El principal organismo de derechos humanos de América instó este jueves al gobierno de Javier Milei a “abstenerse de criminalizar la protesta” que tuvo lugar el 12 de junio frente al
Congreso de la Nación en rechazo a la Ley Bases y el paquete fiscal. Desde laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su “preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza pública" contra periodistas y manifestantes.
“La CIDH y su Relatoría Especial recibieron información sobre el uso desproporcionado de armas menos letales, como irritantes químicos manuales, tonfas, balas de goma y camiones hidrantes por parte de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional durante las manifestaciones”, informaron en un comunicado desde el órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
Desde la oficina de La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, manifestaron estar al tanto de la presencia de efectivos policiales sin uniforme y de miembros de la Prefectura Naval portando armas de fuego; y que también se recibieron informes de periodistas y trabajadores de prensa que resultaron heridos debido al uso presuntamente abusivo de gas pimienta y balas de goma por parte de la policía de la fuerza pública.
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Además, subrayan que “resultan de especial preocupación las declaraciones estigmatizantes y criminalizantes contra manifestantes realizadas por el Gobierno a través de un comunicado de prensa de la Oficina del Presidente, en el que se calificó de forma generalizada a las personas como "terroristas"” y que se justificó la represión de la policía "en defensa de la democracia", alegando ser “un golpe de Estado moderno”.
En otro párrafo, se refirieron a los 33 detenidos durante la manifestación. “La jueza federal que intervino en estas detenciones cuestionó públicamente el accionar de la policía, advirtió que los sumarios estaban ‘muy mal instruidos’ e ‘incompletos’, y resaltó que existe ‘falta de entrenamiento’ en las fuerzas de seguridad”, señalaron desde la CIDH mientras que aseguraron que justifican los procedimientos judiciales con base en "principios republicanos y de división de poderes”.
El comunicado se refiere a los “hechos de violencia con bombas molotov y combustibles que fueron utilizados en las afueras del Congreso” y, al incendio del auto del medio Cadena 3. Al respecto, mencionan que “según la Comisión de Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, ninguna de las personas detenidas fue acusada de delitos vinculados con este hecho en cuestión".
“Las armas de fuego deben estar excluidas en los operativos de control de las protestas sociales", subrayaron desde el organismo.
Además, destacarpm que durante las protestas, “las autoridades deben procurar difundir información fidedigna, y abstenerse de estigmatizar a las personas manifestantes y de acusarlas de acciones ilegales como una forma de suprimir el disenso”.
También le comunicaron al Estado argentino las consecuencias negativas que puede tener calificar de “ "terroristas" a los manifestantes y hacer acusaciones “sobre supuestos planes de "golpe de estado". E hicieron incapié en que dichas calificaciones “pueden activar o exacerbar actos de discriminación, hostilidad, intolerancia o violencia.
La CIDH y su RELE llamaron a las autoridades de la Argentina a adoptar un “discurso respetuoso y constructivo que reconozca la legitimidad de las protestas”, como componente clave de la vida política, entendiendo su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo de un sistema democrático. Además, instaron al gobierno de Milei a que ”garantice las condiciones necesarias para que periodistas puedan cubrir eventos de interés público”, asegurando el acceso a la información.
También indicaron que como parte de su deber de “garantizar y proteger los derechos humanos”, las autoridades deben "condenar inequívocamente" cualquier forma de violencia, tanto por parte de la fuerza pública como de particulares.
“Asimismo, desde la institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH), explicaron que "el Estado argentino debe utilizar protocolos con enfoque de derechos humanos que le permitan distinguir entre los hechos de violencia que no forman parte del derecho de protesta y manifestación pacífica, y en caso de ser necesario evitar que los hechos de violencia pongan en riesgo los derechos humanos de todas las personas”.
