CoCos, apocope de Contingentes Convertibles, es el nombre con el cual corrientemente se conoce a los bonos AT1 (Additional Tier 1).
Son esencialmente un instrumento de crédito y su particularidad
CoCos, apocope de Contingentes Convertibles, es el nombre con el cual corrientemente se conoce a los bonos AT1 (Additional Tier 1).
Son esencialmente un instrumento de crédito y su particularidad
Han adquirido una gran resonancia pública a partir de aquel 19 marzo en el cual, mientras comenzaba a oscurecer en Berna, tras una frenética sucesión de presiones y concesiones, un coloso financiero, UBS, deglutía pantagruélicamente a su principal competidor y acérrimo rival, el CS (Credit Suisse), de similar peso específico en el ámbito bancario.
El festín tuvo lugar bajo el auspicio y la invitación oficial del Gobierno de la Confederación Helvética, su Banco Nacional y la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero.
Sucedió en el transcurso de esa velada. Un extraordinario número de prestidigitación de la agencia reguladora, Finma, con un solo y diestro pase mágico, hizo desaparecer una canasta de CoCos de 17.000.000.000 de dólares, emulando la genialidad del incomparable ilusionista David Copperfield, quien asombrara a todos los públicos de su tiempo haciendo desaparecer hasta la propia Estatua de la Libertad.
El sorprendente efecto económico directo e inmediato de lo acontecido ese anochecer, recayó sobre desprevenidos inversores de esos bonos, los cuales no fueron convertidos en acciones sino en nada.
En el mercado fue muy mal percibido y la reacción fue la disparada de los precios de los swaps por incumplimiento crediticio (CDS), incluso de bancos en buen estado de salud financiera.
La proeza, obra de una agencia del Estado con sesgo no legal sino administrativo, tuvo alto impacto en las entidades emisoras, que han considerado que comprometía su capacidad general de financiarse.
Las demandas posteriores en busca de una explicación o información sobre lo hecho y su motivación fáctica y jurídica para desentrañar la verdad subyacente a lo acontecido en esa críptica y sedicente negociación, se estampaban contra una cerrada negativa. Como es propio de la magia y el ilusionismo, pero el hecho, lejos de ser obra de la ficción, había sido real.
Además, tuvo lugar y había impactado en el momento menos propicio para el sistema financiero mundial. Soplaban, y persisten, vientos huracanados sin distinción de geografías: inflación, recesión y posible estanflación; calamidades ambientales; alta conflictividad social; escenarios bélicos diversos y en actividad; amenazas y alistamientos nucleares, y más recientemente el pánico desatado por el incontrolable desarrollo de la Inteligencia Artificial.
La historia económica recordará este recién pasado marzo -un mes no menos fatídico que el de dos años atrás en que nos alarmaba con el Covid, y del siguiente que sorprendió con la invasión a Ucrania- pues en el corriente desencadenó una crisis en la economía de crédito de enorme alcance.
Amaneció el día 10 con la violenta caída, en EE. UU., de un banco de importancia sistémica, el Silicon Valley Bank (SVB), y del Signature Bank,en el mismo mes.
La crisis del primero se desencadenó por una historia sencilla, elemental. El banco había invertido la mayor parte del dinero de los depositantes en bonos a largo plazo respaldados por hipotecas y Bonos del Tesoro, y cuando las empresas tecnológicas y principales clientes empezaron a retirar sus depósitos, como las tasas a corto plazo aumentaron más que los rendimientos de largo plazo, el precio de los bonos en que se había invertido se desplomó.
El banco se vio forzado a vender a pérdida, una pérdida tan grande que lo mantuvo con vida artificial gracias al pronto socorro estatal, pero apenas unas horas más tarde la totalidad de sus activos serian deglutidos por el First Citizens Bank.
El contagio de iliquidez y o insolvencia en el mundo bancario y empresarial es inevitable, y sus crisis ocurren cada tanto. Se propagan velozmente siendo las mas comprometidas las instituciones menos sólidas o sin garantía estatal.
En el punto culminante de la crisis que azotaba al Silicon Valley Bank, los bancos regionales y comunitarios, que sostienen las industrias de la zona y al variado tejido de empresas que los rodean, heridos e inertes veían caer sus depósitos: en un primera semana posterior los bancos y fondos más grandes se hacían de ciento veinte mil millones de dólares.
Es normal; los atemorizados depositantes emigran prestamente a instituciones de mayor tamaño que son percibidas como más seguras, a fin de resguardar sus ahorros e inversiones. Se busca particularmente, allí, a las que cuenten con respaldo del FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) cuyos fondos, suficientes por el momento, difícilmente alcancen en medio de una crisis de mucha mayor significación, la cual obligara a recurrir a la remanida costumbre de seguir imprimiendo dinero-papel.
En Europa, los bancos de la Unión Europea y el BCE no se encuentran en mejores condiciones, si bien posee una normativa regulatoria más estricta que en EE. UU., y comprende a la totalidad de las entidades financieras. Ejemplo de lo dicho es lo que ocurre en Alemania con otra institución sistémica, el Deutsche Bank, que obligó a que el Estado, sin pérdida de tiempo, declarase a través de sus más altas autoridades, el compromiso a concurrir a su salvataje a fin de evitar la quiebra; otra vez impuesto por el famoso too big to fail (demasiado grande para caer).
Y no es un ejemplo único: tal vez se verá obligado a hacer lo propio con el Commerzbank, de significativa importancia, pues sus alarmas han sonado al unísono con el primero.
