DÍA DEL TRABAJADOR

La presidenta de la Nación utilizó las redes sociales para saludar a los trabajadores en su día. "Los abrazo a todos y todas muy fuerte. Feliz día para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra Patria", escribió.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner saludó hoy en su día a los trabajadores y dejó en claro que "mientras haya quien aún no tiene trabajo, o no está registrado o no goce de un salario digno, la tarea que empezó Néstor Kirchner" y el modelo "de crecimiento con inclusión social, estará inconcluso".

En cuatro mensajes enviados esta tarde desde su cuenta personal de Twitter, la jefa del Estado llamó a los argentinos a cuidar "lo logrado" y a "redoblar el compromiso".

En el primero de los tuits, Cristina publicó una foto de Néstor Kirchner junto a ella y un grupo de obreros, y escribió: "Día del Trabajador. 1 de Mayo en una Argentina diferente, inimaginable hace unos años atrás".

"Cuidemos lo logrado y redoblemos el compromiso porque mientras haya quien aún no tiene trabajo, o no está registrado ... o no goce de un salario digno, la tarea que empezó Néstor Kirchner y nuestro modelo de crecimiento con inclusión social, estará inconclusa", se explayó en otros dos mensajes la mandataria.

"Los abrazo a todos y todas muy fuerte. Feliz día para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra Patria", finalizó la Presidenta.

SOSTIENEN QUE LA PROCURACIÓN LE DEBÍA 235 DÍAS DE DESCANSO NO TOMADOS. PERO EL VIAJE A EUROPA Y OTROS TESTIGOS LO DESMIENTEN.

El fiscal Alberto Nisman tenía, al momento de su muerte, unos 235 días de vacaciones no gozadas, acumuladas a lo largo de diez años. De acuerdo con los registros, prácticamente nunca había hecho uso de sus licencias anuales. Periódicamente le pedía a la Procuración General de la Nación que le acumulara esos días para no perderlos, haciendo una suerte de excepción a la reglamentación vigente, reveló Tiempo Argentino.

Nisman argumentaba que la complejidad de la investigación por el atentado contra la AMIA le impedía tomarse vacaciones. Sin embargo, en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Viviana Fein por la muerte del ex titular de la UFI Amia, aparecen varios tours al exterior que difícilmente puedan justificarse como "viajes de trabajo": México, Jamaica, Chile y, el último, el recorrido por Europa para celebrar los15 años de su hija mayor. Ese es el viaje que interrumpió, en un contexto de durísimo cruce con su ex mujer, Sandra Arroyo Salgado, para regresar a Buenos Aires y presentar la denuncia contra el gobierno por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por la voladura de la mutual judía.

Estaba de vacaciones. Arroyo Salgado recordó una conversación telefónica que se produjo "entre el 2 y el 9 de enero", cuando Nisman ya estaba en Europa con su hija pero ella aún no había viajado. Lo notó "un poco preocupado con relación a su situación laboral". La jueza federal de San Isidro declaró en el expediente: "Me dijo que él no sabía qué hacía ahí, en el viaje, que todos se habían quedado en la feria, que eran tiempos difíciles, a lo que le dije 'Alberto, disfrutá del viaje con tu hija'."

Nisman cobraba en bolsillo un salario de unos 92 mil pesos mensuales. Un rápido cálculo matemático arroja que la Procuración General de la Nación le adeudaba más de un millón de pesos por vacaciones supuestamente no gozadas. Muerto el fiscal, sus deudos formularon un reclamo formal por el pago de esas licencias vacacionales. También pidieron la liquidación final por el abrupto fin de la relación laboral causado por el deceso. La Procuración debería pagar ese monto porque ciertamente, durante toda la gestión de Nisman al frente de la UFI Amia, no auditó ni esa situación vinculada con las vacaciones, ni ninguna otra.

Previo a cada viaje al exterior, Nisman obtenía (porque alguien lo confeccionaba) una suerte de guía turística con lugares a visitar, comidas y bebidas típicas, costumbres y otras cuestiones vinculadas con el esparcimiento. La modelo publicitaria Florencia Cocucci reconoció que estuvo con Nisman en Cancún, pero dijo que se encontraron allá. No fue ese el único viaje del fiscal a México. También hay registros de alojamiento en un lujoso penthouse de Puerto Vallarta.

