La brecha abierta por Trump en las redes sociales: libertad de expresión o censura de publicaciones

libertad de expresión con la toxicidad, las redes sociales han intentado en los últimos años hacer de policías judiciales. Moderando contenidos que, supuestamente, infringían sus términos de uso. La orden ejecutiva de Donald Trump ha abierto una profunda crisis en Estados Unidos sobre los distintos modelos de regulación en las plataformas de medios sociales. Una petición, por la cual solicita la postura del organismo regulador en comunicaciones electrónicas, puede tener un notable impacto en la manera que los gigantes de internet gestionan las publicaciones de sus usuarios. La antesala de esta situación es la decisión de Twitter, multinacional estadounidense propiedad de la red de microblog, de insertar una serie de etiquetas para advertir de la presencia de mensajes que pueden vulnerar sus términos de uso. Fue en dos ocasiones, una de ellas para añadir una polémica calificación: «glorificación a la violencia». Un inocente movimiento que le ha valido para prender la mecha de la discordia: ¿deben las redes sociales limitar los discursos políticos? ¿Deben intervenir como defiende Twitter? En el otro lado del debate se ha encontrado Facebook, que ha vivido una semana llena de dispuestas internas y malestar de sus trabajadores que han criticado con dureza las políticas de su líder, Mark Zuckerberg, hacia los mensajes del presidente estadounidense. La postura del empresario es la de no intervención: «Las empresas privadas no deberían ser los árbitros de la verdad». El gran desafío ahora es conseguir que las plataformas de medios sociales sean los responsables de los comentarios de sus usuarios. Algo que requiere de una modificación en el privilegiado estatus del que han gozado desde su aparición hasta convertirse en grandes conglomerados. Los expertos coinciden en que no tienen sentido impunidad de una red social a la hora de permitir la difusión de cierto contenido sin atajarlo rápidamente. «Cuando en su momento se estableció la no responsabilidad de los prestadores de servicios (en España, en 2002) no se previó con acertado rigor lo que estaba por venir», recalca Samuel Parra, jurista digital, en declaraciones a ABC. «Este es un debate que se lleva planteando desde hace años», recalca en conversación telefónica con este diario Borja Adsuara, experto en derecho en internet y ex director general de Red.es. Este experto recuerda que el contexto de la aparición de las redes sociales se optó porque no fueran responsables de los contenidos que subieran sus usuarios hasta tener conocimiento efectivo de que se cometiera una ilegalidad, como por ejemplo la difusión de material pedófilo o vulneración de derechos de autor. Proliferación de «fake news» A medida que las redes sociales se han hecho más poderosas y han escalado a todos los estamentos de la sociedad, la polarización se ha instaurado en la conversación. El blanco o negro, el estás conmigo o contra mí llegan, en muchas ocasiones, al extremo del insulto. La proliferación de las llamadas «fake news» o noticias falsas fue la excusa para implantar sistemas revisión de publicaciones. Las compañías, desde hace un tiempo, han apostado por una combinación de equipos de verificadores humanos y algoritmos de detección para moderar los millones de mensajes que procesan diariamente sus servidores. Un nuevo ecosistema que ha despertado el fantasma de la censura. De hecho, el presidente Trump ha argumentado desde mucho tiempo que las empresas de redes sociales son de izquierdas. En una reciente entrevista para ABC, Cristina Tardáguila, directora adjunta del International Fact-Checking Network (IFCN), una red global de investigadores y periodistas dedicada a desmentir bulos, defendía el carácter «apolítico» de la organización, que colabora con empresas como Facebook o Twitter. «[Los “fact-checkers”] siempre van a exponer y chequear a los que tienen el poder», recalca Tardáguila, quien insiste: «El fact-checker siempre va a verificar al poder, independientemente del partido». «En principio no son responsables, porque la red social no es como un periódico que tiene línea editorial. Una plataforma de comunicación electrónica es más parecido a una operadora de telecomunicaciones. Algunos quieren que sean como un medio de comunicación y otros piensan que solo un juez es quien debe decir si se retira una publicación», argumenta Adsuara, que estuvo implicado en la redacción de la Ley de Servicios de la Sociedad de la información y del Comercio Electrónico (LSSI) española en 2002. A diferencia de la Unión Europea, que desde hace veinte años cuenta con un marco legal para que las plataformas electrónicas se hagan responsables de lo que albergan, la ley estadounidense de 1996 impide que las redes sociales puedan ser denunciadas por el contenido de sus usuarios. En la ley de 2002 se dice que un prestador del servicio no tendrá responsabilidad sobre lo que alojen terceros (o publiquen un tercero) si no tiene conocimiento efectivo de que la publicación es ilícita o si tiene ese conocimiento no actue con diligencia para retirar el contenido. «Eso en la era pre-twitter, pre-facebook... podría tener sentido. En la actualidad creo que se deberían arbitrar mecanismos más ágiles para que las personas que se vean afectadas por la publicación de contenidos en redes sociales vean atendidas sus solicitudes. Creo que las redes sociales sí deberían ser conscientes de este problema y ofrecer mejores soluciones y más rápidas frente a la retirada de contenidos, deben dedicar más recursos», argumenta Parra, quien apunta: «Esto debería hacerse a través de acuerdos estatales y no tanto a través de leyes». Cuestionables normas de uso Entre la retahíla de cláusulas que se suelen encontrar en las normas de uso de las redes sociales se encuentran los discursos de odio. Un marcaje algo ambiguo que ha dado pie a grandes polémicas en el pasado. «Si es un delito se notifica a la policía. Si modera una red social ya está editando contenido», insiste. «Entre todos hemos venido haciendo que las redes sociales hicieran de policías y jueces en los contenidos de las publicaciones, y han retirado contenidos que no eran ilegales sino inadecuados», manifiesta Adsuara, quien aduce que «las normas de uso no pueden limitar el derecho fundamental de la libertad de expresión». Y añade: «No quiero que Twitter defina lo que es verdad o mentira, y sea el censor. Prefiero mil “haters” que un solo censor». «Hoy en día no tiene sentido es la impunidad de una red social a la hora de permitir la difusión de cierto contenido sin atajarlo rápidamente. Sí creo que les deberíamos exigir actuar con más celeridad o por lo menos tener un sistema de prebloqueo donde de forma cautelar el dato se suprima temporalmente hasta que se pueda estudiar con calma. De hecho el tema de datos personales el RGPD lo ha configurado así en algunos supuestos, aunque nadie en mi experiencia nadie está cumpliendo esa parte del RGPD», reconoce Parra. Batalla trascendental Dos fuerzas pugnan ahora entre sí: el derecho de una empresa como Twitter a defender su postura de revisión de contenidos y la de la sociedad en su intento de capear la censura. «Lo único que limita la libertad de expresión es la ley. Y, en caso de duda, en favor de la libertad de expresión porque es la pieza angular del sistema democrático. La excepción es cuando esté tipificado en el código penal». El decreto, nacido de un ataque de ira de Trump, pretende eliminar un escudo legal que disfrutan las empresas de redes sociales si deciden suprimir contenido «de mala fe». Un punto de inflexión a la era dorada de las empresas digitales, que no tenían en cuenta lo que los usuarios ingresaban en sus servicios. Es una batalla que todavía no ha acabado. La semana pasada, según informa «The Times», el Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT), un grupo sin ánimo de lucro respaldado por Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft y Twitter, presentó una demanda en un tribunal de distrito federal en Washington DC alegando que la orden de Trump violaba las libertades de las empresas de redes sociales y sus usuarios.