Según ordenó el tribunal, los tres magistrados deberán ahora regresar a sus juzgados originales, “sin perjuicio” de la finalización de los procesos orales que se encontraban en trámite, para asegurar así “una adecuada administración de justicia”.

La Cámara Federal de Casación Penal acató los decretos del Poder Ejecutivo que hacen cesar en sus cargos a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y al miembro del Tribunal Oral Federal 7 German Castelli, adonde habían sido trasladados por decreto del expresidente Mauricio Macri, y a la vez dispuso el término de las subrogancias que ejercían los jueces que reemplazaron a estos magistrados en sus juzgados originales.

La decisión fue adoptada a través de la resolución número 272/2020, en su carácter de Tribunal de Superintendencia de los jueces federales, que preside Angela E. Ledesma, como presidenta de la Cámara, y conformada por Ana María Figueroa, Guillermo J. Yacobucci, Eduardo R. Riggi y Mariano H. Borinsky, titulares de las cuatro salas que la integran.

En el primer caso, por unanimidad, el Tribunal decidió aceptar los decretos 750, 751 y 752 del Poder Ejecutivo Nacional, publicados en el Boletín Oficial, por el cual se dejó sin efecto los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que habían sido dispuestos en 2018 por decreto de Macri sin acuerdo del Senado de la Nación, que ayer se expidió en rechazo de los traslados.

En la misma resolución, el Tribunal se pronunció por la finalización de las subrogancias que ejercían los jueces que habían reemplazado a estos magistrados en sus juzgados originales, "sin perjuicio" de que sean los suplentes quienes concluyan "los juicios orales en trámite, asegurando una adecuada administración de justicia", según señaló.

En este caso, la decisión se adoptó por el voto mayoritario de Ledesma, Borinsky y Figueroa, quienes se inclinaron por hacer cesar las subrogancias, mientras que Yacobucci y Riggi, según fuentes judiciales, se pronunciaron por limitarse a "elevar" esta situación a consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De este modo, los jueces cuyos traslados se dejan sin efecto deberán ahora volver a sus cargos anteriores: Bruglia al Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py, Bertuzzi al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y Castelli al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín.

Como parte del trámite, el Consejo de la Magistratura había notificado hoy a la Cámara Federal de Casación, que es la autoridad administrativa de los jueces federales, la decisión del Senado de suspender los traslados dispuestos por un decreto del entonces presidente Macri.

El decreto 750/2020, que deja sin efecto el 278/2018, establece que el traslado de Bruglia del Tribunal Oral Federal 4 de la Capital Federal a la sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal "no había completado el procedimiento" previsto en la Constitución Nacional, "ni se ajustaba a los parámetros estatuidos por la Corte Suprema en las Acordadas 4/18 y 7/18".

De la misma forma, el decreto 751/2020 suspende el 902/18, que dispuso el traslado del juez Germán Castelli del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral Federal 7 de la Capital Federal.

Y el decreto 752/2020 deja sin efecto los 438/10 y 835/18 que dispusieron el traslado del juez Pablo Bertuzzi del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital Federal, y de éste a la sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

Los jueces cuyos traslados fueron dejados sin efecto hicieron distintas presentaciones para revertir esta situación ante la Corte Suprema, que aún no se pronunció.

Buscan determinar el grado de involucramiento de exfuncionarios y empleados de la Casa Rosada en las maniobras desplegadas desde la AFI. Los investigadores del caso que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora también continuaron incorporando elementos tendientes a probar que también se realizó espionaje carcelario.

Por Ariel Zak|La causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri avanza en dirección a determinar el grado de involucramiento de exfuncionarios y empleados de la Casa Rosada en los hechos, mientras el procesado ex jefe de la central de espías, Gustavo Arribas, insiste en que lo dejen irse del país.

Los investigadores del caso que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora continuaron además, en los últimos días, incorporando elementos tendientes a probar que también se realizó espionaje carcelario, mientras buscan determinar qué papel jugó el área de legales de la AFI en el espionaje ilegal, según indicaron a Télam fuentes con acceso a la causa.

La indagatoria de Martinengo

Este viernesamplió su declaración indagatoria la excoordinadora de documentación presidencial, Susana Martinengo, quien -a través de un escrito que le presentó al juez federal Juan Pablo Auge- decidió responder las acusaciones de forma genérica, no confrontar la prueba de cargo en su cargo y no responder preguntas.

En el escrito, no explicó sus comunicaciones con los espías Jorge "Turco" Sáez y Leandro Araque, los pedidos de información porque "le interesa al 1", los documentos de inteligencia que supuestamente le reenvió al secretario privado de Macri, Darío Nieto; ni dijo nada sobre porqué facilitó a los espías el número de celular del entonces diputado Emilio Monzó, una de las víctimas del espionaje ilegal.

"En alguna oportunidad pude haberme visto tentada de aparentar un rol más importante del que realmente tenía, indicando que podía hacer llegar cierta información a mis superiores, pero esa posibilidad jamás existió realmente", fue uno de los párrafos que ensayó en la defensa que, según quienes siguen de cerca el caso, la dejó más cerca del procesamiento.

La declaración de dos espías

La situación también podría complicarse para los espías que declararon esta semana e intentaron atacar el expediente por la vía de cuestionar el inicio de la causa y el tratamiento dado en la primera parte de la investigación –cuando aún intervenía el juez Federico Villena- a los teléfonos secuestrados, como fueron Leandro Arque y Facundo Melo.

Los dos imputados y sus respectivos teléfonos celulares son piezas clave de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, religiosos, sindicales, sociales y periodistas, entre los que se destacan la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el sindicalista Hugo Moyano y Florencia Macri, hermana del expresidente.

Tanto Melo como Araque sostuvieron que la causa se originó en un declaración falsa del narcotraficante Sergio "Verdura" Rodríguez que sostuvo que el primero lo había contactado para que colocara un artefacto explosivo en el acceso al edificio en el que vivía un exfuncionario del Ministerio de Defensa y así darle un "susto"; a la vez que cuestionaron la cadena de custodia del teléfono del segundo.

Esta semana, el juez Auge –a instancias de los fiscales Incardona y Eyherabide- logró constatar que en el teléfono de Melo había registrado un documento PDF titulado "Susto.doc" que contenía un informe clasificado "que podría pertenecer a la Agencia Federal de Inteligencia respecto de un artefacto explosivo depositado en la vivienda particular de un funcionario de dicho organismo de nombre José Luis Vila", según consta en el expediente.

"De ello surgió la llamativa coincidencia entre los dichos del imputado Sergio Cristian Rodríguez relativos a que fue Facundo Melo quien le solicitó llevar un artefacto explosivo desactivado 'a modo de susto' al domicilio del mentado funcionario y el nombre del archivo encontrado en uno de los aparatos de telefonía celular que fueran secuestrados en su poder", sostuvo el juez en una resolución que firmó el viernes vinculada con el espionaje carcelario.