Para un viaje a Chile, pidió a la Procuración que se le habilitara un teléfono Nextel con conexión internacional porque debía mantenerse en comunicación permanente con la UFI Amia para no desatender la investigación. Ese viaje es el que compartió con el empleado informático Diego Lagomarsino. El propio Lagomarsino declaró que el objetivo de Nisman en ese viaje fue comprar un traje.

nterpol busca a Stiuso

La Policía Federal informó a Interpol Buenos Aires la orden judicial para que el ex jefe de Operaciones de la SIDE, Antonio 'Jaime' Stiuso, vaya a declarar. La medida es el paso previo a que Interpol Buenos Aires ordene la captura internacional del ex agente de inteligencia.

La Unidad Fiscal AMIA había emitido una orden para que la Policía Federal localice al ex jefe de Operaciones de la SIDE y lo lleve a declarar por medio de la fuerza pública.

La orden fue redactada luego de que el ex espía no se presentara a declarar ante las nuevas autoridades de la fiscalía. La unidad pretendía interrogarlo sobre su participación en la investigación del atentado a la AMIA.

"Encomiéndese a la Policía Federal Argentina la averiguación de su actual paradero y, una vez habido, su traslado por intermedio de la fuerza pública a la sede de esta Unidad Fiscal", dice la orden.

Los nuevos fiscales de la UFI-AMIA citaron a Stiuso para que brindara explicaciones sobre su colaboración con Nisman en el marco de la investigación del atentado contra la mutual israelita.

El Diputado nacional Gustavo Martínez Campos, miembro de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, participó, en carácter de invitado especial, del Cuarto Encuentro de Transporte Fluvial, organizado por el Instituto de Desarrollo Regional, el lunes pasado, en la ciudad de Rosario, de un importante cónclave de transporte fluvio-marítimo de la República Argentina, con la presencia de los mayores referentes del sector. El acto se realizó en el Salón Mercurio, de la Bolsa de Comercio, presidido por la profesora Mónica Fein, intendenta anfitriona, el ingeniero Juan Carlos Venecia, presidente del Instituto de Desarrollo Regional y el Sr. Raúl Meroi, titular de la institución.

El objetivo de este encuentro fue el  de “Concientizar y Profundizar el desarrollo del sistema portuario fluvial argentino”, en lo relacionado a sus principales vías navegables -ríos Paraná, Paraguay y Uruguay-  y sus diferentes problemáticas, referidas a la navegabilidad, dragado, seguridad, desarrollo e inversiones. La temática del Transporte Fluvial fue analizada desde la perspectiva pública y privada, como desde el análisis estratégico de las importantes vías navegables de la región.

El programa se dividió en distintos paneles y conferencias del cual participaron, entre otros invitados. En la apertura disertó el ingeniero Raúl Escalante, director de la Escuela de Graduados en Ingeniería Portuaria, de la Universidad de Buenos Aires, sobre las “Perspectivas del transporte fluvio-marítimo y las exportaciones agroalimentarias argentinas”. De inmediato, el licenciado Ricardo J. Sánchez desarrolló la temática de los “Desafíos y escenarios del transporte marítimo y gobernanza portuaria en Sudamérica”. En otra instancia de la jornada, expuso la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, a través del Sr. Antonio Juan Sosa, vicepresidente corporativo de Infraestructura y del Sr. Rolando Terrazas, director de Proyectos de Infraestructura (Región Sur), acerca de su mirada visión institucional de “Infraestructura e Hidrovías”, respectivamente.

En otro sector del Encuentro, Guillermo Wade, gerente de CAPYM y Miguel Álvarez, presidente de CASIN, ofrecieron su “Visión de los actores del sistema fluvio-marítimo regional”. Después, el ingeniero Adalberto Tokarki, director de la Agencia Nacional de Transporte Aquaviáros analizó las “Ventajas competitivas, oferta y demanda de cargas en la Hidrovía Paraguay-Paraná”.

El cierre de jornada se dedicó al tópico “Puertos Públicos Argentinos: complementariedad y estrategias comunes”, a cargo del Dr. Jorge Otharan, subsecretario de Actividades Portuarias, de la provincia de Buenos Aires, acompañado por Ángel Elías, presidente de ENAPRO; Roberto Benítez, administrador del Puerto de Barranqueras; Sebastián Fumis, presidente del Puerto de Santa Fe, Juan Carlos Venecia, presidente del Instituto de Desarrollo Regional y Eduardo Alejandro Vischi, Ministro de Coordinación y Planificación, de la provincia de Corrientes.

