Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate, a pesar de la pandemia, "los eslabones de la cadena yerbatera lograron en estos meses sostener su esquema productivo para satisfacer una demanda que no se detuvo".

El consumo de yerba mate en el mercado interno registró una merma de casi un millón de kilos en los primeros siete meses del corriente año respecto de igual período de 2019, al sumar un volumen total de 157,7 millones de kilos contra 158,5 millones del lapso anterior, informó hoy el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Los datos estadísticos del sector yerbatero corresponden al mes de julio, cuando se destinaron al mercado local 23,4 millones de toneladas.

En lo que respecta a las exportaciones, durante el séptimo mes del corriente año los despachos sumaron 3,7 millones de kilos, con un acumulado de 23,3 millones de kilos en los siete primeros meses de 2020, lo que representa una disminución de algo más de un millón de kilos respecto de 2019.

Sobre la cosecha, las declaraciones juradas indican que en el mes de julio ingresaron a secaderos 125,6 millones de kilos de hoja verde, totalizando un volumen de 600,5 millones de kilos para el periodo enero-julio.

Este número representa una disminución de casi 42 millones de kilogramos a los molinos con respecto al mismo periodo del año anterior.

Según el INYM, a pesar del complejo contexto generado por la pandemia de Covid 19, "los eslabones de la cadena yerbatera lograron en estos meses sostener su esquema productivo para satisfacer una demanda que no se detuvo".

En cuanto a los formatos preferidos por los consumidores, tal como se viene manifestando históricamente, los envases de medio kilo siguen liderando las preferencias.

Durante el mes julio los paquetes de medio kilo representaron el 59,07% del total de los envíos de los molinos al mercado interno. Con el 34,15% se ubicaron los paquetes de un kilo; con el 1,26% los envases de dos kilos; y con el 1,24 % los de cuarto kilo

Además, el flagelo constituye una amenaza a la conservación del ecosistema y las especies marítimas porque la actividad se realiza sin control, siendo el calamar, la merluza y el abadejo las más afectadas en forma directa.

Por Emiliano Bonanotte|La pesca ilegal (principalmente la que ocurre en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur) y la no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) representan, al menos, una pérdida para el país de entre US$ 1.000 y US$ 2.000 millones al año, según estimaciones de especialistas.

En diálogo con Télam, el director ejecutivo de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (Opras), Eduardo Pucci, indicó que "la pesca ilegal tiene 3 componentes: la ilícita propiamente dicha, que se realiza en ausencia de permisos; la no declarada; y la no reglamentada".

Los cálculos, elaborados en base a registros y estimaciones, indican que la captura de peces en los archipiélagos oscila entre 200 mil y 400 mil toneladas al año, y la pesca no reglamentada alcanza las 300 mil.

En relación a Malvinas, la explotación ilegítima de los recursos ictícolas por parte de Gran Bretaña se remonta al año 1986, cuando el Gobierno británico dio autorización a los isleños para utilizar y comerciar licencias de pesca.

Desde entonces, la economía de Malvinas se reconvirtió y la actividad piscícola pasó a representar más del 90% del total de las exportaciones, generando ingresos anuales de al menos US$ 500 millones, de acuerdo a estimaciones brindadas por el secretario ejecutivo del Museo Malvinas, Juan Augusto Rattenbach.

Con la asunción del presidente, Alberto Fernández, y del canciller, Felipe Solá, se ha vuelto a enfatizar el reclamo de soberanía sobre las Islas.

En particular, han tomado relevancia la decisión de discontinuar el intercambio de información pesquera con la administración británica que ocupa Malvinas y la sanción de la ley que crea un Consejo consultivo sobre los archipiélagos.

También se adoptó la nueva demarcación de la Plataforma Continental Argentina, que implica la ampliación de 1.782.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio y había sido aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2017.

Asimismo, aguarda en el Congreso un proyecto de ley que prevé aumentar las sanciones por la pesca ilegal en territorio argentino, estableciendo como pena mínima el equivalente a 500.000 litros de combustible (que a valores actuales rondaría los $ 25 millones) y como pena máxima una multa de $156 millones de pesos, a precio actual del gasoil.

"La extensión que plasma el nuevo mapa es trascendental porque no está solamente en juego un espacio territorial marítimo, si no también los recursos naturales que devienen en un potencial para el desarrollo económico de nuestra Nación", explicó Rattenbach a Télam.

En tanto, Eduardo Pucci aseguró que "la extensión de la plataforma tiene una enorme importancia geopolítica", pero aclaró que "no tiene potestad sobre los recursos pesqueros más allá de la milla 200, si no sobre la exploración y explotación de los recursos minerales y no vivos y los vivos sedentarios".