En el teléfono de Melo también fueron detectados los grupos de Whatsapp "Argentina" y "Super Mario Bross" de los que participaban, entre otros, los exespías Jorge Sáez y Araque, en cuyo teléfono se encontró la mayor cantidad de evidencia vinculada con los seguimientos investigados en esta causa como espionaje ilegal.

A pesar de las objeciones que los exespías hayan formulado al origen de la causa y a la declaración de "Verdura" Rodríguez, el juez Auge recordó que el teléfono de Araque había sido secuestrado en el marco de otra causa en la que se allanó la casa de la pareja de éste, Cecilia Padilla, lo que lo convierte en un elemento independiente del resto de las pruebas.

Toda esa información surge de la resolución con la que Auge ordenó recabar información vinculada a la compra de videocámaras que se habrían usado para espiar a detenidos y sus abogados dentro de las cárceles.

El magistrado libró una orden de presentación para buscar documentación en la empresa que figura como de las videocámaras marca Smart Pixel secuestradas en un operativo en la Alcaidía Departamental III de La Plata.

Del celular de Araque surgió que, además de estar al tanto de las maniobras de espionaje ilegal en las cárceles y de ser parte del entramado ilegal, habría intentado sacar provecho económico de esa información al ponerla en conocimiento de la defensa Pablo Moyano en la causa conocida como "Independiente".

En el celular de Araque se encontraron fotos "correspondientes a una cámara de seguridad, cableado y de una celda" del penal de Melchor Romero que habría sido acondicionada especialmente para la eventual detención de Moyano.

El 20 de junio pasado esa cárcel fue allanada en el marco del expediente que todavía estaba en manos de Villena, lo que permitió "acreditar no solo la instalación de cámaras de seguridad y un DVR en ese establecimiento, sino, además, la instalación de otros elementos que luego fueron retirados por quienes los habían instalado, en, al menos, dos salas de abogados y una dependencia administrativa de las autoridades penitenciarias", según recordó el juez Auge.

Cómo sigue la causa

Por otra parte, la semana próxima continuará en la agenda de la causa el intento de Arribas de irse del país bajo el pretexto de que pretende reencontrarse con su esposa y su hija que viven en Brasil –país al que regresaron a principio de agosto- y para desarrollar su trabajo como representante de futbolistas.

El martes 15 se desarrollará la audiencia ante la Cámara Federal de La Plata en la que se tratará la apelación de la defensa de Arribas al fallo que le rechazó la autorización para salir del país por considerar que un acto semejante podía acarrear "riesgos procesales".

Arribas pretendía viajar primero a Brasil y luego a Europa, donde planeaba moverse en vuelos privados y había señalado que se iba a abocar a la transferencia del futbolista brasileño Allan Lureiro del Napoli de Italia al Everton del Reino Unido que, finalmente, anunció que el pase ya se concretó (aunque el ex jefe de la AFI permanece en Argentina).

De cara a esa audiencia, los fiscalesDiego Iglesias y Oscar Gutiérrez Eguía manifestaron no adherir a la apelación presentada por Arribas y sus abogados Alejandro Pérez Chada y Andrés Coronat, para revocar el fallo que le negó la autorización para salir del país.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño realizó una nueva denuncia por el uso de los fondos reservados de los espías.

Por Ari Lijalad|Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani usaron fondos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para adquirir un software de espionaje ilegal junto a otros programas para trabajo administrativo, todos con sobreprecios y por contratación directa. En el sistema de espionaje gastaron más de un millón de dólares, en la compra de Licencias de Bases de Datos Oracle pagaron 30 millones de pesos y en un software de gestión de expedientes jurídicos más de 3 millones de pesos.

El software de espionaje ilegal que compraron Macri y sus jefes de inteligencia cloacal se llama “OpenMind”, que traducido es “Mente Abierta”. Según informaron desde la actual intervención de la AFI, fue una “contratación directa de una licencia de software denominado ‘OpenMind’, herramienta informática que se utiliza para la recolección y análisis de fuentes abiertas de Internet, todo ello en miras de ser empleada para la Conferencia de la Organización Mundial de Comercio que tendría lugar cuatro meses después en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Todo esto está prohibido por la Ley de Inteligencia, por lo que además de la compra sin controles era una herramienta que no debían utilizar.

Los datos surgen de una nueva denuncia que realizó Cristina Caamaño, la actual interventora de la AFI, en la que pidió la indagatoria de Macri, Arribas y Majdalani junto a otros directores de la casa de espías por los delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de funcionario público. La causa recayó en el juzgado de María Romilda Servini, que deberá investigarlo junto al fiscal del lawfare Eduardo Taiano.

Apenas asumió la presidencia Macri le devolvió los fondos reservados a la AFI. Ahora se empieza a conocer para qué los usaron. Esta nueva denuncia involucra U$S 1.430.000 y $ 33.309.880. “Sumado a las anteriores dos denuncias presentadas durante el mes de agosto, se solicitó a la justicia la investigación de compras y contrataciones por un total de U$S 2.203.641 y $ 47.198.824, ejecutadas por la anterior gestión de la AFI”, informaron desde el organismo.

En la denuncia consta que el 13 de octubre de 2017 se emitió una orden de compra de ese software por 1 millón de dólares (de acuerdo al tipo de campo en ese entonces, unos 17.500.000 pesos), al mes siguiente una renovación anual por 127.000 dólares y luego un pago trimestral de 30.000 dólares. También que ese mismo mes Arribas y Majdalani compraron servidores, equipamiento y otros softwares necesarios para implementar el sistema “OpenMind” por 306.859 dólares. Todos estos gastos, sumados, alcanzan los 20 millones de pesos.

“UN MILLÓN DE DÓLARES de fondos públicos para la obtención de una simple herramienta informática, justificado ilegítima e irracionalmente en la celebración de un evento internacional”, afirma la denuncia. Y la intervención de la AFI agregó: “todo ello sin jamás solicitar un precio testigo a la Sindicatura General de la Nación -atento a lo excesivo del monto y la exclusividad del servicio por el proveedor- al tiempo que tampoco se justificó la utilización del pago en moneda extranjera –dólares-, ajena al curso legal”.

El caso del espionaje en la conferencia de la OMC fue publicado por El Destape, como una de maniobras de espionaje ilegal masivo desatadas por la AFI macrista. Lo más insólito del caso es que, según informaron desde la intervención de la AFI, “parte de los bienes comprados fueron recibidos recién en febrero de 2018, es decir, dos meses después de finalizado el mencionado evento internacional, lo que evidencia la manifiesta ineficacia, debido a los incumplimientos de la debida planificación”.

Macri, Arribas y Majdalani también gastaron 30.129.395 pesos en la compra directa de Licencias de Bases de Datos (Oracle) a la firma Preteco S.A. “Se pagaron más de 30 millones pesos por un sistema operativo del que únicamente se utiliza una parte de él y, como mayor agravante, existen otros software libres que no sólo sustituyen a Oracle, sino que son mucho más eficientes”, indicó la interventora Caamaño.