Homenaje y distinción

El martes siguiente, el diputado Martínez Campos participó del acto conmemorativo del Octogésimo Aniversario de la Liga Naval Argentina, al pie del Monumento Nacional a la Bandera. El legislador chaqueño fue invitado al izamiento del pabellón patrio, acompañado por el contralmirante Germán Cibeira, presidente de la Liga Naval Argentina, el prefecto general (RE) Pedro Cuesta, responsable de la Liga Naval, de Buenos Aires, y el Dr. Guillermo Tschopp, presidente de la Liga Naval, delegación Rosario, respectivamente. La jornada prosiguió con una ofrenda floral tributada al río Paraná, una misa recordatoria y un homenaje a los precursores de Mayor Conciencia Fluvial y Marítima. El cierre de la jornada fue un almuerzo de camaradería con entrega de distinciones de reconocimiento. Durante el mismo se otorgó una plaqueta distintiva al diputado Martínez Campos por su trabajo y servicio en su cargo de secretario de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, del Parlamento nacional.     

EL FISCAL LE ASEGURÓ A LA AGRUPACIÓN 18J QUE TENÍA UNA ESCUCHA CLAVE, PERO QUE LA EX SIDE ESPERABA "EL MOMENTO POLÍTICO OPORTUNO".

POR GABRIEL MORINI/"La SIDE está esperando el momento político oportuno para presentar esta información." La frase fue transmitida, a modo de confesión, por el ex fiscal Alberto Nisman, en una reunión privada con familiares de víctimas del atentado a la AMIA, en octubre de 2013. Allí reveló la presunta existencia de una prueba clave para la causa por la voladura, que estaba en poder de la Secretaría de Inteligencia, que, en los hechos, comandaba el expediente. Nueve testigos y un abogado querellante escucharon de boca del fiscal que, por primera vez en 20 años, habría una prueba contundente para unir al cochebomba con los iraníes: una escucha telefónica entre el supuesto facilitador de la Traffic, Carlos Alberto Telleldín, y uno de los sindicados como autores intelectuales del atentado, Mohsen Rabbani. Esa evidencia nunca fue incorporada en la causa, pese a los pedidos de los familiares, que quedaron documentados, y a la respuesta formal del fiscal, reveló Tiempo Argentino.

El 10 de marzo, el episodio fue puesto en conocimiento de los nuevos investigadores a cargo de la unidad, que se mostraron sorprendidos con la información, desconocida hasta por los propios colaboradores de Nisman. El dato sobre la existencia de esa presunta escucha y el direccionamiento de la causa por la ex SIDE se suma a la documentación nunca aportada a lo largo de diez años por el ex director general de Operaciones, Antonio Horacio Stiuso, hecho por el que fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Ocultó una prueba clave para resolver el atentado a la AMIA? ¿La SI tenía un control total sobre la causa?

La reunión con los integrantes de la agrupación 18J se llevó a cabo en un clima de tensión con Nisman, en el que no faltaron reproches por la ausencia de avances en la causa y en medio de la discusión por el Memorándum de Entendimiento con Irán, en el que el fiscal aseguró que no habría de intervenir. Participaron Sergio Burstein, Daniel Komarovski, Olga Degtiar, Jacobo Furman, Juan Degtiar, Alejandro Bikman, Fabián Duek, Gabriel Fryszberg y Graciela Lineal, acompañados por el abogado Horacio Etcheverry. Todos confirmaron a este diario los detalles del encuentro y la frase que pronunció Nisman en un momento de la conversación, que mostró con naturalidad el grado de influencia de la SI en el curso de la investigación.