Semanas atrás, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, dijo a Télam que "el combate de la pesca ilegal es una prioridad absoluta" y que la que principalmente afecta a Argentina es "la que se da en aguas de Malvinas".

En consonancia, destacó que en el 2020 "capturamos tres barcos, que es una cifra muy importante y hacía 15 años que no se alcanzaba esa cantidad en la temporada".

Por su parte, la pesca no reglamentada se produce en aguas internacionales adyacentes a la ZEE; es decir, más allá de la milla 200 y del alcance de la legislación del Estado nacional.

   "Es inadmisible que un área de esa extensión y complejidad de biodiversidad no tenga un ordenamiento, situación que aprovechan las flotas extranjeras para operar en forma indiscriminada y sin ninguna regulación” EduardoPucci

De acuerdo a sus estimaciones, el flagelo alcanzaría como mínimo las 300 mil toneladas por año, con un valor aproximado a los US$ 1.000 millones.

Además del riesgo ambiental y el desfalco económico inmediato, Pucci resalta que con la pesca no reglamentada "lo que más se afecta es el desarrollo pesquero argentino" ya que la industria nacional debe competir contra "depredadores que explotan recursos sin respetar procesos, ciclos ni regulaciones", lo que abarata sus costos.

Al respecto, Rattenbach señala que, a la enajenación de recursos e ingresos, hay que sumarle "la pérdida de puestos de trabajo directos de la actividad e indirectos como, por ejemplo, la construcción de navíos de industria nacional o mantenimiento de flotas".

"En aguas adyacentes los únicos que cumplen las reglas son los buques argentinos, el resto violan el deber de cooperación, el principio ecosistémico y de pesca responsables, sin tomar en cuenta ninguna medida de conservación", remarcó Pucci.

Y concluyó: "Es imprescindible regular la pesca en las zonas adyacentes a la ZEE porque son recursos transzonales, dado que los peces no permanecen estáticos si no que van migrando; entonces el país costero aporta ese recurso y se ve afectado porque se lo pesca afuera con total desregulación".

Así, la pesca ilegal y la no reglamentada en conjunto causan una pérdida económica de, al menos, US$ 2.000 millones al año; contribuyen a la depredación del ecosistema con capturas fuera de los períodos de zafra; y limitan el potencial de la industria nacional.

También, el Ejecutivo nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto para "enmendar los alcances" de la Ley de Reparación Histórica impulsada por la administración de Mauricio Macri.

El Gobierno nacional acordó con los gobernadores de 21 provincias y con la Ciudad de Buenos Aires la suspensión por 45 días del cobro de las deudas de los préstamos de la Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) correspondientes a 2016 y cuyos intereses operan desde este mes.

Al mismo tiempo les anunció que enviará al Congreso de la Nación un proyecto para "enmendar los alcances" de la Ley de Reparación Histórica impulsada por la administración de Mauricio Macri.

El proyecto de ley propone "transferir la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía, para que desde el Tesoro Nacional se abone la deuda con quienes tienen que cobrar mes a mes la reparación histórica de los jubilados y jubiladas" y así "quitarle esa responsabilidad al Fondo de Garantía de Sustentabilidad" que administra la ANSES.

El acuerdo fue alcanzado esta tarde durante una reunión virtual que mantuvieran desde Casa Rosada el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro; la titular de la ANSES, Fernanda Raverta; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, con los mandatarios de la mayoría de las provincias, con excepción de Córdoba, Santa Fe y San Luis, que no registran deudas con ese organismo.

De manera presencial estuvieron en el Salón de los Científicos los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Chaco, Jorge Capitanich, mientras que por la Ciudad de Buenos Aires lo hizo su ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura, en representación del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

"La voluntad del Presidente de la Nación fue que trabajemos para resolver esta situación y así lo hicimos. Hoy se envía desde el Poder Ejecutivo el proyecto de ley al Congreso porque escuchamos las necesidades de todas las provincias y queremos facilitar, en el medio de la pandemia, condiciones económicas para que puedan recuperarse, puedan seguir teniendo políticas activas que generen la reactivación que que todos y todas las argentinas necesitamos", señaló Wado de Pedro ante los mandatarios, según declaraciones difundidas por voceros oficiales.

Raverta destacó a los gobernadores que para el Gobierno nacional "es una obligación ponernos a disposición de saldar, en este tiempo tan complejo que estamos viviendo, un problema que tenemos: el de las deudas provinciales con el organismo".