Por último, Arribas y Majdalani también hicieron una contratación directa de un software de gestión de expedientes jurídicos a la empresa One Finger. “Un dedo” y “Mente Abierta”. En este caso tampoco hubo controles y, según informaron de la AFI, se pagaron “$3.180.485, cifra que se ubica un 36% por encima de la propuesta de otro oferente que resultó desestimado por presentar un ‘precio elevado’”.

“Cabe agregar que la actual intervención de la AFI encontró el referido software parcialmente instalado y con su desarrollo incompleto, por lo cual de querer utilizar el mismo esto no sería posible”, agregaron desde la AFI y la interventora Caamaño afirmó que “lamentablemente, o intencionadamente- se fueron en pago más de tres millones de pesos en un software inutilizable”.

La iniciativa, dada a conocer por el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán, precisa que para fin de este año el PBI cerraría con una caída de 13,6%, una inflación en torno al 32% y un dólar oficial alrededor de $ 81,4 promedio.

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto para 2021, que prevé un crecimiento del 5,5% del Producto Bruto Interno, una inflación del 29 % y un dólar en torno a los $ 102,4, para fin del año.

La iniciativa, dada a conocer por el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán, precisa que para fin de este año el PBI cerraría con una caída de 13,6%, una inflación en torno al 32% y un dólar oficial alrededor de $ 81,4 promedio.

Este proyecto de presupuesto "define un camino de reconstrucción para levantarnos y volver a andar", dijo Guzmán a la prensa, al referirse al envío del proyecto.

Uno de los principios fundamentales que animan al Gobierno es "impulsar la recuperación económica con un esquema de política fiscal expansiva y un Estado que cumple un rol fundamental para proteger a los sectores más vulnerables, incentivar el mercado interno y potenciar un crecimiento de la producción y de las exportaciones. Ejes esenciales para que nuestro país pueda sostener el crecimiento", dijo el funcionario.

Junto con esto, el proyecto apunta a la "sostenibilidad fiscal" la cual "requerirá de esfuerzo consistente para lograr un equilibrio" en las cuentas públicas, que cerrarán con un déficit primario equivalente a 4,5 puntos del PBI "compatible con un crecimiento inclusivo", añadió.

   "Este Presupuesto define un camino de reconstrucción para levantarnos y volver a andar"

   Martín Guzmán

Las perspectivas para el año que viene apuntan a que las exportaciones crecerán 10,2% y las importaciones 16,3%, lo que dejará un saldo de balanza comercial superavitario en torno a los US$ 15.087 millones, por debajo de los US$ 17.260 estimados para este año.

El año próximo, el consumo privado aumentará un 5,5%, contra una baja del 13,6% estimada para este año, mientras que el Consumo Público subirá 2%, frente a la merma del 2,1% del 2020.

En tanto que la inversión, que este año se estima caerá 25,6%, aumentará 18,1% en el próximo, detalla el proyecto de Ley ingresado a la Cámara Baja.

Guzmán destacó que "los objetivos estructurales del Gobierno Nacional son construir un modelo de desarrollo sustentable en términos económicos, sociales y políticos que reúna en simultáneo cinco condiciones estructurales: inclusión, dinamismo, estabilidad, federalismo y soberanía".

El déficit fiscal en torno a 4,5 puntos del PBI "es un nivel que apunta a garantizar una recuperación sostenible de la actividad y el empleo y un fortalecimiento de la inversión pública en áreas estratégicas".

"Es un nivel adecuado y asequible en términos de financiamiento, compatible con la estabilidad y consistencia macroeconómica", además "la dinámica de los ingresos y el gasto públicos tenderá a normalizarse respecto a la excepcionalidad de 2020 en el marco de la pandemia Covid-19", destacó el titular de Economía.

Guzmán destacó que el Estado "tendrá un rol activo en el proceso de reconstrucción" y que este proyecto de Presupuesto "es para la recuperación económica".

El proyecto de Ley contiene prioridades estratégicas como la reactivación productiva, la generación de empleo, el apuntalamiento de las capacidades de innovación de las y los argentinos, el fortalecimiento de la educación y la salud.

"Además, por primera vez en la historia argentina, el Presupuesto incorpora la perspectiva género y diversidad", destacó el Ministro.

La infraestructura volverá a ser un motor de la economía, la generación de empleo y la competitividad de las empresas argentinas con un criterio inclusivo y federal.

"Para eso duplicaremos la inversión real en infraestructura productiva y social respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en $835.000 millones o 2,2% del PBI", destacó.

Un segundo pilar será una "recuperación sustentable requiere no sólo de políticas de demanda sino también de políticas productivas que generen mayor capacidad de oferta agregada futura".

"Será crucial apoyar financieramente a nuestras empresas en esta etapa de recuperación y de un necesario cambio estructural, especialmente de todo el entramado PyMe. En la misma línea, recuperaremos el valor de nuestro sistema científico tecnológico", sentenció el ministro.

"No estamos sembrando discordias sino igualdad. Ningún diálogo se rompe, pero a alguno le duele renunciar a los privilegios", dijo el Presidente. La medida fue rechazada por Rodríguez Larreta, quien instruyó a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover una acción judicial contra el Estado Nacional.

El gobierno nacional defendió como "constitucional, justa y legítima" la decisión de traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos adicionales que la Ciudad había recibido en 2016 merced a un decreto de la gestión macrista, mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, avanza en la presentación judicial para que se declare la nulidad de la medida.

"No estamos sembrando discordias sino igualdad. Ningún diálogo se rompe, pero a alguno le duele renunciar a los privilegios", dijo el Presidente este viernes al participar de un acto desde la residencia de Olivos, en el que anunció obras públicas para cinco provincias, entre ellas Buenos Aires.

En ese marco, Fernández defendió la decisión "darle los recursos que el distrito más poblado, extenso y productivo de la Argentina necesita", en relación a la creación del Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal de la provincia de Buenos Aires.

El mandatario se refirió de esta manera a la decisión de traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos adicionales que la ciudad de Buenos Aires comenzó a recibir a partir de enero de 2016 merced a un decreto de la gestión macrista.

La medida del gobierno nacional -anunciada ante el conflicto de efectivos de la policía bonaerense que reclamaban mejoras salariales y laborales- fue rechazada anoche por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien instruyó este viernes a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover una acción judicial contra el Estado Nacional, para que "se declare la nulidad e inconstitucionalidad" de la medida.

De Pedro: "Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, aseguró que "no se le sacaron fondos" al Gobierno de la Ciudad, sino que se "recuperaron" montos que el ex presidente Mauricio Macri "transfirió de manera ilegítima" y que ahora deben ser "usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada".

