Sin embargo, se volcó en la imputación formal, “una parte significativa de esos recursos estatales confiados fueron administrados de manera indebida por sus autoridades, quienes, mediante el empleo de facturación apócrifa
y la simulación de gastos no concretados, desviaron su uso y lo aplicaron, tanto en forma directa como indirecta y por múltiples vías, al sostenimiento y financiamiento de actividad político-partidaria, en perjuicio de la administración pública nacional”.