Nueve personas que permanecían detenidas en el penal del barrio Alto Comedero, de San Salvador de Jujuy, acusadas de cometer delitos en las violentas protestas contra la reforma constitucional aprobada el 20
La medida alcanzó al grupo de detenidos por los que no había una resolución judicial desde que fueron apresados el jueves en la capital jujeña, en tanto que otros tres permanecían en el penal con prisión preventiva.
Los liberados fueron Santiago Zamora, Referente CCC; Iván Blacutt, docente universitario y precandidato a diputado nacional en el Frente de Izquierda Unidad, Gabino Cruz de la organización de comunidades indígenas Llankaj Maki, José Donaire, Walter Armando Puca, Mayuk Nasib Mamaní, Dan Lionel Liborio, Héctor Luis Gerónimo y Martín Antonio Abad.
Todos ellos fueron acusados por la fiscalía de cometer diversos delitos durante los graves incidentes registrados en la Legislatura local e inmediaciones en una manifestación contra la reforma constitucional el 20 de junio pasado, cuando se aprobó y se juró el texto normativo impulsado por el gobernador Gerardo Morales.
Contra ellos, la justicia local libró órdenes de allanamiento y de detención que se concretaron el jueves último.
Asimismo, un día antes, fueron apresados y trasladados desde Humahuaca al penal jujeño Agustín Zamboni, Renzo Laguna y Ronaldo Tapia, acusados de sedición, lesiones doblemente agravadas y otras causas, durante los incidentes registrados en el Concejo Deliberante de esa ciudad en ocasión de aprobarse una declaración de rechazo a la reforma Constitucional cuando también la policía provincial provincial desalojó a manifestantes.
A estas 12 personas se suma la detención del abogado defensor de derechos humanos, Alberto Nallar, quien continuaba con prisión domiciliaria por 20 días luego de ser detenido el jueves en la capital jujeña.
"El juez Fernández ordenó la libertad de los nueve detenidos por los hechos de la Legislatura y rechazó no solo rechazo la prisión preventiva pretendida por la fiscalía, sino también la formalización de la acusación por todos los delitos que excedían las pruebas alegadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA)", indicó la abogada defensora Mariana Vargas.
El Ministerio Público de la Acusación provincial había informado, la semana pasada, que 9 personas fueron detenidas por supuestos delitos cometidos durante la represión policial del pasado 20 de junio en inmediaciones de la Legislatura local, luego de aprobarse la reforma parcial de la Constitución de Jujuy.
Los fiscales Walter Rondón y Diego Funes indicaron en una conferencia de prensa la semana pasada que requirieron la detención de 20 personas de las cuales 9 fueron aprehendidas durante esta jornada.
"Se analizaron cámaras públicas como privadas además de filmaciones de medios de comunicación y redes sociales, para ahondar en la investigación y así determinar la participación de personas que no habían sido aprehendidas en su momento pero que realizaron actos vandálicos", refirió el fiscal Funes sobre las pesquisas.
"Atentado a la autoridad", "resistencia a la autoridad", "lesiones leves", "daños a bienes de uso público", "estrago", "estorbo funcional y entorpecimiento funcional de transporte terrestre", son los supuestos delitos que cargaron contra los manifestantes.
Funes manifestó que los imputados junto a otras personas a determinar provocaron que haya "200 policías lesionados por los golpes recibidos".