En un mensaje grabado que difundió desde Casa Rosada, el ministro señaló que "desde el primer día, demostramos voluntad de diálogo y consenso" y "trabajamos con todas y todos para levantar al país, y sacarlo de la difícil situación que nos dejaron.

"Estamos convencidos de que este esfuerzo debe darse en un marco de unidad y de diálogo. Pero no puede ser un diálogo de sordos, ni de pícaros. El país necesita que seamos serios y honestos", sostuvo, ante los cuestionamientos de los dirigentes de Juntos por el Cambio y a la decisión del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de llevar el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia.

La medida es "constitucional, justa y legítima"

Más temprano, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero -en declaraciones a varias radios- había señalado que la medida es "constitucional, justa y legítima" y recordó que "está en línea con declaraciones que en su momento hizo Rodríguez Larreta, en 2016, cuando los fondos le llegan al distrito diciendo que no eran fondos coparticipables".

"No es la masa coparticipable lo que se está distribuyendo, son fondos directos que se dieron del Tesoro Nacional a la Ciudad", aclaró Cafiero y precisó que "no van a faltar los recursos necesarios para el funcionamiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires".

También recordó el "testimonio que circuló del anterior ministro del Interior (Rogelio Frigerio) hablando de que había sido desmedido cómo se habían dado esos recursos y que se iba a corregir con un decreto, por el enojo de muchos gobernadores".

Al igual que el Presidente luego en el acto, Cafiero sostuvo que "no hay ningún diálogo roto" con el Gobierno porteño y destacó que continuará el "trabajo permanente y coordinado" con esa administración y el Gobierno bonaerense, en el marco de la pandemia de coronavirus.

La Ciudad avanzará en una acción judicial

Tras el anuncio de anoche de Rodríguez Larreta de acudir a la Corte Suprema de Justicia, se publicó este viernes en el Boletín Oficial del distrito porteño la instrucción a la Procuración General para avanzar en una acción judicial contra el Estado Nacional, para que "se declare la nulidad e inconstitucionalidad" de la medida.

El decreto solicita la acción judicial contra "el decreto Nacional 735/2020" a los fines de que "se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que dejen de ingresar en el futuro por aplicación del decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados".

Del mismo modo, solicita una "medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada".

Por su parte, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, consideró que "se lesionó el diálogo" con el Ejecutivo nacional; pero sin embargo, aseveró que, en el contexto de la pandemia por coronavirus, "hay que seguir coordinando" entre la ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación para la administración de las medidas sanitarias tendientes a mitigar la circulación del virus.

"Hay un convenio entre partes que hay que respetar y no unilateralmente darlo de baja, y sobre todo, en el marco de la pandemia, en donde los estados provinciales tenemos que afrontar una pérdidas de recursos importantes", se quejó Santilli, y agregó: "Uno no le quita a una provincia para darle a otra, no se transfiere un problema de un lado a otro".

Más voces

Desde el gobierno nacional, en tanto, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, aseguró que se venía "dialogando con el equipo" del jefe de Gobierno por la coparticipación "desde el inicio de la gestión", y explicó que "no se está modificando la coparticipación con este decreto".

Tras destacar el respaldo de 19 gobernadores a la medida dispuesta por el Presidente, Batakis recordó que "en 2016 Macri eleva la coparticipación del Gobierno de la Ciudad del 1,4 al 3,75% por un decreto simple, y desde ese momento los gobernadores reclamaban que esto no le hacía justicia a tener un equilibrio territorial más armónico".

Uno de los gobernadores que volvió a manifestar su apoyo ante la medida fue Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, quien -en diálogo con el canal América- recordó que en 2016 los mandatarios provinciales estaban "indignados" con el decreto de Mauricio Macri, ya que fue "un aumento totalmente arbitrario y una especie de dádiva" a la Ciudad.

Al decreto que anunció Fernández, "lo reclamábamos desde el día cero, y en enero salió en todos los diarios que ya era una decisión tomada, porque era un agraviante al federalismo, una medida bochornosa".

Por otro lado, desde la oposición, los senadores de Juntos por el Cambio también cuestionaron la decisión de Fernández y reclamaron la constitución de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado, que aún debe elegir autoridades.

El presidente del interbloque opositor, Luis Naidenoff, opinó que "el remedio es peor que la enfermedad y una mala señal para las provincias"; mientras que su par Pablo Blanco pidió que se invite al Senado al ministro del Interior Eduardo De Pedro para que explique "cómo justifica en consecuencia la modificación realizada de un plumazo por el gobierno".

El programa fue lanzado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra. "Hay muchos argentinos que pueden ayudar con la agricultura familiar, hay muchas familias que pueden vivir de la tierra", indicó el mandatario.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, presentaron hoy un plan de inversiones para el fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina e indígena por un monto total de $12.781 millones.

El Presidente, durante una reunión virtual del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar en el marco de la celebración del Día del Agricultor y Agricultora, también anunció la firma del proyecto de decreto de reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, que fue sancionada en 2015 por el Congreso.

En ese marco, Fernández dijo que "hay muchos argentinos que pueden ayudar con la agricultura familiar, hay muchas familias que pueden vivir de la tierra y pueden ayudar a otros a acceder a lo que producen”.

“Hay que llevar conocimiento, infraestructura, trabajo a todo el interior del país, porque lo que ha ocurrido en las últimas décadas, muchas décadas, en la Argentina es que ha habido una concentración creciente en las zonas metropolitanas”, agregó el jefe del Estado.

En este sentido, afirmó que “el desarrollo de la agricultura familiar tiene mucho que ver con el desarrollo que le queremos dar a todo el interior del país". "Realmente quisiera que al cabo de mi mandato podamos ser un país más federal del que hoy somos, porque decimos ser un país federal pero no actuamos como un país federal, actuamos como un país muy concentrado en el puerto de Buenos Aires”, subrayó.

Asimismo, Fernández afirmó que “cada argentino merece tener la posibilidad de crecer donde nació, de estudiar en el lugar donde nació, de hacer una familia donde nació, de tener trabajo donde nació, de disfrutar, de pasarla lindo en el lugar donde nació. Ese debería ser un objetivo que todos tenemos que meternos en la cabeza”, sostuvo.

En el marco de la implementación de la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que fue promulgada el 20 de enero de 2015, el presupuesto para el área de agricultura familiar de la cartera agropecuaria pasó de $1.305 millones en 2019 a $1.918,9 millones en 2020 y se estima que tenga un incremento de 119% en 2021, alcanzando los $2.863,6 millones.

También habrá aumentos en fondos destinados al programa Pro Huerta que pasaron de $120 millones en 2019 a $270 millones en 2020 y que treparán a $400 millones en 2021.

La cartera de Agricultura -en un comunicado de prensa- subrayó que a los más de $2.863 millones que será aportados por el Estado nacional en el presupuesto, se le sumarán el año que viene otros $10.097 millones provenientes de organismos multilaterales.

