“El análisis del material recibido, mediante medios técnicos adecuados y una laboriosa tarea de los investigadores judiciales, permitió establecer que había producción de material en nuestro país”, explicaron fuentes del caso.
Si se prueba que había producción sería un delito mucho más grave al involucrar, además, el tráfico de estos materiales, la producción y el abuso sexual que implica desarrollar estos contenidos.