16 de octubre, a las 14, se sortearán las 6 zonas de cuatro equipos en el predio de la AFA en Ezeiza, bajo estrictas medidas de sanidad.
Fuente: TELAM
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CARTA ABIERTA DEL SUTPLA A LOS TRES PODERES DEL ESTADO Y A LA OPINIÓN PÚBLICA
El Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA), organización sindical de primer grado legalmente constituida en los términos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, del Convenio nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Ley de Asociaciones Sindicales nº 23.551, la cual tiene por objeto la protección y promoción de los derechos individuales y colectivos de las personas privadas de la libertad ambulatoria, en general, y de sus Derechos Humanos Fundamentales al Trabajo y a la Libertad Sindical, en particular, repudia la banalización y/o la utilización político- partidaria de una problemática muy grave que pone en serio riesgo la vida y la salud de las casi 90 mil personas que se encuentran detenidas en las prisiones federales y provinciales de nuestro país y, en ese sentido, rechaza, por absolutamente falsa y absurda, la burda y grotesca tesis esgrimida por ciertos oportunistas mediáticos y políticos en el sentido que, con la “excusa” de la pandemia del denominado COVID-19, estaría en marcha un plan para liberar irrestrictamente y sin justificación jurídica a personas condenadas o imputadas por delitos graves o aberrantes y/o la liberación masiva de detenidxs con fines políticos.
Muy por el contrario, resulta de público y notorio conocimiento que, como consecuencia de la situación de superpoblación y de las paupérrimas condiciones de detención imperantes en materia de higiene, salubridad, atención médica y alimentación, extremos que en 2019 dieron lugar a la declaración de la “emergencia penitenciaria” a nivel nacional por el plazo de tres años, y al igual que sucede en las prisiones de casi todo el mundo, en las deplorables y hacinadas cárceles argentinas es virtualmente imposible evitar la propagación del COVID-19, extremo que ciertamente coloca en situación de contagio a toda la población penitenciaria y, de ese modo, pone en serio riesgo la vida de lxs detenidxs que se encuentran incluidxs en los denominados “grupos de riesgo” oportunamente determinados por las autoridades sanitarias.
Por tales razones, y en virtud de las expresas recomendaciones formuladas por diversos organismos internacionales competentes en la materia, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre varios otros, una importante cantidad de países que presentan realidades sociales, económicas, culturales y religiosas muy diversas y que se encuentran gobernados por partidos de distintas ideologías políticas y que, incluso, ostentan sistemas penales y penitenciarios extremadamente rígidos y severos, tales como Alemania, Inglaterra, Irlanda, España, Italia, Chile, Colombia, México, Perú, China, Estados Unidos, Francia, Brasil, Irán, Turquía e Indonesia, entre varios otros, han dispuesto distintas medidas excepcionales y extraordinarias a los fines de afrontar eficazmente dicha potencial crisis sanitaria y humanitaria en las prisiones.
Es por ello que, en atención a la veloz dinámica que la epidemia de COVID-19 ha evidenciado en el ámbito carcelario en otras regiones del planeta, y más allá de que se reconoce el notable valor de las gestiones que en la actualidad se encuentran desarrollando diversas autoridades tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial a los efectos de paliar la crítica situación en cuestión, en especial las derivadas de los acuerdos celebrados en el marco de la mesa de diálogo establecida a los fines de intentar resolver el reclamo colectivo que oportunamente tomó estado público formulado por una parte de la población penitenciaria detenida en el Penal de Devoto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la falta de respuestas concretas frente a la propagación del coronavirus en dicha unidad penitenciaria, en la cual nuestra organización sindical ha aceptado voluntariamente la responsabilidad de participar en su rol de mediadora en virtud de la confianza ganada entre la población carcelaria a lo largo de casi una década de labor desinteresada en beneficio de las personas privadas de la libertad, el SUTPLA exhorta a las autoridades de los tres poderes del Estado, tanto nacional como provincial, en la medida de sus competencias establecidas por la Constitución Nacional y demás normativa reglamentaria, a que adopten las medidas excepcionales, extraordinarias, urgentes, expeditas y efectivas admitidas por nuestro ordenamiento jurídico que la gravedad de la situación requiere a los fines de descomprimir la situación de hacinamiento que se vive hoy en los penales de nuestro país y, de esa manera, permitir respecto de la totalidad de la población penitenciaria remanente la implementación de las medidas de prevención del contagio del denominado Coronavirus recomendadas por las autoridades sanitarias a nivel nacional y global, tales como el distanciamiento social y la provisión en cantidad suficiente de elementos de higiene y prevención, tales como barbijos, tapabocas, jabón, alcohol en gel, lavandina, etcétera.