Y agregó: "Ustedes han visto que, desde el Banco Nación se fue descontando de la coparticipación el cobro de una deuda que las provincias mantienen con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Esto se debe a que el FGS debe hacerse cargo, según la ley sancionada en 2016, del pago de la reparación histórica porque los fondos previstos por el blanqueo sancionado en ese momento no alcanzó los objetivos planteados y ya no se cuenta con esos recursos".

Frente a esta situación, la titular de la ANSES precisó que el proyecto de ley propone "transferir la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía, para que desde el Tesoro Nacional se abone la deuda con quienes tienen que cobrar mes a mes la reparación histórica de los jubilados y jubiladas" y así "quitarle esa responsabilidad al FGS para hacernos cargo de nuestras responsabilidades: ser un fondo de garantías para los 7 millones de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas".

Sergio Massa expresó que "hoy necesitamos revitalizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de cara a la salida de la pospandemia. Me parece importante que el FGS tenga la herramienta y esto tiene que ver con la discusión en términos de funcionamiento de la economía real, el financiamiento de las provincias y el cuidado de la plata de los jubilados".

"Vamos a llamar a sesión el miércoles de la semana que viene. Estamos seguros de que vamos a tener el acompañamiento de todos los bloques, pero será responsabilidad de cada gobernador y cada gobernadora instar a sus legisladores a estar sentados en el recinto debatiendo y dándole a los provincias y al FGS este instrumento", afirmó.

Los medios opositores Clarín y La Nación convocaron junto a sectores antidemocráticos a una nueva marcha hacia el Congreso.

La Cámara de Senadores de la Nación fue formalmente convocada para debatir el jueves en sesión especial el proyecto de Ley de Reforma Judicial impulsado por el Poder Ejecutivo que, entre otros aspectos, busca el fortalecimiento del fuero de la justicia federal penal de la Ciudad de Buenos Aires y crea cámaras de apelaciones en las provincias.

El Decreto Parlamentario fue emitido este martes por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, citando a los legisladores para el 27 de agosto desde las 14.

El proyecto dispone la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También crea 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires que pasarán a identificarse con los números 24 a 46. Además, contempla la creación de nuevas cámaras de apelaciones y sus respectivos distritos judiciales, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sufrió varios cambios, entre los que figuran el sorteo de las causas y, en ese sentido, se avanzará en la transparencia en los sorteos de las causas que deben ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad.

Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, además de las audiencias públicas y se garantizará la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.

Asimismo, se resolvió finalmente no unificar el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en CABA, pero para resolver los conflictos de competencia (que generan muchos atrasos en las decisiones judiciales) se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver estas cuestiones preliminares.

En la iniciativa del Ejecutivo modificada por el Senado, se atendió, además, el planteo de los organismos de derechos humanos y la lucha de muchos años por Memoria, Verdad y Justicia, por lo que las Secretarías con competencia específica en este tema conservan esta atribución, con su personal asignado, bregando por que haya rápida respuesta.

De acuerdo al proyecto, la Comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento del nuevo Código Procesal Penal Federal irá adecuando el sistema hacia un nuevo sistema penal democrático y acorde con los principios internacionales.

Además, los senadores debatirán dos proyectos de resolución impulsados por el oficialismo para cubrir lugares en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público. En principio, se deja sin efecto la designación de Juan Emilio Simoni como vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa designado por el Senado de la Nación. También se anula la designación de Mario Laporta como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.

Clarín y La Nación convocan abiertamente a marchar

"Al igual que en el banderazo del pasado 17 de agosto, se convoca a realizar una marcha en varios centros de referencia de distintas ciudades de toda la Argentina", convocó el diario de los Mitre en una nota que ya no oculta su involucramiento en la organización.

A diferencia de otras ocasiones, los diversos actores antidemocráticos apuesta a desplazar a toda la columna de gente que se genere hacia el Congreso de la Nación: "La convocatoria incluye una movilización hacia edificios gubernamentales".

El holding que comanda Héctor Magnetto lo reconoció en un comunicado donde intentó, sin éxito, desmentir a El Destape.

El Grupo Clarín reconoció que tiene 117 millones de dólares en bonos de deuda y que planea adherirse al canje logrado por el Gobierno. Lo hizo en un comunicado oficial, en el cuál intentaron sin éxito desmentir la nota de El Destape que reveló que Héctor Magnetto y sus socios estuvieron detrás de casi la mitad de las operaciones que llevaron el dólar bolsa a un nuevo récord esta semana. Mas que aclarar eso dejaron al descubierto este nuevo dato hasta ahora desconocido y que confirma una vez más el porqué del ataque constante de Clarín a las negociaciones vinculadas al canje de deuda.

