Con el apoyo del kirchnerismo, esa comunidad demandó al Estado Nacional para que se instrumente a su favor el título de propiedad comunitaria sobre las tierras que alega ocupar en forma
“actual, tradicional y pública”, según fue reconocido por la resolución 1174/2012 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de conformidad con el resultado del un supuesto relevamiento técnico, jurídico y catastral realizado por dicho organismo.