Este aumento en el presupuesto será destinado, además de los programas integrados en la Ley 27.118, a financiar planes que ya se encuentran en marcha como Programa de inserción económica de los productores familiares del norte argentino (Procanor), a el Programa de desarrollo de las cadenas caprinas (Prodecca) y al Programa de inclusión socio-económica en las áreas rurales (Pisear), que alcanza en todo el país a unas 9700 familias de pequeños productores, entre otras iniciativas.

Respecto a la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, que fue sancionada en 2014 y promulgada de hecho en enero de 2015, Basterra consideró que la misma, es "una ley de avanzada, de vanguardia, que contempla de manera amplia los derechos y dictamina los lineamientos políticos para que pueda llevarse adelante el concepto de equidad social y de equidad territorial en la producción agropecuaria”.

En este sentido, sostuvo que desde la cartera que conduce se trabaja "para que el descenso histórico que ha tenido la población rural se pare”.

En el marco de la implementación de la Ley 27.118, la cartera agropecuaria indicó que se lleva adelante una política de Registro y Formalización de la Agricultura Familiar por medio del fortalecimiento del Programa Nacional de Registración para los Núcleos de Agricultura Familiar y Organizaciones de la Agricultura Familiar y del desarrollo de una incubadora de cooperativas productivas de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena.

Asimismo, remarcó el otorgamiento de créditos productivos a tasa subvencionada tanto para los núcleos de la agricultura familiar como para las organizaciones y de la implementación de un programa integral de protección social, acceso a la salud, jubilación y ART.

“Yo soy responsable de haber anulado el dispositivo del hombre muerto, pero eso no me impidió frenar el tren, yo activé los frenos manuales”, declaró Córdoba, según consta en el informe al que tuvo acceso Télam.

El maquinista condenado por la tragedia de Once, Marcos Córdoba, admitió "haber anulado el dispositivo (de freno) del hombre muerto" -uno de los cuatro sistemas de frenado del Ferrocarril Sarmiento-, pero aseguró que esa no fue la única causa del choque, ni le impidió aplicar los frenos manuales.

Las palabras de Córdoba quedaron asentadas en un informe de los primeros días de este mes elaborado por la psicóloga María Dolores Carbia y la trabajadora social Silvina Blanco, en el marco de la sustanciación de un pedido de su defensa para que se le conceda la libertad condicional dado que está por cumplir las dos terceras partes de su condena.

“Yo soy responsable de haber anulado el dispositivo del hombre muerto, pero eso no me impidió frenar el tren, yo activé los frenos manuales”, declaró Córdoba, según consta en el informe al que tuvo acceso Télam.

Fuentes judiciales sostuvieron que la defensa del maquinista, a cargo de la abogada Valeria Corbacho, solicitó que se declare la nulidad del informe realizado por Carbia y Blanco por considerar que se excedieron en su contenido, pese a que la conclusión de ese estudio fue a favor del detenido, a quien le pronosticaron una "favorable de integración al medio libre".

Entre las declaraciones que quedaron asentadas en el informe, producto de una charla que las especialistas tuvieron con Córdoba a través de la plataforma virtual Zoom, el maquinista se refirió a su detención: "No sé si es justo o no, yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así podía ocurrir".

"Me cargaron culpas de otras personas…también son responsables los empresarios que no habían hecho las inversiones", continuó el maquinista condenado a tres años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, por la tragedia ocurrida el 22 de febrero de 2012 en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.

Más allá de la declaración del imputado, la anulación del "freno del hombre muerto" ya había sido contemplada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 cuando dictó la sentencia condenatoria para Córdoba y otros acusados como el empresario Claudio Cirigliano y el exfuncionario Ricardo Jaime.

"Marcos Córdoba violó las reglas de buena conducción ferroviaria (…) al superar los límites de velocidad máxima establecidos para el recorrido e ingreso a la estación terminal, al disponer la anulación del freno de emergencia conocido como ´de hombre muerto, y al aplicar en forma tardía -y sin los recaudos que ameritaba- un sistema de detención que se presentaba con el fenómeno de ´freno largo´”, señalaron entonces los jueces del TOF 2.

En aquel fallo se indicó además que la dimensión de la tragedia no había sido solo por la falta de pericia del conductor sino también por la falta de mantenimiento de los trenes y del sistema ferroviario en general por lo que fueron condenados empresarios y exfuncionarios.

Córdoba está detenido en el penal de Marcos Paz desde el 5 de octubre de 2018 y cumple con una condena a tres años y tres meses de prisión efectiva, que originalmente era de tres años y medio pero fue reducida por la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, los mandatarios provinciales destacaron la necesidad de "reabrir el diálogo" sobre la distribución de recursos para "evitar cualquier tipo de favoritismo".

Gobernadores de 19 provincias respaldaron hoy en un comunicado que difundieron de manera conjunta la decisión del presidente Alberto Fernández sobre la distribución de recursos para "evitar cualquier tipo de favoritismo" y, más tarde, ampliaron individualmente esos conceptos en declaraciones públicas.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró la decisión del Gobierno nacional de destinar a la provincia de Buenos Aires un punto de la coparticipación adicional que en 2016 se había dispuesto en favor de la Ciudad y destacó que a través de ese paso "empezó ese camino de recuperación de la provincia".

Al encabezar la presentación del Plan Integral de Seguridad, en La Plata, Kicillof remarcó que la insuficiencia de recursos en la provincia "impide muchas veces hacer lo necesario para mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses" y atribuyó ese problema al hecho de que mientras Buenos Aires aporta el 40% de los recursos coparticipables, "recibe sólo el 22%".

Por su parte, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, aseguró que "el anuncio realizado por el Presidente de la Nación respecto a redistribuir fondos coparticipables va en camino de reafirmar el sentido federal de los recursos, definición que no solo avalamos sino que celebramos".

Arcioni recordó que "la provincia del Chubut, durante la gestión del gobernador Atilio Viglione (UCR) había cedido a Nación como un gesto de solidaridad política recursos que estaba percibiendo Chubut, que a lo largo de los años durante más de tres décadas, representan una suma multimillonaria que algún día nos deberían reconocer".

La alusión de Arcioni hace referencia a que Chubut en la década del 80 cedió derechos que nunca recuperó, bajando el porcentaje de coparticipación del 1,9588% al 1,5842%.

"Nosotros somos los primeros interesados en que se discuta la distribución de los fondos coparticipables para ponernos en un pie de igualdad, porque desde entonces provincias con menos población que la nuestra reciben la misma cantidad de fondos coparticipables y otras, con igual cantidad, perciben mucho más", expuso en diálogo con Télam el mandatario chubutense.