"Les voy a comentar algo: tengo información de que un sector de la SIDE tiene un dato importante que son las escuchas entre Telleldín y Rabbani. Es la primera vez que tenemos algo concreto y contundente sobre la investigación", reconoció Nisman sobre el único elemento de prueba en miles de fojas que inequívocamente uniría al cochebomba utilizado en la AMIA con los acusados iraníes. "Tenemos un problema. La SIDE está esperando el momento político oportuno para presentar esta información", deslizó. La discusión continuó pero luego uno de los familiares volvió sobre el tema y le preguntó cómo podía ser que la Secretaría de Inteligencia especulara con los tiempos para aportar escuchas, si en la teoría era auxiliar de los requerimientos ordenados por Nisman para avanzar en la causa. El fiscal negó haber dicho tal cosa pero Komarovski afirmó haber escrito la frase en un papel porque le llamó la atención. "Vamos a esperar que llegue la información", cerró el debate Nisman, según los testigos.

Al mes siguiente, la querella ingresó un escrito para documentar el contenido de la reunión y le requirió que acelere el pedido de la información revelada. Le exigieron a Nisman que "informe sobre la incorporación a la causa y medidas adoptadas respecto de nuevas pruebas obrantes en poder de terceros, a que hiciera referencia en la reunión que mantuvieron con usted", por las supuestas escuchas que debía aportar Stiuso, "en virtud del tiempo transcurrido y la importancia que pudiera tener para estos autos".

El 4 de diciembre de 2013, Nisman respondió afirmando que todas las pruebas "se encuentran debidamente incorporadas" al expediente pero añadió una sugestiva alusión a la SIDE y a las escuchas. "Sin perjuicio de lo cual existen determinadas líneas investigativas en curso, algunas de ellas actualmente en trámite ante la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de la Nación, destinadas a su profundización y (a) analizar la totalidad de la prueba reunida en la causa a la luz de la base de datos de registros telefónicos", sostuvo el fiscal sin profundizar.

En la reunión ante los fiscales de la UFI AMIA Sabrina Namer, Roberto Salum, Patricio Sabadini y el coordinador Juan Murray los familiares relataron los pormenores del encuentro. Allí, un colaborador de Nisman no disimuló su sorpresa: pensó al ver el escrito ingresado entonces por la querella que "Alberto les había contado (a los familiares) de la denuncia contra la presidenta". A partir de estos elementos es posible inferir que en diciembre de 2013 ya estaba en marcha lo que sería presentado el 14 de enero de 2015 como una denuncia por un supuesto encubrimiento. Sin embargo, no hay datos sobre esa supuesta escucha central para la causa AMIA y por qué nunca se profundizó en el avance de la investigación por el atentado.

AGROTÓXICOS

La fuerte movilización de habitantes que denuncian que casi la mitad de su población muere por cánceres generados presumiblemente por los agrotóxicos, motivó que el municipio entrerriano de San Salvador convocara a especialistas de las universidades de Rosario y de La Plata para realizar un estudio epidemiológico-ambiental, cuya primera etapa se cumplió la semana pasada, con científicos encuestando vecinos casa por casa y tomando muestras de aire, tierra y agua.

Enviada especial

Según una estadística elaborada por los vecinos autoconvocados "Todos por Todos", el 43,3 por ciento de los fallecidos entre 2010 y 2013 murieron como consecuencia del cáncer, cuando el promedio nacional oscila entre el 18 y el 20 por ciento.

Además, en lo que va del año 15 personas ya murieron como por esta patología, cuando en todo 2013 fueron solamente 19, aseguran.

"Acá está pasando algo. Lo que no hay son pruebas médicas porque hasta ahora no había científicos y autoridades que avalaran esta lucha de vecinos independientes", aseguró a Télam Andrea Kloster, integrante de "Todos por todos" que se involucró con el tema tras la muerte de una amiga de un "tumor cerebral fulminante", que la mató en pocos meses.

Para Kloster, la causa es medioambiental: "si estamos en un pozo, con las industrias arroceras dentro de la ciudad, y rodeados de campo, esto es inevitable. Porque si los agrotóxicos son tan dañinos, ¿cómo no te va a perjudicar?".

"HAN TIRADO DE TODO EN NUESTRAS TIERRAS Y SIN PROTECCIÓN, POR IGNORANCIA", AGREGÓ.

   "Acá está pasando algo. Lo que no hay son pruebas médicas porque hasta ahora no había científicos y autoridades que avalaran esta lucha de vecinos independientes"

   Andrea Kloster, integrante de "Todos por todos"

Conocida como "Capital Nacional del Arroz", San Salvador es una localidad de 13.200 habitantes del centro este de Entre Ríos.

