Bajo críticas de jueces de la Corte Suprema, la mayoría de los gobernadores, los jefes del Congreso y los medios que lo comparan con los autócratas de Nicaragua,
Belarus y Turkmenistán que niegan la gravedad del coronavirus, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destacó el lunes su fidelidad a la democracia y dijo que quiere al Congreso y al máximo tribunal del país “abiertos y transparentes”.
La declaración fue hecha un día después de la participación del presidente en un acto en las puertas del cuartel general del Ejército, en Brasilia, donde centenares de manifestantes se aglomeraron para celebrar el día de esa fuerza militar y en el que evocaron los actos más duros y violentos de la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.
También pidieron la vuelta al trabajo, ignorando las restricciones impuestas por gobernadores y alcaldes para contener el coronavirus, que en el país ya mató a 2.575 personas y provocó el colapso de los frágiles sistemas de salud de los estados de Amazonas, Pernambuco y Ceará, que ya no cuentan con camas libres en las salas de terapia intensiva de sus hospitales.
En ese acto, Bolsonaro elogió a los manifestantes con un discurso antipolítica, pero no apoyó explícitamente demandas de los manifestantes en favor del cierre del Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF).
Sin embargo, su presencia en la manifestación fue ampliamente interpretada como un endoso a esas consignas, creando una ola de repudio de jueces, legisladores y gobernadores y una gran turbulencia que llevó al mandatario electo en el 2018 con casi 58 millones de votos a explicitar que no acepta ser etiquetado como un golpista.
Bolsonaro fue avisado que su presencia en ese acto fue mal vista por las Fuerzas Armadas e influyentes militares le recomendaron que realice una aclaración pública, que el mandatario atendió.
“Acá no hay que cerrar nada, me permita. Acá es democracia, acá es respeto a la Constitución (…) Pido por favor que no se diga eso aquí. El Supremo (Tribunal Federal) abierto, transparente. Congreso abierto, transparente”, dijo Bolsonaro reprendiendo a un simpatizante que a la salida de la residencia oficial le pidió cerrar la corte suprema.
El presidente, también, aseguró que el acto del domingo era para saludar al Ejército y reclamar el regreso al trabajo, y remarcó que otras interpretaciones como las que lo sitúan encabezando una ofensiva para imponer un régimen autoritario eran “inventos e intentos de incendiar la nación”.
“La gente generalmente conspira para llegar al poder. Yo ya estoy en el poder. Ya soy presidente de la República (…) ¿Yo estoy conspirando contra quien, mi Dios del cielo? A los que me acusan de ser dictatorial les falta un poco de inteligencia. ¿Qué medida tomé contra la prensa y contra la libertad de expresión?”, preguntó el jefe de Estado, asegurando que defiende la democracia y la libertad “por encima de todo”.
Y agregó: “Yo soy realmente la Constitución”.
El ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, dijo en una nota oficial que “las Fuerzas Armadas trabajan con el propósito de mantener la paz y la estabilidad del país, siempre obedientes a la Constitución”.
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La manifestación del jefe de la cartera de Defensa se produjo después de duras palabras del presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, quien, en una reunión virtual con la cúpula de la Iglesia católica, calificó como “nefastos” los fundamentalismos y los ataques a las instituciones de la democracia.
La participación de Bolsonaro en el acto en el que se atacó a la democracia ahondó las diferencias del mandatario con el Congreso y lanzó reclamos de la izquierda al jefe de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, para que considere aceptar pedidos de juicio político.
Pero, como reconoció el diputado e historiador Marcelo Freixo, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), ese escenario no está al alcance de la mano de ningún opositor.
“La oposición es sólo un tercio del Congreso. Hacemos ruido, pero somos minoría (…) El presidente aún tiene apoyo del 38%. Collor y Dilma cuando cayeron no tenían ni 10%”, dijo el legislador, recordando los procesos de destitución que prosperaron en 1992 y en el 2016.
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