Las aclaraciones no extinguieron la controversia. Pero Ojea consideró que la presunta apropiación indebida de alimentos y malversación de fondos para la ayuda social departe de determinados movimiento sociales no debía
empañar la obra de los comedores comunitarios y, mucho menos, tapar las necesidades alimentarias de mucha gente –en el país hay ocho millones de indigentes, según la UCA-, una realidad que no es de ahora, pero que el ajuste, más allá de la necesidad que invoca el gobierno, agravó en sus primeros meses de gestión.