Desde Tucumán, en tanto, consultado sobre el llamado "presupuesto federal", el gobernador Juan Manzur expresó que "es un anuncio muy importante del Presidente, Alberto Fernández, que implica una distribución más equitativa entre las provincias. La Argentina tiene que cerrar brechas con respecto a la distribución de ingresos. El norte argentino históricamente siempre estuvo postergado con respecto a otras regiones. Este diseño del presupuesto federal nos llena de entusiasmo y alegría. Nos genera esperanza de un futuro mejor".

También el mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, destacó anoche a través de su cuenta de Twitter "la derogación del vergonzoso decreto por el cual se otorgó en el año 2016 a la ciudad de Buenos Aires un aumento de la coparticipación en casi un 300%".

"Reclamamos muchas veces la derogación de esa afrenta al federalismo argentino; fueron más de 4 años de una transferencia vergonzosa de recursos bajo una idea de centralismo, en desmedro del resto del país", añadió.

Por su parte, la Gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, expresó a traves de su cuent de Twitter que "reducir desigualdades para una Argentina federal" y explicó que "junto a otros 18 gobernadores, apoyamos la medida anunciada por el Presidente para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado. Diálogo sobre la distribución de recursos, para evitar favoritismo".

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, manifestó a través de sus redes sociales el apoyo frente a las medidas anunciadas ayer por el Presidente referido a los fondos coparticipables entre ciudad y provincia de Buenos Aires: "Sólo respetando el espíritu de nuestra constitución, reduciendo desigualdades y corrigiendo desequilibrios, construiremos una verdadera Argentina Federal", destacó Rodríguez Saá en su twitter, acompañado sus dichos con la imagen del comunicado firmado por varios gobernadores y gobernadoras del país.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, respaldó la decisión del Presidente sobre la distribución de la coparticipación federal, "para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado".

Luego de la publicación de la solicitada firmada por 19 gobernadores, titulada "Reducir desigualdades para una Argentina federal", Perotti sostuvo que "a partir del diálogo podremos trabajar por una Argentina federal".

A través de su cuenta de Twitter, el santafesino señaló que "las y los gobernadores respaldamos la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández".

Además, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, explicó que la carta de apoyo "se gestó entre todos" y señaló que "hay que analizar que en el año 2016 casi la totalidad de los gobernadores nos opusimos a que se haya dado esa transferencia de fondos por tener la policía a la ciudad de Buenos Aires", en declaraciones radiales.

Para el mandatario sanjuanino, aquel decreto "desequilibraba el federalismo" y recordó: "A mí no me pagan por separado las funciones de la policía de San Juan. Es parte de las obligaciones que con la coparticipación nos hacemos cargo".

Finalmente, en declaraciones a Telam, el vicegobernador de Corrientes, Gustavo Canteros, dijo entender que "la medida tomada por el presidente Fernández está dirigida a dar una solución a la provincia de Buenos Aires, que enfrenta un reclamo de la Policía Bonaerense".

Y que "no obstante, como oportunamente lo expresó el Gobernador Gustavo Valdés, la reasignación de la coparticipación es un tema federal y debe ser consensuado por todas las provincias, que deben acordar una justa asignación de los recursos, por lo que pienso que esa será la manera de paliar las asimetrías que hoy existen dentro del país, y que dificultan el desarrollo equitativo de las provincias argentinas".

El director del Banco Nación, Claudio Lozano, sostuvo hoy que la empresa Vicentin "profundiza su estrategia de vaciamiento y saqueo" al lograr "apropiarse de más de US$ 800 millones" en lugar de cancelar las deudas de sus acreedores, y a la vez incurre en maniobras que incluyen exportaciones millonarias a través de terceras empresas.

"Estos 800 millones de dólares representan casi el 60 % de las deudas totales que reconoce el Grupo Vicentin", afirmó Lozano al señalar que el accionar de la cerealera nacional se hizo "ante los mismos ojos de una justicia comercial y penal que parece no querer ver".

En este caso, por diferentes vías, "Vicentin logró apropiarse de más de US$ 800 millones que, en lugar de ir a cancelar las deudas de sus acreedores en el Concurso que tramita en Reconquista, han ido a parar a sus bolsillos y seguramente a sus cuentas en el exterior", advirtió Lozano a través de un comunicado.

Sobre la maniobra, el director del Banco Nación explicó que "48 horas antes de declararse en cesación de pagos, Vicentin se desprendió del 16 % de las acciones que el Grupo tenía en la empresa Renova. Por esta venta realizada aparentemente por Vicentin Uruguay cuando supuestamente las acciones eran de Vicentin Paraguay, habría obtenido US$ 122 millones".

Por otro lado, recientemente vendió el Frigorífico Friar por US$ 200 millones "valiéndose de una maniobra de desdoblamiento del Grupo y de traslado de la "cabeza del holding" desde Argentina a Uruguay".

Por último, las investigaciones desarrolladas desde el Banco Nación indican que "Vicentin sigue exportando a través de terceras empresas", precisó Lozano.

Dos firmas, Díaz & Forti S.A y Oleaginosa Moreno evidencian un crecimiento exponencial de su presencia exportadora en los rubros de exportación históricos de Vicentín.

En el primer caso (Díaz & Forti) empresa rosarina perteneciente al Grupo Olio que hoy alquila las instalaciones de Vicentin, pasó de exportar cuatro millones de dólares en 2019 a 212 millones de dólares en el 2020.

A la vez, Oleaginosa Moreno Hnos., empresa socia en términos comerciales, financieros y en inversiones conjuntas con Vicentin, pasó de exportar el 14% el año pasado a representar el 24 % del total de exportaciones de harina de soja.

Se ubicó así en el primer lugar de los exportadores, posición de mercado que hasta el 2019 ostentaba Vicentin, en un salto que supone unos US$ 300 millones.

"Mientras el Juez Comercial Fabián Lorenzini hace de cuenta que nada ocurre y continúa apañando las irregularidades de Vicentin, el Juez Penal Ercolini dice que no es necesario inhibir los bienes de los dueños de Vicentín ni controlar los movimientos empresarios del Grupo, ya que están vigilados por el Juez del Concurso", expresó el economista.

Se inicia el debate de impuesto a las grandes fortunas, Presupuesto y fondo de garantías de la Anses.

Esta semana el Congreso iniciará el debate de una serie de iniciativas del oficialismo, al tiempo que arribará un nuevo proyecto de Ley de Presupuesto para el año próximo. Mientras se aguarde por el ingreso de la Ley de Leyes, que prevé una inflación del 28%, crecimiento económico del 5,5%, tipo de cambio de 101 pesos para fines de 2021 y un déficit del 4,5% del Producto, comenzará el tratamiento en Comisión del proyecto del impuesto a la grandes fortunas y el de defensa de los activos del Fondo Garantías de la caja previsional de de la Anses.

