Esa red de espionaje ilegal fue más allá de los integrantes del Poder Judicial. Así lo dijo el fiscal Gerardo Pollicita: “Las actividades ilícitas desarrolladas por la asociación criminal investigada no
se habrían limitado solamente a la vulneración de las comunicaciones ni tampoco habrían tenido como únicos destinatarios a funcionarios del Poder Judicial, sino que se habría tratado de una red de espionaje más amplia cuya actividad habría tenido como “objetivos” a cientos de personas (como) políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros”.