En los últimos años, el cultivo de arroz ha perdido mucho terreno en beneficio de la soja. Y tanto uno como otro cereal requieren ser tratados con gran cantidad de pesticidas y herbicidas (con el glifosato a la cabeza), que en el campo de cultivo se pulverizan a través de aviones fumigadores o de tractores "mosquito", que no siempre respetan la prohibición de circular sólo a partir de los 400 metros por fuera del casco urbano.

Por otro lado está el polvo blanco cargado de agroquímicos que eliminan constantemente los molinos arroceros al secar el grano -o separarlo de la cascarilla-, que los vecinos tocan y respiran.

Particularmente grave parece ser la situación en el barrio Centenario, un sector de cinco manzanas levantado en terrenos que antes ocupara una antigua pista de aterrizaje de aviones fumigadores, con sus respectivos hangares: además de cargar y lavar allí las avionetas, los vecinos aseguran que en una época se enterraban los tachos, contaminando aún más las napas.

Alertados por lo que veían a su alrededor, los vecinos comenzaron a organizar marchas a fines de 2013 que se repitieron cada siete o 15 días, hasta que obtuvieron la primer respuesta del Municipio: la conformación de una mesa ambiental.

El siguiente paso dado por las autoridades fue el encargo de un estudio epidemiológico-ambiental: entre el lunes y el miércoles de la semana pasada, un equipo de 25 personas, entre médicos y estudiantes del último año de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), encuestaron una de cada cuatro casas, indagando cuestiones como enfermedades y causas de muerte de sus habitantes en los últimos 15 años.

El coordinador del relevamiento epidemiológico y jefe de la práctica final de la carrera, Damián Vercenassi, explicó a Télam que ya se han realizado encuestas similares en otras 21 localidades de cuatro provincias.

"Lo que estamos viendo en estos lugares es un cambio en las formas de enfermar y de morir ", dijo a Télam.

Los campamentos sanitarios mostraron "un aumento de las enfermedades endocrinas, respiratorias y alérgicas", mientras que "la causa de muerte que aparece con mayor fuerza, es el cáncer", aseguró.

Por su parte, el coordinador del relevamiento ambiental, el doctor en ciencias exactas y profesor de la cátedra de Química Ambiental de la Universidad de La Plata Daniel Marino, aseguró que "el vecino que vive en el lugar hace observaciones de una calidad muy importantes", que en la mayoría de los casos terminan siendo corroboradas por los estudios científicos.

Según explicó, el relevamiento realizado con un grupo de estudiantes consistió en "un recorrido por todo el pueblo para ver cómo es la geografía, la distribución de los galpones y de los tanques de provisión", seguido de un monitoreo del agua de consumo, de los arroyos, las partículas dispersas en el aire y el suelo de los espacios públicos.

Antes incluso de llegar a San Salvador, ya tomaron nota de "una gran masa de partículas sobre el pueblo", que el equipo detectó desde la ruta, cuando ingresaba a la localidad.

Los resultados finales del diagnóstico, producto del entrecruzamiento de los datos epidemiológicos y ambientales, estarían listos en 4 a 6 meses, según explicaron ambos especialistas.

FUENTE: TELAM

EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBROS

La jueza federal subogrante de Río Grande Mariel Borruto ordenó llevar a delante medidas de prueba para "corroborar las hipótesis delictivas" en la causa que investiga a empresas transnacionales por la exploración y extracción ilegal de hidrocarburos en la cuenca de las Islas Malvinas.

De esta forma, Borruto dio curso a la presentación de los fiscales Marcelo Rapoport, Adrián García Lois y Carlos Gonella, que el 20 de abril formalizaron la denuncia contra las empresas Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.

Según se informó a través del portal Fiscales, las medidas de prueba sugeridas por los Rapoport, García Lois y Gonella apuntan a establecer la evolución y composición del patrimonio de las empresas transnacionales involucradas y a la identificación de sus directores.

La denuncia es por la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", y otros delitos que se desprenden de esas acciones, como la contaminación ambiental y el contrabando.

En ese marco, Borruto solicitó informes a diferentes organismos del Estado que le habían sido propuestos la semana pasada por el fiscal federal local, el fiscal de distrito y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

De esa forma, la magistrada libró oficios a la Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de Valores, la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Prefectura Naval y la Inspección General de Justicia.

