Un nuevo fallo de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este lunes al fiscal general Dante Marcelo Vega para intervenir en el juicio oral contra el juez federal
La decisión la tomaron los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y la secretaria de Cámara Lucía del Pilar Raposeiras, quienes declararon "inadmisible" el recurso de Casación interpuesto por el juez mendocino. Lo mismo habían definido hace dos meses con otro planteo, en ese caso de otro imputado, Javier Leónidas Angeletti.
A partir de ese rechazo a Angeletti es que Bento había pedido una nueva recusación del fiscal Vega. Según el juez suspendido, el tribunal Oral número 2 de Mendoza había avalado la intervención de un fiscal "que no reúne las exigencias previstas en la Constitución, los Tratados de Derechos Humanos y la Ley en materia de objetividad del Ministerio Público Fiscal", al tiempo que dijo que la resolución que rechazó el pedido es infundada.
Gemignani fue tajante en el extracto del fallo en el que reflexionó sobre la postura de Bento. "Fijado este estándar, no es admisible que los supuestos de recusación se constituyan en meros instrumentos librados a la voluntad inmotivada de las partes para separar a un magistrado designado para intervenir en la causa", sostuvo.
Y añadió que "las causales que motivan un planteo de recusación deben ser evaluadas con máxima ponderación y prudencia”. Además, concluyó: "En razón de las consideraciones precedentes, no corresponde la intervención de la jurisdicción de este Tribunal y debe declararse inadmisible la vía intentada, con costas".
Tras la expresión de su par, Borinsky también expuso sus argumentos. "No puede soslayarse que el recurrente no ha logrado demostrar la pérdida de objetividad que pregona respecto del doctor Dante Vega, con adecuado sustento en alguna de las causales previstas en el artículo 55 CPPN o las excepciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Y juntos firmaron, en el final del fallo, la resolución en la que declararon "inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas".
El fiscal general Dante Vega, de extracción peronista como Bento y con una carrera ligada a magistrados K que integran Justicia Legítima, es quien lo viene investigando. El propio Bento en su defensa de la causa en la que ha sido procesado por asociación ilícita, cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ha dicho que Vega le tiene odio y que es su enemigo.
En este caso, buscó correrlo como fiscal de un juicio oral que se llevará en su contra por la supuesta venta de beneficios judiciales a contrabandistas, entre otros delitos.
La Corte habilitó el juicio contra Bento
Esta nueva medida contra Bento se dio menos de una semana después de que la Corte Suprema autorizara al Jurado de Enjuiciamiento a iniciar el proceso de remoción contra el suspendido juez mendocino. Y de que confirmara la cesantía de la Justicia de uno de los hijos de Bento, que está siendo investigado en el juicio oral que se sustancia en Mendoza.
En una acordada, la Corte había autorizado a la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura a suscribir, a partir del 31 de mayo y hasta el 27 de noviembre del corriente año, los contratos a favor de siete agentes "con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de jefe de despacho (relator), para desempeñarse en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a razón de una por Vocalía".
Por otra parte, la Corte analizó un recurso de Nahuel Bento, hijo del suspendido magistrado, que denunció "la arbitrariedad en el caso es gravísima porque fue suspendido y cesanteado cuando se hallaba con licencia psicológica y psiquiátrica".
El Máximo Tribunal consideró que la cámara federal de Mendoza tomó "la precaución de dar intervención al Cuerpo Médico Forense, dependencia que dictaminó que sus antecedentes de salud no le impedían el ejercicio de su defensa material respecto de actuaciones que pudieran formularse en su contra".
"La solicitud de avocación del Dr. Nahuel Bento se limita a denunciar que existieron irregularidades en el trámite de las actuaciones sumariales y reproducir definiciones del concepto de arbitrariedad o del principio de inocencia, pero ello sin fundar suficientemente la alegada configuración de esos supuestos en su caso", agregó la Corte.
Quién es el juez Bento
Walter Bento se encuentra en la mira de la Justicia federal desde hace tiempo. Además del juicio político que comenzará en su contra, está procesado por coimas, lavado, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Y tiene un pedido de prisión preventiva.
Bento fue nombrado en el Juzgado Federal 1 en el año 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner y con el guiño del histórico operador del peronismo mendocino Juan Carlos “Chueco” Mazzón, entonces mano derecha de José Luis Manzano.
En 2011 hizo un resonante allanamiento con la Gendarmería en Cablevisión, en pleno conflicto del kirchnerismo con Clarín. A pedido del grupo Vila-Manzano, intervino la operadora de cable porteña, como si fuera su jurisdicción. La Corte determinó la nulidad de las actuaciones y cuestionó el accionar de Bento. El juez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura y, en 2012, el pedido de juicio político fue desestimado y Bento salvado por la mayoría kirchnerista.
El matrimonio Bento registra 9 propiedades a su nombre, la mayoría en barrios privados de las zonas más caras del Gran Mendoza. En el detalle de los autos que tenía la familia del juez, aparecen: una camioneta Volkswagen Amarok, una camioneta Audi valuada en más de 4,3 millones de pesos, a nombre de su hijo discapacitado que los integrantes de la familia tenían permiso para conducir; y otros dos vehículos Audi que superan el millón y medio de pesos.
La investigación que conmociona a los tribunales federales de Mendoza comenzó a instruirse en marzo de 2020, a partir de dos hechos concretos: los datos que aparecieron en el teléfono del detenido Walter Bardinella Donoso, acusado de narcotráfico, y las declaraciones de Diego Barrera, el principal imputado por el secuestro y homicidio del empresario y despachante de Aduana Diego Aliaga, vecino del juez y quien hacía negociados a nombre de Bento.
La Fiscalía sostiene que los abogados se reunían con Aliaga o hablaban en forma permanente con este lobbista, “quien les daba instrucciones bajo la dirección del juez”, al que califican en la investigación como “el jefe de la banda y el número 1” de la organización delictiva.
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