Esta tenencia de bonos de deuda es de Telecom, la empresa que forma parte de Cablevisión Holdings, firma con la cuál el Grupo Clarín controla sus negocios en las telecomunicaciones. El Destape ya había revelado que Clarín atacaba las negociaciones que llevaba adelante el ministro Martín Guzmán porque tenía 1.178 millones de pesos en bonos soberanos. Pero ahora Telecom informó una cifra mucho mayor.

“Toda la operatoria de compra de bonos efectuada por la compañía contribuyó al proceso de canje de deuda encarado por la República Argentina, aportando bonos por un valor nominal de U$S 117 millones, a los que sumarán bonos adquiridos esta semana que también serán presentados al canje del soberano”, dice el comunicado de Telecom.

Por los bonos adquiridos esta semana se refieren a los 44.500.000 bonos AY24 que informó El Destape pero que por la fecha, el monto y el contexto las fuentes consultadas por este medio descartan que se trate de una súbita confianza en el acuerdo por la deuda ni que tengan destino de canje. Por el contrario, todas apuntan a que se trató de una operatoria vinculada al dólar Contado con Liqui (CCL) y dólar bolsa que culminó con una suba récord.

Si se suman los 117 millones de dólares que informa Telecom con los 2.400 millones de pesos que invirtieron en el bono AY24 esta semana el cálculo es el siguiente. Al precio del dólar CCL, son 18 millones de dólares más. En total, 135 millones de dólares de deuda. Pero, de nuevo vale aclarar, estos 18 millones de dólares que movieron esta semana todo indica que fueron a la timba del dólar bolsa más que al canje de deuda.

Por otro lado, Telecom afirma que con esos 117 millones de dólares en bonos de deuda “contribuyó al proceso de canje de deuda encarado por la República Argentina”. Pero lo cierto es que el canje fue por más de 66.000 millones de dólares, así que la tenencia de Telecom representa apenas el 0,17%. Poco en el total, así que no es relevante en los números, pero igual operaron fuerte para que Guzmán y Alberto Fernández cedieran todos los dólares posibles. Seguramente la presencia de BlackRock entre sus accionistas tuvo más que ver que su propia tenencia.

En el mismo comunicado, Telecom informó que “ha ingresado al país U$S 250 millones provenientes tanto de fondos propios depositados en el exterior, como de liquidación de desembolsos de financiaciones de entidades internacionales”. No informaron si son parte de los 647 millones que fugaron durante el Gobierno de Mauricio Macri, tal como reveló Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna.

El procesado viceintendente de San Roque, el macrista José Altamirano, busca retrasar el comienzo del juicio oral en su contra por defraudación al Estado en una movida política impensada y que complica al senador nacional y cabeza de su partido, Pedro Braillard Poccard, en caso de que la causa llegue a los tribunales de Comodoro Py.

Así lo manifestaron desde el Concejo Deliberante de San Roque y los asesores del Municipio de la localidad, al confirmar que el procesado Altamirano realizó una presentación judicial que resulta insólita por lo extemporánea.

Altamirano tiene procesamiento confirmado por la Justicia provincial de Corrientes y solo resta que el Tribunal Oral de Goya ponga fecha de debate oral en la causa por el cobro de ilegal de sueldos públicos, uno del Senado de la Nación y otro como viceintendente; por el mismo proceso, también está suspendido en su función como presidente del cuerpo Deliberante de San Roque.

Solo ara retrasar el juicio, Altamirano presentó en los últimos días un pedido de declaración de incompetencia ante el Tribunal de Goya, demorando todavía más el llamado a debate oral en al que se someterá como único imputado. Su argumento es que la Justicia correntina no tiene competencia en el hecho, pese a que el juez de Instrucción, Darío Ortiz, se declaró competente al comenzar la investigación y lo procesó por ese delito de corrupción.

Con esta jugada, el macrista Altamirano compromete seriamente a su propio jefe político, Braillard Poccard porque, si la Justicia correntina se declara incompetente, el senador nacional macrista podrá quedar imputado como partícipe necesario del delito de defraudación. Según la investigación, Braillard Poccard en 2018 aseveró que el viceintendente procesado trabajaba en su despacho, en Buenos Aires, como empleado del Senado, mientras ejercía también su función municipal en San Roque, a más de 800 kilómetros de distancia.

Concretamente, si la Justicia correntina le da la razón, la estrategia de Altamirano expondrá a Braillard Poccard como partícipe necesario en un proceso penal ante la Justicia federal en los tribunales de Comodoro Py. Actualmente, el senador nacional no está formalmente involucrado porque la Justicia provincial investiga solo el delito de corrupción cometido contra el Estado municipal de San Roque.