Ante tal panorama global, el detonante de un hecho altamente cuestionable como el ocurrido con los bonos AT1 del Credit Suisse, con el taumatúrgico efecto de reducir un pasivo sideral a cero, ha despertado el apetito de importantes gabinetes de abogados, entusiastas de las acciones colectivas y ansiosos por descubrir nichos y oportunidades de litigio.
Es claro que resulta más que arriesgado predecir si la suerte los acompañará o no, si bien pareciera que la defensa del derecho de los castigados tenedores, inversores, o ahorristas en CoCos cuenta con solidez argumental. El Estado ha actuado en forma discrecional, en función de una ley dictada inmediatamente antes del hecho, de dudosa legalidad y constitucionalidad, por lo que se ignora o marginaliza conscientemente leyes vigentes y ordenanzas, principios internacionales aplicables a crisis y quiebras bancarias establecidos en la cumbre del G20 de 2010 en Washington.
Lo esencial de dichos bonos es su ductilidad y que se activan eventos de contingencia y viabilidad, operando un disparador que los convierte en acciones si el capital del emisor ha descendido por debajo de un cierto nivel o si requiere ser reestablecido por auxilios estatales.
En las especificas circunstancias mencionadas u otras eventualmente previstas y explicadas en los Prospectos, el importe que los bonistas han entregado al banco emisor como préstamo se transforma en capital. Esto es, pasan a ser fondos propios de la entidad, y mantienen el correspondiente valor.
También es claro que el tomador de estos bonos es un inversor estratégico y que conoce y asume el riesgo propio de su tipología. Presumiblemente ha de haber efectuado, además, una adecuada valoración económica y llegado a la conclusión que la recompensa -el interés a percibir- se ubica por sobre los corrientes en plaza y le es conveniente.
Otra consideración que ha de haber tenido presente es que en el supuesto de insolvencia del banco los perdedores no serán en primer lugar los titulares de dichos títulos.
Debe tenerse en cuenta que, en este caso, si bien el disparador se accionó ante la iliquidez -ya que se sostuvo por medios oficiales y públicamente que era solvente- la conversión en acciones no se produjo. Ello, pues los bonos habrían sido anulados, aniquilados, produciendo una absoluta y total pérdida de valor para los inversores.
Y no es todo
A los perjudicados tenedores de los CoCos, se les ha creado un justificado resentimiento contra los accionistas, por el desigual trato con el que se los ha privilegiado. Estos últimos, en efecto, han recibido, sin base legal alguna, tres mil millones de dólares, mientras al mismo tiempo a los bonistas se los expoliaba.
El mercado lo ha considerado también una injusticia y un mal ejemplo, y ha enfrentado a distintas categorías de intereses o grupos, a bonistas contra accionistas; a accionistas contra directivos; a empleados contra funcionarios.
Los que debieron ser los reales perdedores en caso de insolvencia o liquidez de una institución bancaria no son los bonistas sino los titulares del capital social.
La injusticia es manifiesta y la razón es atribuible a que ante la asfixia financiera del Credit Suisse Bank, se ha preferido acudir a la vía administrativa, lo que implica un apartamiento consciente de preestablecidas normas legales.
No se ha querido, podido, o creído conveniente, poner en juego la legislación de emergencia, respetar principios jurídicos insoslayables ni acudir a los resortes judiciales. La infaltable invocación a la urgencia permitía una vez más desplazar lo importante y justificar la aplicación de una metodología ad-hoc y forzar una transacción.
Ha sido una mera apariencia que la situación se ha resuelto a través de un match entre los dos colosos contendientes; no ha existido en ello autonomía contractual de las partes ni de sus accionistas.
La fusión a la que se arribara a guisa de decisión convencional ha sido efecto del compromiso estatal de hacerse cargo de una descomunal factura, cuyos rubros comprenden aportes directos, créditos (dudosamente) reembolsables y garantías, por la sideral cifra de doscientos treinta y cinco mil millones de francos suizos.
Tan alto ha sido el precio que, para aventar toda sospecha de posible imitación, otros regulares del ámbito internacional han declarado en forma pública que no lo harían, convencidos que lo sucedido había comprometido la estabilidad del sistema bancario y minado la confianza en él.
Lección e interrogantes.
¿El engrandecido ente absorbente, es de por si capaz de mayor eficiencia en el servicio?
¿Los entes estatales de regulación, han hecho su autocrítica, y se consideran con adecuada idoneidad y experiencia?
¿Han sido eficientes los organismos de control interno y en especial los oficiales de compliance, para cuidar la legalidad de los procedimientos?
¿Se han dispuesto medidas para la recuperación de los cuantiosos salarios y bonus abonados a los directores y funcionarios por supuestas ganancias obtenidas en arriesgadas apuestas financieras?
¿Se investiga quienes son los reales titulares de los bonos? ¿Existe control sobre los operadores de los mercados?
¿Se ha cuantificado el perjuicio social, humano y económico general que implica la drástica y consecuente reducción de puestos de trabajo, que solo en el caso de UBS llegaría a unas 35.000 personas entre empleados, funcionarios y profesionales, con las consecuentes repercusiones familiares?
Tal vez hallar respuesta a tales interrogantes y a otros tantos, resulte sanatorial.
No es inocuo ni neutro consolidar las entidades financieras ahogadas por iliquidez o sumidas en insolvencia facilitando su absorción por otra merced al auxilio de fondos públicos. Por algo se les está dando el nombre de una especie extinguida de animales de la familia de los elefantes.
Neonatos mamuts ya están marchando.