CON ESA AFIRMACIÓN, SORPRENDIÓ A TODOS EN LA MESA DE MIRTA LEGRAND EL DIRIGENTE SINDICAL LUIS BARRIONUEVO. “LES DOY UNA PRIMICIA”, DIJO. Y SIGUIÓ: “EN ABRIL O EN MAYO, VA A TENER UN FUNCIONARIO PRESO: LUIS CAPUTO”.

Además, recordó que “hay 27 funcionarios nacionales que están siendo investigados”.

Y pidió no “estigmatizar” a todo el sindicalismo con las denuncias: “Si hay que transparentar, transparentemos, no globalicen ni digan ‘los sindicalistas’; son periodistas, son curas, son actores, son actrices que se han prestado a esquilmar al Estado”, agregó.

Además, explicó por qué cree que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, puede ir preso: “Porque trabajaron la plata de ANSES. La sacaron y la pusieron a trabajar en una empresa que era de Caputo. Está la investigación en la Justicia, están todas las denuncias”, dijo, para sorpresa de Legrand. “Es muy fuerte eso”, le respondió la conductora.

En las últimas semanas, se profundizó la grieta entre Barrionuevo y el gobierno de Cambiemos. Hasta mediados de 2016, el líder de los gastronómicos era un acérrimo defensor de las políticas de ajuste del oficialismo. Ahora, es uno de los principales críticos.

LA INFLACIÓN ANUAL DE 2015 FUE DE 26,7 POR CIENTO, MIENTRAS QUE EN EL PRIMER AÑO DE GESTIÓN DE MAURICIO MACRI SE DISPARÓ A 41,2 POR CIENTO

Lo señala un informe de la Universidad de Avellaneda sobre la base de la pauta inflacionaria proyectada por el gobierno, que la mayoría de los analistas estima que se ubicará en el 17,4 por ciento, más de 2 puntos por encima de la pautada por el Banco Central.

Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda advirtió que de cumplirse la expectativa inflacionaria del mercado para 2018 y la pauta salarial del 15 por ciento que quiere imponer el Gobierno nacional, los salarios sufrirán un “empeoramiento general”, ratificando la tendencia que comenzó hace dos años, con la asunción de Cambiemos.

El informe destaca que según las estadísticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la inflación anual de 2015 fue de 26,7 por ciento, mientras que en el primer año de gestión de Mauricio Macri se disparó a 41,2 por ciento.

Como pasó con la reforma previsional a nivel nacional, cualquier modificación del Instituto de Previsión Social (IPS) fue negada en la última campaña electoral por el gobierno de María Eugenia Vidal. Sin embargo, ahora se supo que Cambiemos quiere cambiar el sistema jubilatorio de los empleados estatales bonaerenses modificando el cálculo de aportes y salarios, y cambiando la edad jubilatoria. Nueva guerra en puerta.

Según hizo trascender el oficialista diario La Nación, la administración de Vidal trabaja a contrarreloj en un proyecto que seguramente generará una nueva disputa con los empleados públicos de Buenos Aires. Por ahora, Cambiemos acotó la batalla al régimen de los trabajadores del Banco Provincia.

“Seguramente este año comenzaremos a trabajar lo que tiene que ver con un sistema más previsible y más sustentable, que tenga que ver con la edad, con los aportes y en regímenes que no sean distintos en todo el país”, aseguró Cristian Gribaudo, titular del Instituto de Previsión Social.

Habrá que ver cuándo Vidal avanza con ese proyecto, ya que el contexto actual no es el más apropiado, debido a la tensión existente con los gremios docentes por las paritarias 2018. Además, el gobierno bonaerense abrió un espacio en una web oficial para alentar que los maestros se puedan desafiliar a los sindicatos. Por último, Vidal quiere que las subas salariales tengan un techo del 15%, en sintonía con Casa Rosada.

“INCONSTITUCIONAL POR DONDE DE LO LEA Y ANALICE”, EXPLICA EL CONSTITUCIONALISTA FÉLIX LÖN. “UN DECRETO NO PUEDE MODIFICAR LEYES LABORALES NI REFORMAR NORMAS PENALES, ESO ESTÁ LIMITADO POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y DEBE SER RESPETADO, SOBRE TODO POR EL PRESIDENTE DE TODOS LOS ARGENTINOS”, EXPLICA EL JURISTA.”EL EJEMPLO DEBE VENIR DESDE ARRIBA”, RETRUCA LÖN.

A días de iniciarse la actividad judicial tras la feria de verano, el megadecreto firmado por el presidente Mauricio Macri aspira a convertirse en una trampa para el mandatario.

“Inconstitucional por donde de lo lea y analice”, explica a Aerom el constitucionalista Félix Lön. “Un decreto no puede modificar leyes laborales ni reformar normas penales, eso está limitado por la Constitución Nacional y debe ser respetado, sobre todo por el presidente de todos los argentinos”, explica el jurista.”El ejemplo debe venir desde arriba”, retruca Lön.

En tanto la ex diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer, ya trabaja en el planteo de inconstitucionalidad que presentará ante la Justicia y que por cuestiones federales deberá-terminada las instancias judiciales- definir la Corte Suprema donde Macri goza de cuatro votos a favor de los cinco integrantes del Máximo Tribunal.

Habrá que ver si ante tamaña adversidad jurídica, tanto el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, como la vicepresidenta del órgano, Elena Highton de Nolasco y los ministros nombrados también por decreto -aunque luego subsanado por el Congreso- Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, avalarán un desliz inconstitucional por dónde se lo analice como explica Lön.