Desde la Asesoría Letrada de la Municipalidad de San Roque consideraron que el planteo de incompetencia presentado por Altamirano es extemporáneo porque tuvo que haberlo realizado en la primera instancia, es decir, cuando la causa había comenzado en 2018 en manos del juez Ortiz, quien se declaró competente y lo procesó, tras la denuncia promovida por el Municipio de San Roque.

Otros abogados consultados entienden que si la Justicia le otorga la razón a Altamirano y se demora el juicio oral, sería un caso de connivencia política entre los jueces y la alianza ECO-Cambiemos por violentarse las normas procesales básica y por evidenciar falta de imparcialidad de los magistrados, es decir, un escándalo judicial.

Altamirano es miembro del Partido Popular, que preside Braillard Poccard. Asumió la viceintendencia en diciembre de 2017 y de inmediato se enfrentó al intendente peronista Raúl Rulo Hadad y se pasó la alianza macrista ECO-Cambiemos en la localidad.

De acuerdo a la investigación penal del juez Ortíz, Altamirano continuó cobrando su salario de empleado del despacho Braillard en el Senado, pese a haber comenzado en diciembre de 2017 su función como viceintendente, lo cual es ilegal al haber falseado sus declaraciones juradas al efecto.

El ex Presidente aseguró que "por algo" la Argentina tuvo tantos gobiernos de facto y dio a entender que "si la política no da respuestas", los militares aparecerán en escena.

El ex presidente interino de la Nación Eduardo Duhalde fogoneó el temor a un nuevo golpe de Estado en la Argentina. Lejos de llevar tranquilidad en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, comparó la situación del país con la vivida en América Latina y la injerencia de las fuerzas armadas para tomar Gobiernos. Sostuvo, sin mostrar datos, que el grupo mejor visto por los ciudadanos es el de los militares y, si bien no se arriesgó a vaticinar una situación de semejante dramatismo, lo dio a entender.

"Argentina es la que más golpes de Estado tuvo y por algo los tuvo", dijo el exgobernador bonaerense. En base a semejante definición, dijo no tener miedo a que ocurra algo así en nuestro país pero amenazó: "Si la política no da satisfacciones...", dejando entrever una salida armada. Para intentar argumentar esa barbaridad, citó una encuesta de Berensztein y lanzó: "¿Sabés cuál es la entidad que tiene más aprecio en la gente? Los militares. Por culpa nuestra, no por el que se fue ni por el otro. Por todos nosotros. Porque no entendemos que los Gobiernos tienen que juntarse, hacer grandes coaliciones. A mi me ha tocado hacerlas dos veces. Se llamaba co-gobierno, gobernar juntos".

Para entender ese supuesto futuro en la Argentina, pidió concentrarse en lo que acontece en el continente: "Es muy visible que en Latinoamérica los militares están avanzando de una manera increíble. Chile, por ejemplo. Están avanzando contra las cuerdas no sabemos con quién. Con las redes y con los movimientos sociales. ¿Qué queda ahí? Los carabineros y el ejército. ¿Y en Bolivia? Contame algo de Venezuela".

En diálogo con Mauro Viale, quiso argumentar un posible golpe en la Argentina: "No nos estamos dando cuenta de un tema muy grave. ¿Sabés cuántas dictaduras militares tuvimos en 50 años? Del 30 al 86. Catorce. ¿Sabés cuántas tuvo Brasil? Una, en el 64. ¿Cuántas tuvo Uruguay? Una. ¿Cuántas tuvo Chile? Dos. ¿Cuántas tuvo Paraguay? Tres". Y lanzó que "los políticos están jugando y no se dan cuenta que el poder militar en Iberoamérica está avanzando de manera extraordinaria".

Viale le retrucó que los militares argentinos no son los mismos que antes y que no están dadas las condiciones para algo de ese estilo. Duhalde, lejos de calmar posturas, retrucó: "¿Cómo que no hay? ¿Qué sabés que no hay? Eso no se ve, lo que yo veo es que salvo Uruguay, en Brasil es un Gobierno cívico militar. Democrático pero cívico militar. ¿Qué pasa en Chile?".

De este modo, lejos de aportar una cuota de calma como dirigente político y como autor de ese discurso en medios masivos de comunicación, apuntó a generar el caos e instalar un temor innecesario en la sociedad.

La megacerealera en concurso lo hizo para acceder a reintegros de IVA por exportaciones ente 2016 y 2019. La denuncia penal es por "aprovechamiento indebido de beneficios fiscales" y se tramita ante el Juzgado Federal de Reconquista.

La Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la cerealera Vicentin y a sus responsables por el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto de 110 millones de pesos, informó hoy el organismo público.