El objetivo es conocer detalles sobre las empresas involucradas, su evolución patrimonial, si operan en el mercado bursátil, como asimismo a identificar a las personas físicas que las integran.

Al impulsar la acción penal, los fiscales remarcaron que deben investigarse violaciones a los tipos penales previstos en el artículo 7 de la ley 26.659, de exploración y explotación de hidrocarburos de la Plataforma Continental Argentina, que prevé hasta 15 años de prisión y el doble del tiempo de la condena para ejercer el comercio.

Además prevé el decomiso de los bienes vinculados -cuestión impulsada por los fiscales en carácter de medida cautelar- a quien incurra en la exploración y extracción de hidrocarburos sin autorización en esa zona.

Y recordaron que la ley establece que "la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible".

La investigación también alcanza a otras sociedades que, directa o indirectamente, "habrían efectuado y/o estarían efectuando aportes de diversa índole a la maniobra delictiva", como Pretoleum Geo-Services (PGS), la cual mediante los buques de sus propiedad “PGS M/V Ramford Sterling”, “PGS Ramform Titan” y “Falcon Explorer”, habría realizado tareas de relevamiento y análisis de datos estratégicos para la evaluación de la sustentabilidad de los yacimientos.

Por su parte Desire Petroleum p.l.c. habría suministrado datos sísmicos de utilidad y cuyo capital habría sido adquirido en 2013 por FOGL; Neptune EHF, propietaria del buque oceanográfico “MV Poseidon”, el cual habría sido utilizado por FOGL para llevar adelante estudios geoquímicos y de líneas de base ambientales; y Ocean Rig, dueña de la plataforma semisumergible “Eirik Raude”, con la cual se estarían realizando tareas de perforación en el lecho submarino.

TRAS LA MUERTE DE DOS NENES ACUSAN AL GOBIERNO PORTEÑO DE PROTEGER LOS TALLERES CLANDESTINOS

Un inspector porteño denunció que el Gobierno de la Ciudad oculta denuncias y advierte a los talleres antes de algún control. La denuncia de La Alameda.

El inspector porteño, Edgardo Castro denunció que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “aplica un mecanismo de protección a los talleres clandestinos” que evita que los mismos puedan ser clausurados.

“Este mecanismo se aplica permanentemente. Este taller ya había sido denunciado. ¿Por qué seguía funcionando? Porque el director general de Protección del Trabajo, Fernando Macchi, en lugar de proteger a los trabajadores como su función lo indica, protege a los empleadores, y en este caso peor aún porque protegió a un taller clandestino”, subrayó Castro a Télam.

Explicó que Macchi, “cuando le llega una actuación de algún inspector sobre irregularidades en una empresa, o que descubre un taller clandestino, en lugar de proceder a su fiscalización para su clausura, notifica por escrito al empresario que hay una denuncia en su contra y le avisa que lo pueden clausurar”.

“Entonces, ya avisado, el empresario toma los recaudos necesarios para evitar una próxima inspección, porque cuando llegan inspectores con poder de clausura, o no les abren, o directamente los sacan corriendo, porque se sienten poderosos, amparados, protegidos por el gobierno porteño”, afirmó Castro.

Así, puntualizó que el gobierno de Macri “notifica a los denunciados, los pone en alerta, y así se arma una verdadera mecánica de protección de los talleres clandestinos”.

El inspector porteño, Edgardo Castro denunció que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “aplica un mecanismo de protección a los talleres clandestinos” que evita que los mismos puedan ser clausurados.

“Este mecanismo se aplica permanentemente. Este taller ya había sido denunciado. ¿Por qué seguía funcionando? Porque el director general de Protección del Trabajo, Fernando Macchi, en lugar de proteger a los trabajadores como su función lo indica, protege a los empleadores, y en este caso peor aún porque protegió a un taller clandestino”, subrayó Castro a Télam.

Explicó que Macchi, “cuando le llega una actuación de algún inspector sobre irregularidades en una empresa, o que descubre un taller clandestino, en lugar de proceder a su fiscalización para su clausura, notifica por escrito al empresario que hay una denuncia en su contra y le avisa que lo pueden clausurar”.

“Entonces, ya avisado, el empresario toma los recaudos necesarios para evitar una próxima inspección, porque cuando llegan inspectores con poder de clausura, o no les abren, o directamente los sacan corriendo, porque se sienten poderosos, amparados, protegidos por el gobierno porteño”, afirmó Castro.