Este martes vence el plazo legal para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto 2021. La expectativa está puesta en cómo se financiará el déficit fiscal, el cual fue confirmado por el Gobierno será de 4,5%. La estrategia, según definiciones de los últimos días por parte del equipo económico, será financiar el déficit con emisión de deuda en el mercado local para no recostarse tanto en la emisión monetaria. El macrismo hizo una apuesta similar pero con deuda en dólares, lo que, sumado a un proceso de financiarización de la economía que estimulaba la fuga de esas divisas, generó una crisis sin precedentes por su profundidad y velocidad.

El acuerdo con los acreedores externos, que permitió la reestructuración de más de 100.000 millones de dólares, le otorga algo de oxígeno a las cuentas públicas para poder enfocar el Presupuesto en medidas para reactivar la economía. Según anticiparon desde el Gobierno, el impacto del impuesto las mayores fortunas del país no estará incluido como recurso dentro del proyecto de Presupuesto. La iniciativa se tratará de manera simultánea pero independiente en el Congreso.

El proyecto que propone la creación de un aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, impulsado por el jefe del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, iniciará su debate en comisión este martes a las 15. Se trata de una contribución por única vez para quienes posean una riqueza declarada -al 31 de diciembre de 2019- superior a los 200 millones de pesos. Se estima que alcanzará alrededor de 12 mil personas. Y correrá también para los argentinos que residan en el exterior y se encuentren en “países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.

La alícuota será del 2% y se irá incrementando a medida que el patrimonio declarado sea mayor. Para los bienes que las personas alcanzadas tienen en el exterior, las alícuotas serán un 50% mayores. En el oficialismo estiman recaudar una suma de 300 millones de pesos, que serán destinados en un 20% para la compra de insumos y equipamiento de salud para atender la pandemia, un 20% para apoyo a las PyMEs mediante subsidios y créditos y un 15% para urbanizar los barrios populares con obras que empleen a los vecinos. Otro 25% restante se utilizará para hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural; y un 20% para financiar un relanzamiento del plan Progresar, dirigido a jóvenes estudiantes.

En el temario del martes se incluirá el proyecto presentado por el Ejecutivo para "Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino". La iniciativa modifica el artículo 28 de la Ley 27.260 y sus modificatorias, que disponía que las rentas del FGS debían ser utilizadas para el pago de la Reparación Histórica, sancionada durante el gobierno anterior. El objetivo es transferir la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía, para que desde el Tesoro Nacional se abone la deuda con quienes tienen que cobrar mes a mes la reparación histórica de los jubilados y jubiladas y quitarle esa responsabilidad al FGS.

La medida tomada por efectivos de la Policía Bonaerense cosechó el fuerte repudio de buena parte del arco político y de las principales centrales sindicales, que llamaron a respetar la "institucionalidad" y encauzar el conflicto por la vía "democrática".

La protesta de efectivos de la Policía Bonaerense frente a la Residencia Presidencial de Olivos cosechó hoy el fuerte repudio de buena parte del arco político y de las principales centrales sindicales, que llamaron a respetar la "institucionalidad" y encauzar el conflicto por la vía "democrática".

El Partido Justicialista, la CGT, las dos CTA y legisladores e intendentes del oficialismo cuestionaron la modalidad del reclamo policial bonaerense, llamaron a respetar la "institucionalidad" y repudiaron "la manipulación política" y las "actitudes desestablizantes" que le atribuyen a sectores de Juntos por el Cambio durante la evolución de las protestas.

En tanto, distintas organizaciones sociales desactivaron por "expreso pedido de las máximas autoridades" la marcha hacia la residencia presidencial de Olivos que había sido convocada para hoy a las 20 con el objetivo de "repudiar las acciones desestabilizadoras" y la metodología de protesta de efectivos de la policía bonaerense.

"Por expreso pedido de las máximas autoridades, suspendemos la convocatoria de hoy a las 20. Esperamos que las armas y vehículos del gobierno constitucional argentino no se usen para desafiar la democracia", escribió en su cuenta de Twitter el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois.

La convocatoria había sido realizada por el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Territorial La Dignidad, el Frente Patria Grande, el Movimiento Somos Barrios de Pie, liderado por Daniel Menéndez, y la Corriente Nacional Martín Fierro.

A través de un comunicado de prensa, PJ nacional expresó su "más firme apoyo a las autoridades institucionales de la provincia", cuando se cumplen hoy tres días consecutivos de protesta de efectivos de la Policía Bonaerense, que incluso se replicó en las puertas de la Residencia Presidencial de Olivos y frente a la Gobernación provincial.

El Partido Justicialista, principal fuerza integrante del gobernante Frente de Todos, apuntó contra la "manipulación política de la protesta" protagonizada por "quienes fueron gobierno durante cuatro años y generaron la pérdida de poder adquisitivo y empeoramiento de las condiciones laborales de todos los trabajadores argentinos, tanto del sector público como privado".

El PJ nacional, que conduce el diputado José Luis Gioja, subrayó que "las consignas de diálogo, institucionalidad y república están vacías de contenido cuando son acompañadas por actitudes desestabilizantes para el sistema institucional y democrático".

La protesta frente a la Quinta presidencial fue repudiada por algunos dirigentes de la UCR, en contraste con el silencio, al menos hasta esta tarde, de los líderes del PRO y la Coalición Cívica, como el expresidente Mauricio Macri, la exgobernadora María Eugenia Vidal y la exdiputada Elisa Carrió.

En cambio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calificó de "inadmisible" a la presencia de efectivos de la Policía Bonaerense en la Quinta Presidencial de Olivos y dijo que "no es la forma ni el lugar" para llevar adelante un reclamo salarial.

"El reclamo salarial debe ser canalizado en el ámbito que corresponda. El diálogo es el camino", aseguró Rodríguez Larreta a través de una publicación en sus redes sociales.

Diputados de la UCR, como Facundo Suarez Lastra y Emilio Yacobitti, entre otros, salieron a desmarcarse de la postura de sus aliados del PRO, en Juntos por el Cambio (JxC), al considerar "inaceptable" la protesta policial bonerense frente a Quinta Presidencial y señalar que la única manera de solucionar el conflicto es mediante un "dialogo responsable".

De igual modo, se expresaron los senadores radicales Luis Naidenoff, titular del interbloque en la Cámara alta, y Martín Lousteau.

"Hay que enviar una señal muy fuerte. El derecho de protesta debe encauzarse en los canales institucionales de la Argentina", dijo Naidenoff.

Por su parte, el porteño Martín Lousteau reclamó "bajar el nivel de la confrontación y el agravio fácil" y agregó que "la protesta policial debe hacerse en el marco del respeto y la subordinación a las autoridades democráticas".

En un pronunciamiento conjunto los bloques de diputados y senadores nacionales del oficialista Frente de Todos expresaron su "repudio y preocupación ante la manifestación de algunos efectivos armados de la policía bonaerense",

Para los legisladores oficialistas, "rodear la Quinta Presidencial y la Casa de Gobierno de la Provincia con efectivos armados, que de ninguna manera representan al conjunto de la policía bonaerense, es una actitud de amedrentamiento que no puede aceptarse en democracia y debe ser repudiada por todo el arco político".