De esta manera, la exportadora, que arrastra un default de 100.000 millones de pesos, fue denunciada por la AFIP "por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales" ante el Juzgado Federal de Reconquista.

"La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019", explicó este sábado el organismo en un comunicado.

Agregó que "la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores".

Según la AFIP, la fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin, para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los $111,6 millones entre 2016 y 2019.

A partir de eso, el organismo dijo que "pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería".

Las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros "eran falsos, en tanto no denotaban actividad real", y que los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron "incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos".

"Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados", concluyó el ente recaudador.

Ayer, la Cámara Federal porteña había confirmado el envío a la Justicia santafesina de parte de la investigación sobre la empresa Vicentin, en lo relativo a posibles delitos impositivos y venta de acciones.

El Tribunal de Apelaciones avaló así la decisión tomada por el juez federal porteño Julián Ercolini, quien declaró su incompetencia parcial para investigar parte de los delitos en el marco de la causa por defraudación que se sigue a la firma y a exdirectivos del Banco Nación en la administración de Mauricio Macri por multimillonarios préstamos otorgados, según el fallo al que accedió Télam.

El camarista Pablo Bertuzzi confirmó por "ajustada a derecho" esa decisión firmada por Ercolini el 20 de julio último.

Y, recordó que en ese "legajo se investiga la posible defraudación que Vicentin SAIC habría realizado en perjuicio del Estado Nacional, como consecuencia de la posible connivencia de funcionarios estatales para el otorgamiento irregular de créditos tomados ante el Banco de la Nación Argentina".

En la pesquisa a cargo de la justicia federal porteña "se indaga respecto del destino dado a dichos fondos, que podría involucrar a empresas radicadas en el extranjero, mecanismos ilegales de fuga de divisas y operaciones en cuentas off-shore", añadió el fallo.

Además se investigan, en el tramo en el que el magistrado declaró su incompetencia, maniobras "que fueron cometidas en principio por otros actores, en otra jurisdicción y que escapan a la competencia de este fuero", resolvió el camarista.

El peritaje sobre el celular del secretario de Macri dejó al descubierto varias notas que revelan la estrategia de encubrimiento del las tareas de inteligencia ilegal.

“Lo que falta es un relato y una historia coherente de todo, que no basta con que la Turca diga que es todo mentira y no se haga cargo”. La Turca es Silvia Majdalani, la ex número 2 del espionaje macrista. El textual es de una nota borrada, pero recuperada durante un peritaje del celular Darío Nieto, secretario de Mauricio Macri. Habla del espionaje ilegal, de cómo se acumulaban evidencias sobre las tareas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra propios y opositores y que tenían que construir un “relato y una historia coherente” del tema.

La nota sigue y revela que Macri le reclamaba a Cristian Ritondo, el hombre del PRO en la Bicameral de Inteligencia, que lo defendiera más. Y que Ritondo le dijo a Nieto, secretario de Macri, que para eso necesitaba primero entender cómo era posible todo este entramado de inteligencia clandestina.

La nota borrada del celular de Nieto tiene fecha del 19 de junio pasado y consta en el pedido de indagatoria al secretario de Macri que realizaron los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

Dice, textual, así: “Mauricio, me llamó Cristian -seguramente porque la Turca lo llamó-.Hizo hincapié en que falta un relato, que estos tipos habían estado en la Metropolitana, nosotros los llevamos a la AFI y nadie se hace cargo ni hay explicación para eso, que alguien tiene que tomar el tema Alan Ruiz (no sabe si es de la Turca, de Patricia o de quién) para que desmienta todo, la aparición de Martinengo (sobre esto le pasé algo de info). Pero que lo que falta es un relato y una historia coherente de todo, que no basta con que la Turca diga que es todo mentira y no se haga cargo. Y me dijo que en la Comisión hace todas las preguntas que le pasan. También me dijo que él tiene que ser moderado para negociar con los K en la Bicameral y que le sigan pasando info, pero que sí está saliendo en medios. Me pasó este video, en el minuto 3:15 dice que confía en que nuestro gobierno no perseguía a nadie, que la decisión de Mauricio Macri era la de respetar la libertad, de respetar al otro, la libertad de expresión, la libertad democrática como pocas veces se vio en Argentina del 83 en adelante”.

El contexto era el desfile de espías por la comisión Bicameral de Inteligencia de donde surgieron muchas evidencias y conexiones del espionaje ilegal desplegado por la AFI durante la era Macri y la conducción de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Y Ritondo, que integra esa comisión, reclamaba información, pedía explicaciones de cosas que no cerraban e incluso un listado de preguntas para hacer.