Así, puntualizó que el gobierno de Macri “notifica a los denunciados, los pone en alerta, y así se arma una verdadera mecánica de protección de los talleres clandestinos”.

El gobierno de Macri “notifica a los denunciados, los pone en alerta, y así se arma una verdadera mecánica de protección de los talleres clandestinos”.

El inspector recordó que “en la época en que Aníbal Ibarra era jefe de Gobierno porteño, hubo un siniestro similar en un taller clandestino en la calle Luis Viale, en Flores, donde murieron dos chiquitos”.

“La diferencia con Macri es que Ibarra en esa ocasión denunció al director de Trabajo, Florencio ‘Pichi’ Varela. En cambio ahora no va a ocurrir lo mismo con Macchi, quien debería renunciar, porque él recibió la denuncia, y notificó al taller en lugar de ir a clausurarlo”, sostuvo Castro, quien denunció las irregularidades en el depósito de Iron Mountain tres años antes que se produjera el incendio que le produjo la muerte a diez bomberos, declarado intencional por la Policía Federal.

El inspector también criticó al superior de Macchi, el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, al señalar que “si se hubieran hecho 60.000 inspecciones, como él dijo, no habría un taller clandestino en la ciudad, y ni un solo trabajador en negro”.

La denuncia de La Alameda

Sobre la tragedia, el titular de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, señaló sobre las irregularidades: "No solo teníamos conocimiento, sino que habíamos radicado la denuncia de seis talleres en la misma cuadra, incluyendo el que se incendió. El dueño escondió en uno de estos talleres a los costuristas que sobrevivieron al incendio. Ya habíamos hecho la denuncia en septiembre del año pasado y nunca los investigaron".

En declaraciones a radio El Mundo, el ex precandidato a Jefe de gobierno porteño apuntó que "los talleristas venden la mercancía a veces a La Salada, a los manteros que los explotan, porque los manteros tienen que pagarle a los talleristas y después a la policía que pide coimas para que puedan seguir operando".

Además, Vera puntualizó que "no hay comisaria que no recaude ilegalmente alrededor de 4 millones de pesos por mes y esto se divide en el presupuesto para el funcionamiento de las comisarias, una segunda parte que va para los altos oficiales de las comisarias en donde se puede comprobar fácilmente. Si uno saca fotos a las propiedades de los comisarios y subcomisarios va a ver que no condice con su salario. Y la tercera parte va a los responsables la política de seguridad de la zona.

"No hay comisaria que no recaude ilegalmente alrededor de 4 millones de pesos por mes".

"En este taller lo que pasó es que a los chicos de los costureros se los guarda, así no entorpecen la producción y en este taller que se incendió, los chicos estaban en un cuarto en el piso de arriba. La comisaria 50 recauda coimas de todos los talleres instalados en Floresta", denunció.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, analizó hoy en una nota de opinión cómo el diario The Washington Post pasó de ser un icono periodístico con fuentes como "Garganta Profunda" en el caso Watergate, a la defensa de los Fondos Buitre que tienen los "bolsillos llenos de dólares mal habidos".

Bajo el título: "De 'Garganta Profunda' a los graznidos de Paul Singer", el jefe de ministros publicó en el matutino Página/12, que el editorial del jueves pasado del diario estadounidense "con tono aparentemente azorado, pero con eco admonitorio, retoma la meneada cuestión del antisemitismo peronista para aplicarla, esta vez, a la defensa militante de los fondos buitre", introdujo el funcionario.

Y agregó que "Con apenas leer su título: "La Presidenta argentina recurre a teorías conspirativas antisemitas" y el primer párrafo del editorial: ("¿Qué tienen que ver los lobbistas en el American Israel Public Affairs Committee y el director de un think tank en Washington con Paul Singer, gerente de un hedge fund, y el fiscal argentino Alberto Nisman...") alcanza para saber hacia dónde van lanzados y, si me apuran, hasta para tener una idea bastante precisa sobre quién ha hecho la operación o, como les gusta a ellos llamarlo, el "lobby"".

Fernández destacó que "si uno pone la palabra "antisemita" en el título y se pregunta sobre la relación de los actores nombrados en el párrafo (American Israel Public Affairs Committee + Paul Singer + Alberto Nisman) la primera respuesta que surge es que la relación es que son judíos".

