El Gobierno nacional mantiene una deuda de 14.280 millones de pesos con empresas de transporte del interior, que alertaron sobre la posible suspensión de empleados y el corte de los servicios
A través de un comunicado la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) denunció que “de mantenerse las actuales condiciones económicas en la que se prestan los servicios de transporte por automotor de pasajeros urbanos y suburbanos del Interior del País y sin asistencias del gobierno nacional acordes a las medidas que el mismo genera, millones de ciudadanos perderán un servicio esencial”.
FATAP enfatizó que es “materialmente imposible la normal prestación del servicio público de transporte de personas en el interior del país. el aporte proporcional que el tesoro nacional destinó al área metropolitana de buenos aires (AMBA) y a las provincias del interior del país alcanzaba a un 85 % para el AMBA y el 15 % al interior, mientras que hoy esa proporción se establece en un 90% para el AMBA y el 10% para el interior, en una clara expresión de unitarismo en el reparto de los fondos de origen nacional”.
Desde la Federación que nuclea a los trabajadores del transporte afirmaron que “la estructura de costos alcanzó su límite, una realidad de la que están conscientes las autoridades”. Los empresarios aseguran que la deuda asciende a 14.280 millones de pesos.
Además, FATAP indicó que el Gobierno nacional asignó a las empresas de colectivos de la región AMBA un total de 57.328 millones de pesos, pero solo destinó 4.585 millones de los 9.000 millones que correspondían al interior.
En su reclamo subrayaron la necesidad de “una modificación urgente, concreta y sostenible de las condiciones de prestación de los servicios”.
En ese sentido, FATAP remarcó que desde el gobierno nacional no se adoptó “ninguna solución de fondo” y advirtieron: “ponemos en conocimiento de nuestros usuarios y trabajadores que, en las próximas semanas, será imprescindible reducir servicios y suspender a los trabajadores a ellos afectados, como única manera de evitar una paralización total de la actividad”.
La tensión entre el gobierno nacional y la FATAP no es nueva. En junio pasado durante las negociaciones salariales, la federación que representa a los trabajadores indicó que no poseían “los medios para asumir compromisos salariales sostenibles a largo plazo”.
Tras varios días de tensión y gracias a la intervención del Ministerio de Trabajo para establecer la conciliación obligatoria, la FATAP y los delegados de la UTA alcanzaron un acuerdo salarial.
Una vez más, la tensión entre la FATAP, los empresarios y el gobierno nacional repercutirá en las más de 10 millones de personas que utilizan el servicio de transporte en el interior del país.