"Las armas y los patrulleros que le otorgan la Constitución a las fuerzas de seguridad son para cuidar a los ciudadanos y ciudadanas", remarcaron.

En tanto, el consejo directivo de la CGT condenó "el exceso del legítimo reclamo" de los policías bonaerenses y aseguró que "la defensa de los derechos laborales de los integrantes de esa fuerza se transformó con el paso de las horas en una real amenaza para el normal funcionamiento del Estado".

La CGT que colideran Héctor Daer y Carlos Acuña sostuvo en un comunicado que "la visibilización del descontento policial quedó expuesta en las primeras horas del conflicto y, todas las acciones posteriores, constituyen un exceso que atenta contra el normal funcionamiento de las instituciones".

Los integrantes del consejo directivo cegetista reclamaron que "la Policía de la provincia de Buenos Aires respete el orden jerárquico y se subordine a los mandos institucionales", y señalaron que "la desigualdad social, la pandemia de coronavirus y la difícil realidad económica no justifica la insubordinación".

También los Intendentes del Frente de Todos de la tercera sección electoral rechazaron la protesta por considerarla como una "amenaza y un amedrentamiento".

Bajo el título "El Reclamo es Justo. El Método No", los jefes comunales difundieron en las redes un comunicado en el que consignaron que se puede "comprender el reclamo salarial de las fuerzas de seguridad bonaerense, pero la actitud de rodear la quinta presidencial es un acto de amenaza y amedrentamiento contra el gobierno".

El posteo en las redes redes del comunicado fue realizado, entre otros, por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y los jefes comunales de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y de Hurlingham, Juan Zabaleta, entre otros.

Numerosas organizaciones sindicales se solidarizaron con Kicillof, como los municipales, ambas CTA, la Asociación Bancaria (AB) y los estatales (ATE) y repudiaron lo que consideraron "una maniobra política contra las instituciones".

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), su titular, Hugo Yasky, exhortó a la Policía Bonaerense a encauzar la protesta en el "marco de la ley" y afirmó que "no se puede convertir el reclamo en una especie de acto sedicioso".

La tarjeta tiene un millón y medio de titulares y beneficia a casi 3 millones de niños y niñas de 0 a 6 años, embarazadas y discapacitados que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Por María Aguirre|Según el Ministerio de Desarrollo Social, la Tarjeta Alimentar volcó 60.074 millones de pesos al mercado interno.

Según el Ministerio de Desarrollo Social, la Tarjeta Alimentar volcó 60.074 millones de pesos al mercado interno.

El Gobierno invertirá $ 30.000 millones en el mercado interno en los últimos cuatro meses del año, a través de la Tarjeta Alimentar (TA), un instrumento destinado a garantizar alimentos para la población vulnerable, que sumará, durante todo el 2020, una inyección total por parte del Estado de $ 90.000 millones.

Así lo informaron a Télam fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo, y que además detallaron que, desde enero hasta agosto pasado, la Tarjeta Alimentar "volcó 60.074 millones de pesos al mercado interno", que fueron utilizados mayormente para la compra de alimentos frescos en los 24 distritos del país.

Con una inversión mensual de 7.700 millones de pesos, la TA tiene un millón y medio de titulares y beneficia a casi 3 millones de niños y niñas de 0 a 6 años, embarazadas y discapacitados que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

"La Tarjeta Alimentar mueve la rueda de la economía desde abajo: por un lado, mejora la calidad de la alimentación de las familias, y por el otro, descentraliza las compras, moviliza el comercio y la producción local de los alimentos", explicó a Télam Arroyo.

El Plan Argentina contra el Hambre, puesto en marcha en diciembre del 2019, poco después de que Alberto Fernández asumió la Presidencia, tiene como uno de sus pilares fundamentales a la Tarjeta, que terminó de distribuirse en marzo último, pese a los contratiempos que impuso la pandemia de coronavirus.

Desde enero hasta agosto, las familias destinaron el 62 por ciento del dinero que reciben mensualmente en la TA a la compra de los alimentos recomendados por el Ministerio (principalmente carne, leche, frutas y verduras), según un relevamiento realizado por la cartera.

Además, el 45 por ciento de las compras registradas está compuesto por carnes, frutas y verduras, un objetivo del Ministerio de Desarrollo, que orientó la oferta a productos de calidad nutricional, que son más caros que los alimentos secos, como las harinas, por ejemplo.

Los otros planes de asistencia

En el universo global de la asistencia, el Gobierno ya cuadruplicó en los primeros seis meses del año los 15.000 millones de pesos asignados durante todo el 2019 a los sectores más vulnerables, según un informe de la Secretaría de Inclusión Social, que fue presentado el mes pasado ante el Consejo Federal Argentina contra el Hambre.

También, de enero a julio pasado, unas 20.000 escuelas de todo el país recibieron ayuda para sus comedores, con una inversión superior a los 7.000 millones de pesos.

El mes pasado Arroyo adelantó que su cartera avanzará en 3 ejes: "mejorar la calidad nutricional con transformaciones profundas, fortalecer la comensalidad en los hogares y robustecer la pequeña escala de producción de alimentos (acercando a productores y consumidores) con varias iniciativas, una de ellas el Prohuerta".

La Tarjeta Alimentar, provincia por provincia

Buenos Aires, 557 mil tarjetas para 1.100.000 beneficiarios; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 41 mil tarjetas para 72 mil personas; Catamarca 16.600 plásticos para 29 mil destinatarios; Chubut, 12.700 tarjetas para 21.700 beneficiarios; Córdoba, 117 mil tarjetas para 217 mil personas.

Corrientes, 52,400 tarjetas para 99.600 destinatarios; Entre Ríos, 38 mil tarjetas para 70.400 personas; Formosa, 32.400 tarjetas para 61.700 beneficiarios; y Jujuy, 31.600 tarjetas para 54.200 usuarios.

La Pampa, 10.200 tarjetas para 19 mil personas; La Rioja, 15.300 tarjetas para 26.600 beneficiarios; Mendoza, 69.300 tarjetas para 134.400 destinatarios; Misiones, 63.600 tarjetas para 127.600 personas; Neuquén, 16.300 tarjetas para 28.700 personas; y Río Negro, 20.200 tarjetas para 35.800 personas.

Salta, 65.700 tarjetas para 125 mil personas; San juan, 33.200 tarjetas para 66 mil destinatarios; San Luis, 16.800 tarjetas para 29.800 usuarios; Santa Cruz, 9.500 tarjetas para 15.500 personas; Santa Fe, 110 mil tarjetas para 200 mil personas; Santiago del Estero, 52.700 tarjetas para 100 mil personas; Tierra del Fuego, 3.400 tarjetas para 5.400 personas; y Tucumán, 70.800 tarjetas para 131 mil personas