Con información poco clara con respecto a la ayuda social de la provincia de Córdoba a los comedores y copas de leche “populares” o solidarios, el bloque Encuentro Vecinal que conduce
el legislador Rodrigo Agrelo elevó un pedido de informes al Ejecutivo que conduce Martín Llaryora.
Desde la legislatura se busca convocar a las autoridades del “ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo en cumplimiento del art. 102 Constitución Provincial, informe a la Legislatura en un plazo de diez (10) días de manera detallada respecto a diversas cuestiones vinculadas con la entrega de módulos alimentarios”, expresa la nota presentada.
El legislador fundamentó su solicitud en varios artículos publicados en Perfil Córdoba en dónde las autoridades declaran una cantidad de “centros” pero “informes internos” traslucen otros datos. Es por eso que se intenta trasparentar cómo se distribuyen los módulos alimentarios, a quiénes y qué contiene cada “bolsón”.
informaciones cruzadas
Pese a que el director de Emergencia Social Darío Heredia aseguró que se dieron de baja a 200 comedores sobre un padrón de 740. Días posteriores, y luego del informe que accedió este medio en donde se consignaban unos 483 comedores registrados en Córdoba, el propio secretario General de Desarrollo Social Paulo Cassinerio reconoció en Cadena 3 que “el gobierno no posee un programa de comedores propios, sino que aquellos que solicitan un apoyo y luego de un relevamiento constante que viene de la gestión pasada, nosotros hacemos un relevamiento le damos el apoyo”.
Intentando no afectar la gestión pasada, también del oficialismo, la cartera que conduce Laura Jure afirma que “es constante el incremento en pedidos de ayudas” que reciben.
En la actualidad, el propio ministerio reconoce que “recortaron la ayuda a 93 comedores que no estaban funcionando y tenemos cerca de 80 y pico de pedidos de lugares para demostrar que están trabajando”. Toda la información se vuelca semanalmente en un “tablero digital” o “padrón electrónico”, en donde se detalla toda la ayuda.
Así mismo, recuerdan que la provincia si administra de manera constante los programas Paicor, Sala Cuna y la Tarjeta Social.
Dinero y bolsones que se entregan de una manera poco transparente
En el pedido de informes que presentó Agrelo en la Legislatura provincia, se convoca a las autoridades a que se “indique nombre, DNI o razón social y CUIT de cada uno de los destinatarios de módulos alimentarios desde el mes de diciembre de 2023 hasta la fecha de respuesta del presente”, entendiendo según denunció el responsable del comedor “La botellita”, Daniel Martínez que hay empleados o funcionarios que están administrando comedores denominados “fantasmas”.
También se pido que se exprese la “cantidad de módulos entregados en cada mes a cada uno de los beneficiarios de los mismos” y cuáles son “los requisitos tenidos en cuenta por la participación que ejecuta el programa de asistencia a los comedores a los fines de prestar asistencia a los mismos”.
Una de las demandas de los lugares receptivos de las “ayudas provinciales” es la cantidad de alimentos y calidad de los mismos. Según consta en los registros, cada módulo tiene un valor de $100.000 pero solo están compuestos por nueve productos, entre los que se destacan: leche en polvo, polenta, fideos tirabuzón, azúcar y yerba.
Este escándalo le pega de lleno a una de las carteras más importantes en un contexto de crisis económica en donde la pobreza está superando el 50%. Los responsables son la propia ministra y mujer destacada en la administración de Martín Llaryora: Laura Jure y por elevación a Alejandra Vigo, ya que el secretario Paulo Cassinero es un hombre de su propio riñón.
