El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió este miércoles que la sentencia de la Corte Suprema en la condena de la dirigente social Milagro Sala "no modifica la obligación del Estado de proteger su salud física y psíquica" y advirtió que cualquier regresión "significa una profundización del hostigamiento contra ella" ante el pedido de los fiscales para que pase a cumplir pena en cárcel común.
"La sentencia de la Corte Suprema no modifica la obligación del Estado de proteger la salud física y psíquica de la dirigente social, tal como lo exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su traslado a prisión domiciliaria fue ordenado por el tribunal internacional ante su delicado estado de salud. Cualquier regresión en ese sentido significa una profundización del hostigamiento contra ella", manifestaron desde el organismo en un comunicado de prensa.
Milagro Sala pasó de la cárcel a un arresto domiciliario por orden de la @CorteIDH. Fue una medida de protección ante su delicado estado de salud. Cualquier regresión en ese sentido significa una profundización del hostigamiento contra ella.https://t.co/PL3kAdV67Y
— CELS (@CELS_Argentina) December 28, 2022
El CELS se pronunció de esta forma luego de que el pasado 13 de diciembre la Corte Suprema dejara firme la condena a 13 años de la dirigente de la Tupac Amaru y tras el pedido de los fiscales de Estado de Jujuy y de Ejecución presentaran un pedido para que Sala pase a cumplir pena en cárcel común.
Desde el CELS, consideraron que se trata de "una decisión que vulnera las exigencias que hizo la CIDH en el caso" y que forman parte "de una sucesión de hechos de hostigamiento y criminalización contra ella y la Tupac Amaru" ,que "buscaron desde sus inicios desactivar protestas que la organización llevaba adelante en Jujuy".
La CIDH le exigió al Estado argentino en noviembre de 2017 adoptar "las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud" de Milagro, recordó el organismo de derechos humanos.
En función de esta orden, en diciembre de ese año, Milagro pasó de un arresto bajo un régimen penitenciario a un arresto domiciliario.
"Milagro Sala se encuentra detenida por la causa "Pibes Villeros" desde el 29 de enero de 2016. A partir de ese momento hubo un entramado de acusaciones consecutivas, que derivaron en el inicio de 12 causas judiciales, con el objetivo de sostener su privación de libertad de manera indefinida", precisó.
Y agregó que "la Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa de Milagro negándole la posibilidad de revisar la violación de garantías constitucionales alegadas por sus abogades y convalidó todo lo realizado por una Justicia provincial sumamente cuestionada".
Además, desde el CELS sostuvieron que por medio de un recurso de amicus presentado ante la Corte aportaron "argumentos para mostrar la necesidad de que revise aspectos centrales del proceso judicial que derivó en la condena", entre ellos, su derecho al debido proceso y "los problemas constitucionales de una acusación imprecisa de asociación ilícita".
"Por esta situación de hostigamiento y criminalización contra Milagro y la Tupac, en 2021, el CELS junto con Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) denunciamos al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", señaló el CELS.
Asimismo, manifestó que "esta última decisión de la Corte Suprema y las acciones de las autoridades provinciales se suman a los hechos analizados en ese trámite internacional".
Organismos de derechos humanos reclamaron el pasado jueves al presidente Alberto Fernández una "solución política" a la situación de la dirigente social, quien permanece detenida en Jujuy, afirmaron que el jefe de Estado "tiene voluntad realmente para indultarla" y manifestaron que "él se comprometió a dar una solución".
Así informaron en esa oportunidad en declaraciones a la prensa Eduado Tavani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, tras una reunión que mantuvieron con el jefe de Estado en Casa de Gobierno los organismos de la Mesa de Derechos Humanos.