El Destape se comunicó con Ritondo que confirmó la comunicación y el contenido de la charla pero con algunas diferencias con respecto a las anotaciones del secretario de Macri. En primer lugar, que las palabras relato o “los K” son de Nieto, pero que efectivamente quería comprender todos los interrogantes que rodean a este caso: porqué se hicieron traspasos de la Policía Metropolitana a la AFI, quien era Susana Martinengo, cómo operaba Alan Ruiz. No podía defender algo que desconocía.

También, que fue Nieto (o “Daro”, como lo llama ya que lo conoce hace años) el que lo llamó. Ritondo asegura que si tiene que hablar con Macri lo hace directo. Había, sí, por parte de Macri, una insistencia en que lo defendieran más. Ritondo se define efectivamente como un moderado, que tiene buen vínculo con los demás legisladores, pero aún así se puso a disposición para preguntar lo que hiciera falta. El problema, ya no dice Ritondo sino el expediente, es que hay algunas preguntas cuya respuesta incriminaría aún más a Macri.

Alberto Fernández participó de la inauguración de la renovada Estación Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar y anunció trabajos de infraestructura ferroviaria para otras localidades de la zona.

El presidente Alberto Fernández destacó hoy que la economía "está empezando a moverse" después de las restricciones por la pandemia de coronavirus y pidió a la sociedad que no se desaliente, al advertir que su Gobierno "lucha por la dignidad y la fortaleza" de los argentinos.

Al encabezar en el partido bonaerense de Pilar la inauguración de la estación ferroviaria Villa Rosa, Fernández volvió a referirse a la conversación que mantuvo en marzo con el exmandatario Mauricio Macri, y reseñó que, cuando "algunos" le recomendaban que "la economía no se frene, que se caiga lo que tenga que caer, se enfermen los que se tienen que enfermar y se mueran los que tienen que morir", prefirió "preservar la vida, la salud y el cuidado de los argentinos antes que ganar un peso más en la economía".

"Cuando miro los resultados de la economía y veo que el salario real de un trabajador cayó la mitad de lo que cayó el año anterior, cuando sin pandemia gobernaban como gobernaban, digo que no me equivoqué", reafirmó el jefe de Estado al trazar una comparación con la gestión de Macri.

Al respecto, Fernández evaluó que ante la irrupción de la pandemia fue "mejor" encarar tareas de asistencia como la "Tarjeta Alimentar, sostener la Asignación Universal por Hijo (AUH), llevar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los que no lo cobraban y garantizar el trabajo a los que estaban suspendidos, porque la pandemia obligó a suspender el trabajo".

El mandatario estuvo acompañado en el acto por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el ministro de Transporte, Mario Meoni, y los intendentes Federico Achaval y Diego Valenzuela, de Pilar y Tres de Febrero, respectivamente, entre otros funcionarios.

Durante el acto también se firmaron convenios para obras públicas en los municipios de Pilar y Tres de Febrero.

El Presidente valoró la inauguración de la estación ferroviaria porque, insistió, "muchos decían que la economía no arrancaba y la obra pública no se movía, y esta es una de las 40 nuevas estaciones de trenes que tendremos a lo largo del Gran Buenos Aires".

Tras destacar que en cada estación habrá "cámaras de seguridad para cuidar que se transite con tranquilidad", el mandatario enfatizó que "la calle es de todos y todos merecemos, definitivamente, vivirla con tranquilidad".

"Que sepan los que delinquen que nos hemos puesto de pie para pararlos y no dejarlos intranquilizar la vida de los argentinos", subrayó.

Fernández destacó que "la economía argentina empezó a moverse" y puntualizó que "más allá de lo que todos dicen, la actividad industrial está por encima de los niveles que la misma actividad registraba en marzo, cuando la pandemia empezó".

Por eso, destacó que "poco a poco, sin olvidarnos de que el riesgo y la pandemia no han terminado, vamos a ir volviendo a lo que cotidianamente hacíamos".

El mandatario volvió a defender su decisión de declarar públicos y esenciales los servicios de telefonía, cable e Internet, al afirmar que llegó a esa determinación porque notó que "en la ciudad de Buenos Aires había 6 mil chicos que no acceden a Internet y no les llegan las clases de sus maestros".

"Poner en riesgo la salud de nuestros hijos no es la solución, sino que los servicios públicos lleguen a todos, que todos tengan Internet y telefonía celular accesible en un país donde viven 40 millones de personas y hay más de 60 millones de celulares", abundó, al insistir con que todavía no es momento de reabrir las escuelas.

