Si el expresidente Donald Trumpganara la presidencia aun cuando todavía se ciernen sobre él cargos penales, se producirían una serie de complicaciones extraordinarias.
La imputación el martes de
Si el expresidente Donald Trumpganara la presidencia aun cuando todavía se ciernen sobre él cargos penales, se producirían una serie de complicaciones extraordinarias.
La imputación el martes de
En Nueva York, se le acusa de falsificar registros de negocios en relación con un pago de dinero por silencio, mientras que el abogado especial Jack Smith también acusó previamente a Trump de mal manejo de secretos de seguridad nacional.
Si un caso federal estuviera pendiente el día de la toma de posesión, Trump podría simplemente utilizar su poder como presidente para obligar al Departamento de Justicia a abandonar el asunto, como ha sugerido que podría hacer.
(Aún no está claro cuándo comenzará un juicio sobre sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020.
El caso de los documentos clasificados, que se juzgará en Florida, tiene una fecha fijada para mayo, pero eso podría cambiar dependiendo de cómo se desarrollen los argumentos previos al juicio).
Pero la Constitución no otorga a los presidentes autoridad de supervisión sobre los fiscales estatales, por lo que eso no funcionaría para las investigaciones estatales en Nueva York y Georgia, donde la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, ha indicado que está a punto de tomar una decisión sobre los cargos en su propia investigación de interferencia electoral.
Lo más que Trump podría hacer probablemente es tratar de retrasar un juicio sobre cualquier acusación estatal que pueda estar pendiente.
En el pasado, el Departamento de Justicia ha adoptado la posición de que los procedimientos legales penales contra un presidente mientras está en el cargo serían inconstitucionales porque interferirían con su capacidad para desempeñar sus funciones.
No existe una sentencia definitiva del Tribunal Supremo al respecto porque nunca antes se había planteado la cuestión.
En 1997, el Tribunal Supremo permitió que una demanda federal contra el Presidente Bill Clinton siguiera adelante mientras estaba en el cargo, pero se trataba de un caso civil, no penal.
El juicio de Trump en Nueva York por fraude contable está previsto que comience en marzo.
La fecha del juicio en Georgia es una incógnita.
Si Trump fuera condenado en uno o más casos, es casi seguro que recurriría, lo que retrasaría cualquier sentencia y prácticamente garantizaría que no fuera encarcelado el día de la toma de posesión.
Entonces se plantearía la cuestión de qué ocurriría si tomara posesión para un segundo mandato.
Si Trump fuera condenado en un caso federal, probablemente se movilizaría para indultarse a sí mismo, un poder que afirmó en 2018 que tenía el "derecho absoluto" de ejercer.
No está claro si un autoperdón sería legítimo.
Ningún texto de la Constitución prohíbe a un presidente hacerlo.
Pero en 1974, el Departamento de Justicia emitió un lacónico dictamen jurídico en el que afirmaba que el presidente Richard Nixon no parecía tener autoridad para indultarse a sí mismo "en virtud de la norma fundamental de que nadie puede ser juez en su propio caso."
Pero el dictamen no explicaba qué había transformado ese principio en un límite no escrito al poder que la Constitución otorga a los presidentes.
Los juristas han discrepado sobre esta cuestión, pero ningún presidente ha afirmado nunca que se estaba indultando a sí mismo, por lo que nunca se ha puesto a prueba en los tribunales.
En tal escenario, es casi seguro que Trump utilice su control del Departamento de Justicia para asegurarse de que se pone de su lado sobre si un autoperdón es legítimo.
Si los fiscales no impugnan un autoperdón, no está claro quién más tendría capacidad legal para perseguir el asunto.
Si Trump fuera condenado en Nueva York o Georgia, no podría indultarse a sí mismo porque la Constitución no faculta a un presidente para perdonar delitos estatales.
Esa facultad corresponde a los gobernadores.
Si el gobernador correspondiente no le indultara, podría solicitar una orden judicial federal que retrasara cualquier encarcelamiento -o que exigiera su puesta en libertad- mientras él fuera el presidente en ejercicio, por motivos constitucionales.
Otra posibilidad es que, si fuera encarcelado, podría ser destituido al inicio de su segundo mandato, en virtud de la 25ª Enmienda, por ser "incapaz de desempeñar los poderes y obligaciones de su cargo".
Pero ese resultado requeriría que la mayoría del Gabinete del presidente, junto con el vicepresidente, tomaran esa determinación.
Entre las cuestiones que plantearía esa posibilidad está la de quién podría ser miembro del Gabinete si el Senado no hubiera confirmado ningún nuevo nombramiento político por parte de Trump.
c.2023 The New York Times Company
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