Stolbizer pedirá -apenas se inicie la actividad judicial el primer día hábil de febrero -a la Justicia que lo declare “inconstitucional” mientras los legisladores K , encabezados por el diputado nacional Agustín Rossi, reclamarán la derogación del DNU firmado por Macri para desregular una serie de áreas del Estado.

Para Stolbizer el megadecreto “afecta seriamente la división de poderes, vulnera derechos y modifica un centenar de leyes”.

“Vamos a solicitar a la Justicia la revisión del instrumento y la declaración de su inconstitucionalidad por no existir las condiciones de necesidad ni de urgencia, que constituyen requisitos ineludibles según la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema”, explicó a Aerom la abogada patrocinante de Stolbizer, Silvina Martínez.

La demanda apunta a que el Gobierno recapacite y cumpla con la ley ya que el decreto salió bajo pretexto de “desburocratizar” y “simplificar” el Estado, continúa Martínez.

El alcance de la norma, que en principio sería contraria a los parámetros constitucionales, abarca desde normativas aplicadas para empresas que incumplen con la legislación laboral, embargos directos sobre cuentas-sueldo, leyes fitosanitarias, venta de activos estatales y hasta la regulación de cuatriciclos.

Stolbizer, titular de la ONG Bajo La Lupa, y la abogada Martínez argumentaron que el decreto “es un claro abuso de poder, sin ninguna justificación de las condiciones constitucionales exigidas para dictar un instrumento de esta naturaleza”. “Afecta seriamente la división de poderes, vulnera derechos, modifica un centenar de leyes y parece destinado a prescindir del Congreso Nacional”, fundamentó Martínez.

Para Stolbizer y su abogada el Poder Ejecutivo, mediante el DNU, “asumió facultades legislativas que le están vedadas”, alteró las “reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano”.

Stolbizer apoyará su demanda en el artículo 99 -inciso 3- de la Constitucion Nacional, que señala que el Ejecutivo nacional “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”, a menos que “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios”.

Además, los legisladores del kirchnerismo reclamarán la derogación del DNU “ómnibus” que firmó el presidente Mauricio Macri para desregular una serie de áreas del Estado y advirtieron que si el oficialismo no pone en marcha la Comisión Bicameral que debe tratarlo, buscarán que pase a votarse directamente en el recinto.

El jefe del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi, calificó como “terrible” el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado el jueves en el Boletín Oficial porque “deroga y modifica más de 140 leyes” y “es una ley ómnibus en donde está claro que Macri se burla del Parlamento argentino”. “Una vez que comiencen las sesiones ordinarias vamos a pedir que se trate en el pleno para tratar de derogarlo”, adelantó Rossi en declaraciones mediáticas, al tiempo que advirtió que el decreto “tiene algunos aspectos que son claramente perjudiciales”.

Rossi cuestionó la potestad que le confiere a las entidades financieras de “embargar las cuentas sueldo” y el cambio en las inversiones que puede realizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que podrá direccionar fondos al mercado financiero.

Los DNU deben ser analizados por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que, a pesar de ser la única que puede funcionar todo el año independientemente de que se convoque o no a sesiones extraordinarias, todavía no está constituida.

La Cámara de Diputados ya designó a sus ocho representantes en ese cuerpo pero el Senado todavía no hizo lo propio, pese a que tiene un plazo de diez días hábiles para analizar y emitir dictamen sobre el decreto. Por esa razón, el diputado del FPV Marcos Cleri -que presidió la Bicameral hasta el 10 de diciembre pasado- señaló a NA que “si no se conforma la comisión, el DNU debe pasar al pleno de la Cámara para ser votado”.

“Nosotros pedimos el 10 de diciembre que se constituya la comisión. Evidentemente el oficialismo no quiso porque estaban esperando este decreto y quieren pasar enero y febrero sin problemas”, evaluó el referente de La Cámpora.

El trámite parlamentario para los DNU dicta que la Comisión Bicameral debe pronunciarse sobre su validez o invalidez y elevar un dictamen al pleno de cada Cámara: para que un decreto deje de tener validez debe ser rechazado por las dos Cámaras y la aprobación de solo una de ellas permite que siga vigente.

Desde la sanción de la ley que regula los DNU en 2006, nunca un decreto fue rechazado por el Congreso y rara vez un dictamen de la Bicameral llegó a ser votado por las dos Cámaras.

Los votos en el Congreso con la nueva composición 2018

El kirchnerismo tiene más posibilidades de pulsear por la derogación del decreto “ómnibus” si la votación pasa directamente al recinto que si se constituye la comisión.

Mientras que Cambiemos se encamina a blindar la Bicameral con una mayoría propia y el kirchnerismo quedaría allí con muy pocos votos, a diferencia de lo que ocurrió en los últimos dos años.

La mayoría opositora de esa comisión durante 2016 y 2017 le valió al oficialismo una seguidilla de rechazos de nulo valor formal (porque casi ningún dictamen llegó al recinto y nunca las dos Cámaras rechazaron un DNU) pero de significancia política. Cambiemos estaría por contar con 8 de los 16 legisladores que integran la comisión lo que le permitiría reclamar también la presidencia del cuerpo que, en caso de empate, tiene voto doble.

En ese esquema, el justicialismo negociador que se referencia en el senador Miguel Pichetto y el diputado Diego Bossio podría contar con 4 lugares y el kirchnerismo apenas con 3, en tanto que el lugar restante será para un peronista independiente del Senado.

¿Macri seguirá obstinado y autoritario o deberá barajar y dar de nuevo porque los tecnicismos jurídicos y parlamentarios lo acorralarán en una trampa tejida con sus propias manos? Esa es la pregunta que se hacen desde el círculo rojo del presidente, mientras reconocen “excesos”.