Sobre el final de su mensaje, el Presidente le pidió a la sociedad que "no los desalienten" y que "cuando los inviten a bajar los brazos y les digan que su libertad está en riesgo, sepan que tienen un gobierno que lucha por la dignidad y fortaleza de cada uno de ustedes".

Así lo anunció el presidente Alberto Fernández y adelantó la decisión del Ejecutivo nacional de declarar como "servicios públicos" a la telefonía celular y fija, los servicios de internet y la televisión paga".

El presidente Alberto Fernández anunció esta noche la decisión de declarar como "servicios públicos" a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga" y anticipó que las tarifas de esas prestaciones quedarán congeladas hasta el próximo 31 de diciembre,

La medida se concretará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se dará conocer en las próximas horas, a partir del cual se dejarán sin efecto los aumentos de los abonos anunciados por algunas de las empresas prestadoras a partir del 1 de septiembre.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el Presidente dijo que de esta manera se están "recuperando herramientas regulatorias que el Gobierno anterior quitó al Estado".

"El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado", subrayó el mandatario.

Fernández hizo referencia al DNU 267 firmado por el ex presidente Mauricio Macri apenas asumió el gobierno, en diciembre de 2015, con el que creó el Enacom y modificó artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el que decidió dar de baja el poder regulatorio del Estado en esta materia dispuestas en 2014, a través de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones.

El Presidente también destacó que "la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso, hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen".

Además de declarar a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como servicios públicos esenciales, la norma dispondrá el congelamiento de los precios hasta el 31 de diciembre próximo.

El vicepresidente del Enacom, Gustavo López. explicó esta noche a Télam que "quedó demostrado que los servicios de Internet, telefonía y de cable no son servicios suntuarios sino que son esenciales para el acceso al conocimiento, la educación, a la cultura pero también al trabajo y el desarrollo económico".

"Sin conectividad a Internet no hay desarrollo industrial ni económico posible" afirmó López al referirse a al medida dispuesta por el Gobierno.

En el mismo sentido, consideró que "era imprescindible recuperar la declaración de servicio publico que había eliminado el ex presidente Mauricio Macri a la semana que asumió, dejando esto como una simple mercancía entre privados y no un derecho humano básico".

Además, la norma que se dará e conocer a través del Boletín Oficial, dará un paso más allá de lo derogado oportunamente por la gestión Cambiemos e incluirá a la telefonía celular entre los servicios públicos, esenciales y estratégicos.

López destacó que a partir del nuevo DNU "el precio de los servicios estará regulado".

"Significa que si bien sigue siendo en competencia entre las empresas, ningún aumento puede hacerse sin la previa autorización del Enacom", apuntó.

"Después para abajo pueden hacer descuentos que consideren oportunos pero el tope del aumento lo pone el Estado", aseveró López al plantear el nuevo esquema de competencia que tendrán que abordar las compañías prestadoras de cada servicio.

Un total de 16 especialistas expondrán este martes en la comisión que debate el proyecto para ampliar los juzgados de Comodoro Py.

Tras la irresponsable marcha convocada por la oposición en plena pandemia, el Senado continuará esta semana con el debate por la reforma judicial en las comisiones. Para este martes, 16 nuevos especialistas se presentarán en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales para dar su mirada sobre el tema.

Desde hace varias semanas que la cámara alta discute y analiza el proyecto que envió el Ejecutivo nacional. Luego del desfile de expertos y especialistas en materia jurídica, se estima que el oficialismo confía en poder darle media sanción el 26 de agosto.

La reunión de este martes será la quinta en el marco de la discusión para modificar la justicia federal. En los encuentros anteriores, se presentaron magistrados, sindicalistas y expertos en el derecho que manifestaron distintas posturas, a favor y en contra, de la iniciativa del Gobierno.

Hasta el momento, entre los expositores existe una coincidencia de que el Poder Judicial necesita un cambio en su funcionamiento.

Entre los expositores de este martes estará el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, que se manifestó a favor de la iniciativa y rechazó el planteo de "anticonstitucional" que señala una parte de la oposición. También participarán del debate el ex juez de la Cámara Federal Carlos Rozanski, también a favor. Estará el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Máximo Fonrouge (que ya anunció su rechazo a esta iniciativa), y el ex juez del Tribunal Oral en lo Criminal 3 Miguel Caminos. Entre otras, estarán las voces de Héctor Chayer, en representación del Colectivo Nacional de Abogadas y Abogados querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad.

Después, los senadores esperan que haya una reunión más para trabajar en la modificaciones y correcciones del texto que el Gobierno mandó al Senado. Si bien no se cambiará la idea principal de esta iniciativa, desde el oficialismo deslizaron que están dispuestos a retocar ciertos puntos para recibir un mayor respaldo.