Una mujer de 66 años murió tras descompensarse en un colectivo que había quedado varado en un piquete en Jujuy, en medio del conflicto desatado con organizaciones sociales y pueblos originarios por
Virginia Florez Gómez, de nacionalidad boliviana, tenía 66 años. Según informó El Tribuno, este domingo pasado el mediodía empezó a sentirse mal y se desmayó sobre el ómnibus, que llevaba horas varado sobre la ruta nacional N° 9.
La mujer, que residía en Buenos Aires y viajaba a Bolivia, fue atendida por una ambulancia del SAME en el lugar.
Los médicos la estabilizaron y la trasladaron a un hospital local, pero al llegar a la guardia volvió a descompensarse y falleció, a pesar de los esfuerzos para reanimarla. Su cuerpo permanece en el hospital de Abra Pampa, hasta que la Justicia defina si se ordena la realización de una autopsia.
Según detalla El Tribuno, Florez Gómez había salido de Buenos Aires el jueves. El colectivo en el que viajaba quedó varado por casi 10 horas en un corte de ruta en Purmamarca. Cuando finalmente pudo seguir viaje, se encontraron con un segundo piquete, esta vez en Abra Pampa.
En ese lugar, los manifestantes les habrían informado que el corte iba a ser por tiempo indefinido y que recién este domingo iban a resolver si dejaban pasar a los autos o no.
Las protestas en Jujuy comenzaron luego de que a mediados de junio se aprobara la reforma parcial Constitucional en la provincia, que entre otros puntos prohíbe los cortes de calle y de rutas en la provincia. Hubo graves incidentes, desalojos de los cortes de ruta y detenidos.
Días atrás el Gobierno de Gerardo Morales anunció que va a pedir a la Justicia "condenas de hasta 25 años" contra algunos de los más de 150 imputados por la violenta protesta del 20 de junio frente a la Legislatura jujeña, en uno de los picos más violentos del conflicto.
El fiscal de estado de Jujuy Rivas anunció que hasta tanto la Justicia dicte sentencias definitivas, se instarán en forma inmediata "detenciones efectivas, contra quienes sigan con protesta violenta".
Además, subrayó, se reclamará a imputados por daños y perjuicios perpetrados al estado provincial por un monto de mas "de mil millones de pesos" tanto si son autores materiales e intelectuales.
Desde el Gobierno nacional, en tanto, salieron a cuestionar el accionar de las fuerzas de seguridad en la provincia norteña. En ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos le solicitó a la Justicia federal abrir una "investigación penal urgente" sobre la "feroz represión".
Desde la órbita del secretario Horacio Pietragalla Corti aseguran que recolectaron "testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos", con "vehículos sin identificación, ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes".
En la violenta protesta del 20 de junio hubo 56 detenidos: 44 hombres y 12 mujeres. Entre ellos, algunos tienen historial deportación de armas, amenazas, violencia de género, robo, hurto y hasta violación y abuso sexual.
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