El electo gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se sumó a la lista de políticos de la provincia que fueron víctimas de la suplantación de identidad por parte de una organización delictiva que
El nombre de Passalacqua apareció en la resolución por la cual el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó al posadeño Santiago Machado, quien está señalado como el autor de la suplantación de identidad de Herrera Ahuad; del vicepresidente de la empresa Energia de Misiones, Hugo Amable; y de la jueza federal de Posadas, María Victoria Skanata, entre otros, según publicó el diario Primera Edición de Posadas.
Las maniobras tendrían como finalidad acceder a diferentes planes de las compañías de telefonía celular, para luego comercializar los créditos, principalmente de datos; aunque no se descarta que la banda buscara incursionar en el espionaje de los funcionarios.
A fines de junio, el juez Martínez De Giorgi reveló que el gobernador Oscar Herrera Ahuad también había sido víctima de una suplantación de identidad. El mandatario confirmó a Clarín que al ingresar a la plataforma de la empresa con la que tiene contratadas varias líneas de telefonía celular descubrió que desconocidos habían gestionado otros tres números.
Además de declarar por escrito ante Martínez de Giorgi, Herrera Ahuad presentó una denuncia penal en Posadas al juez de Instrucción Fernando Verón. Ahora trascendió que el mandatario realizará una ampliacion de la esa presentación, porque en las últimas semanas constató la contratación de una nueva línea prepaga a su nombre.
El gobernador aguarda ahora los próximos pasos de la Justicia Federal de Comodoro Py, ya que parte de la causa podría ser enviada a la Justicia Federal de Misiones para que se investigue esa contratación de líneas adicionales. Además, el mandatario se presentaría como querellante, ya que se le notificó de la situación en su calidad de funcionario público.
Misiones apareció en el radar de los investigadores hace varios meses, cuando se estableció que en la zona de Eldorado se había hecho el SIM Swapping de los celulares del ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, Diego Santilli, jueces y fiscales. El responsable de esas maniobras fue el hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro, a quien ahora la Cámara Federal porteña le ratificó la prisión preventiva.
El hacker, que tiene 22 años, está sospechado de la activación irregular de líneas telefónicas a nombre de ministros de la Corte Suprema de Justicia, como Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que jamás las habían solicitado.
“La pesquisa está en plena etapa de producción de pruebas, que tienden a determinar los alcances reales de los acontecimientos y la identidad de los demás involucrados” entre ellos, quienes contrataron los servicios de Nuñes Pinheiro”, dijeron los jueces Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun en su resolución.
Por estas maniobras también está preso el ex sargento de la Policía Federal Ariel Zanchetta, arrestado en Junín tras detectarse que realizó pedidos de informes sobre los jueces de la Casación FederalMariano Borinsky y Gustavo Hornos, entre otros dos mil, por lo que se sospecha que pudo estar involucrado en las maniobras.
“Hay, en la actualidad, medidas en curso dirigidas a obtener información de artefactos electrónicos secuestrados y a intentar seguir la ruta de los pagos, que se vinculan directamente a lo anterior”, dice el fallo votado en forma unánime.
Tal como publicó Clarín, los camaristas también mencionaron, que “según consta en las actuaciones e indicó el propio justiciable- existen en trámite otros procesos con puntos de contacto notorios con éste, relativos al modus operandi y a los partícipes de las maniobras”.
Y recordaron que la detención de Nuñes Pinheiro fue antecedida de una “intensa actividad de investigación de la fiscalía (que dirige Gerardo Pollicita), que la llevó a sospechar sobre la existencia de una organización criminal conformada por un grupo de personas que, de manera coordinada y sostenida en el tiempo, habrían llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación”.
En otro punto de la resolución, remarcaron que se trata de “hechos que revisten gravedad institucional y que están caracterizados por el modo clandestino y oculto en que se manejaban sus autores, operando a través de redes informáticas con alias y mediante transferencias de valores en criptomonedas en cuentas digitales ajenas al sistema bancario”.
Mirá también
En plena campaña, denuncian que intentan pasar a planta permanente a militantes K contratados en la AFI
