La negativa del gobierno nacional a pagar la cautelar que dispuso la Corte está enredada en varios “rulos” políticos y judiciales.
El primero tiene que ver con la sorpresiva declaración del
La negativa del gobierno nacional a pagar la cautelar que dispuso la Corte está enredada en varios “rulos” políticos y judiciales.
El primero tiene que ver con la sorpresiva declaración del
Gonzalez hizo esa pregunta con toda la intencionalidad política y el hecho que si el gobierno porteño acepta el pago en bonos solo recibirá el 30 por ciento aproximadamente de esos 148 mil millones de pesos por el valor de mercado de esos títulos.
La respuesta fue un paraguas jurídico para Batakis porque el gobierno porteño abrió, además del recurso ante la Corte, una causa penal por desobediencia de un fallo judicial que investigan el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro Gonzalez. Y, en algún momento, alguien debería ser llamado a indagatoria.
Gonzalez no se quedó conforme con la respuesta de Batakis en ese contexto conspirativo en el cual los operadores de Cristina Kirchner, Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, buscan horadar al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, a través de su secretario Silvio Robles.
Y descubrió un “rulo” legal. Massa efectivamente le dio esa instrucción a Batakis pero por una orden por escrito del ex jefe de gabinete y gobernador de Tucumán Juan Manzur.
A través de la decisión administrativa 1282 del 26 de diciembre pasado Manzur asumió la responsabilidad política y legal de este “rulo”.
Dice la decisión de Manzur que “el Ministerio de Economía, a través del Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, deberá transferir al Banco de la Nación Argentina el monto equivalente a $98.500.000.000 en bonos del Tesoro TX31”. Y que “dará instrucciones a esa entidad bancaria para que transfiera diariamente a una Cuenta Bancaria que habilitará bajo la titularidad del Gobierno de la Ciudad autónoma de buenos aires, los bonos necesarios para cubrir la diferencia entre el 1,4% que históricamente se le transfería a la CABA y el 2,95% que dispuso la medida cautelar dictada en los autos caratulados: “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires C/ Estado Nacional S/ Acción Declarativa de inconstitucionalidad – Cobro De Pesos” (Csj 1865/2020)”. Es decir, Massa quedó cubierto y Manzur, expuesto.
El otro “rulo” es que el kirchnerismo con el juicio político, que nunca va a prosperar cuando llegue al recinto por falta de votos, ya logró estirar la decisión de la Corte por varios meses. El Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, recusó a los cuatro miembros de la Corte en este caso y también pidió una revocatoria “in extremis” de la cautelar. Antes de resolver, este nuevo pedido de embargo de Rodríguez Larreta, el máximo tribunal debe decidir sobre los pedidos de Zannini.
Pero en fuentes judiciales, llamó la atención que el gobierno porteño no pidiera la apertura de feria con la solicitud que hizo el viernes a las 17.49, horas antes de que empezara el receso invernal y así apurara el trámite.
En el gobierno porteño se defienden y explican que se hizo el nuevo pedido de embargo de cuentas del Banco Nación por la quita de la coparticipación por una cuestión “de diligencia y de alertar sobre la actualización de los montos y el incremento del daño” a la CABA, informaron voceros de Horacio Rodríguez Larreta.
La explicación se debe a que el nuevo escrito del procurador porteño, Gabriel Astarloa, no incluye un pedido de apertura de feria. Es decir, que el tema será resuelto recién después de las próximas dos semanas. Si hubiese incluido esa solicitud, debería haber sido decidida por Horacio Rosatti, quien fue designado juez de feria.
De esta forma, la cuestión quedará para ser tratada en la Corte a partir del 31 de julio, otro “rulo” más en este caso.
“Son varias las presentaciones similares que realizó el gobierno porteño en todo este periodo. Entonces, entendimos que debíamos reiterar el pedido denunciando porque persiste el incumplimiento por parte del gobierno nacional y actualizar la información del monto impago”, agregó el vocero del gobierno de Rodríguez Larreta.
Por estos motivos, “no tenía sentido en el caso pedir la apertura de la feria, que tiene lugar para casos donde hay una urgencia manifiesta”, afirmaron.
Los que sí siguen rápidos son los operadores de Cristina Kirchner en la comisión de Juicio Político. Tailhade hizo pedir, con el voto de la mayoría K, a la Corte un informe sobre la circulación del fallo del máximo tribunal sobre coparticipación y si se realizó un peritaje técnico de los expedientes de los decretos, así como su motivación.
A la reunión del martes no concurrieron Astarloa, y el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, quienes justificaron sus ausencias y pidieron reprogramar sus citas. La secretaria de Juicios Originarios es como un juzgado, no solo un asesor. Y todos estos “rulos” deberán ser desenredados desde allí.
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