A tales fines, el SUTPLA solicita se tengan en consideración los parámetros y las modalidades establecidas por las acordadas números 9/2020 dictada por la Cámara Federal de Casación Penal en fecha 13/04/2020 y 5/2020 dictada por la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional en fecha 23/04/2020 y, en tal sentido, se dispongan medidas alternativas al encierro, tales como, por ejemplo, la prisión domiciliaria (con los mecanismos de control y monitoreo que correspondan y previa intervención de las víctimas, si las hubiere, en los términos de los artículos 12º y ccdtes. de la ley 27.372), respecto de: a) personas con mayor riesgo para la salud (como adultxs mayores); b) personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del COVID-19; c) personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH; d) personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo, o cuando la duración de la detención cautelar haya superado ostensiblemente los plazos de 2 o 3 años previstos en la ley 24.390; e) personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta; f) personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión; g) personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional; h) personas que ya gozaban de salidas transitorias con anterioridad a la declaración del aislamiento social e; i) mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijxs.
De más está destacar que las medidas urgentes peticionadas por nuestra asociación sindical de manera alguna tienen por finalidad poner en riesgo la seguridad pública, en tanto no están dirigidas a personas imputadas o condenadas por delitos violentos graves o aberrantes, sino que, por el contrario, redundarían en un beneficio a la sociedad en su conjunto, toda vez que también tendrían por efecto la protección de la vida y la salud del personal penitenciario y civil que presta servicios en los penales del país y de sus respectivas familias, como así también evitaría un eventual colapso del sistema público de salud.
Finalmente, en atención a la burda, canallesca e inmoral operación mediática que ciertos inefables sectores políticos y económicos opositores al actual gobierno, en gran medida responsables de la actual crisis penitenciaria, se encuentran llevando adelante con el objeto de desinformar a la opinión pública, infundir temor en la población y ejercer presión sobre los distintos representantes de los poderes públicos que deben adoptar medidas urgentes a los fines de aportar soluciones concretas y eficacez en el marco de la grave crisis sanitaria que padece el sistema penitenciario descripta precedentemente y, de esa manera, intentar obtener espurios réditos políticos en medio de la gravísima crisis sanitaria, social y económica que padece nuestro país a causa de la epidemia de COVID-19, de la cual nuestra sociedad está intentando salir gracias al descomunal esfuerzo solidario y mancomunado de gran parte de los argentinos, alentamos a las autoridades nacionales y provinciales competentes a cumplir sus obligaciones sin condicionamiento alguno, en base a la coherencia, al sentido común, a la creatividad y a la compasión que deben primar en esta inédita coyuntura y, por supuesto, conforme al derecho nacional e internacional vigente en la materia en función del paradigma constitucional de los Derechos Humanos Fundamentales adoptado por nuestra Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994, a cuyo fin no está de más recordar que, conforme lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice", y que, tal como lo ha señalado en reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el único derecho que una persona pierde al ingresar a una prisión es la libertad ambulatoria y que, por ende, el Estado debe garantizar a los detenidos el pleno e irrestricto ejercicio de los demás derechos que le resultan constitucionalmente garantizados, en especial los derechos a la vida y a la salud.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Mayo de 2.020.
Contacto: sutpla@hotmail.com.ar / (+54) 1168922846
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