Entre los sancionados figuran la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo y al menos tres de sus hijos con Ortega, así como diputados, jueces, fiscales, oficiales de policía y personal del
sistema penitenciario. Entre las entidades sancionadas destaca la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral, el Instituto de Telecomunicaciones y dos importantes instituciones de la minería estatal.