"Responsable por la violación del principio de independencia judicial, del derecho a contar con una autoridad imparcial, el derecho a una motivación adecuada, al plazo razonable, al principio de legalidad, el
derecho a la participación política y a la protección juficial consagrados en los artículos 8.1, 9, 23 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento", sostiene la resolución de la CIDH.