"Convengamos en que la pregunta que se hace The Washington Post fue largamente contestada por nuestra Presidenta. No voy a volver sobre esos vínculos probados para no ser tedioso... Sólo un detalle: la información utilizada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para su análisis proviene de un artículo firmado por Jorge Elbaum, a quien supongo que The Washington Post no tratará de antisemita, salvo que crean que la DAIA nombra a antisemitas como directores ejecutivos de la institución", indicó el funcionario.

Asimismo, destacó que "es decir utiliza a los actores para exhibir un mensaje subliminal sobre que estamos en default, cosa que el mundo ha desmentido teórica y fácticamente: 1416 millones de dólares en Bonar 24 hablan a las claras de la cero importancia que le dan los inversores de todo el planeta -y las entidades bancarias que operan por ellos- a las amenazas buitres".

Para Fernández, "el editorial es un decálogo de lugares comunes que la operación montada sobre la endeble denuncia de Nisman viene blandiendo desde el primer día. Las palmas se las lleva la frase "el gobierno de la señora Kirchner ha continuado cortejando a Teherán", escrita pocos días después del acuerdo nuclear firmado por el presidente Barack Obama con la República Islámica de Irán. Si no fuera algo tan serio, parecería un chiste", consideró el jefe de ministros.

Por otra parte, remarcó que "el editorial parecería querer avisarles a sus lectores de dónde surge el lobby que los obliga a escribirlo. Dice: "El think tank del señor Dubowitz ha publicado documentos sobre las relaciones argentino-iraníes, mientras que American Israel Public Affairs Committee ha criticado el acuerdo nuclear preliminar con Irán de la administración de Obama" y, seguido, se pregunta: "¿Están confundidos?".

"Y a uno le dan ganas de gritarles con las manos como megáfono: Sí, están confundidos. Que ellos, que supieron ir hasta el hueso mismo de la noticia en el caso Watergate, escuchando la voz de "Garganta Profunda", hoy han elegido surfear sobre la superficie de una especie inventada, fruto de los graznidos de los cogotes desplumados de los buitres. Desplumados sí, pero con los bolsillos llenos de dólares mal habidos", concluyó Aníbal Fernández.

POR GABRIEL MORINI/Un ex oficial de la división de video de la Policía Federal dijo que el registro de las cámaras y domos policiales era enviado a la oficina presidencial, y otras áreas de la Casa Rosada que lo tomaban por el canal 4. Demora de la Corte.

El ex presidente Fernando De la Rúa recibió en su propio despacho imágenes en vivo y en directo de la brutal represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. El dato, desconocido hasta el momento, fue aportado ayer por un testigo en el marco del juicio oral y público que se sigue contra los responsables del operativo policial que causó al menos cinco muertes y decenas de heridos, reveló Tiempo Argentino.

Del mismo modo, el testimonio complicó al ex secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, quien siempre negó haber tenido control de lo que sucedía en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, pero que también había recibido las imágenes que tomaba la Policía Federal y eran retransmitidas a través de un canal codificado para los funcionarios que tenían poder de decisión sobre las fuerzas. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia sigue evitando tratar el pedido para que De la Rúa sea enjuiciado por su responsabilidad en las muertes ocurridas durante la caída de su gobierno.

Osvaldo Metallio era un oficial principal de la División Video Operativo de la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Federal Argentina. A su cargo, según declaró ayer ante el Tribunal Oral Federal N° 6, estaba el monitoreo de las decenas de cámaras y domos policiales distribuidos por la zona céntrica y podía tomar control también de las que vigilaban autopistas y accesos a la ciudad. Declaró en el juicio convocado por la defensa del ex titular de la fuerza Rubén Santos, a quien también comprometió en la cadena de mando de quienes tuvieron acceso a las imágenes de la brutal represión pero que dijeron luego no haber podido dar una contraorden porque no estaban al tanto de las muertes sucedidas en la Plaza de Mayo, ni en la zona comprendida por la Avenida de Mayo y la 9 de julio.

Metallio fue el oficial de servicio de la sala que se encontraba en el 4° piso del Departamento Central de Policía, y que abastecía de imágenes a la Sala de Situación de la Dirección General de Operaciones (DGO) durante esas jornadas en seis monitores. De las decenas de domos, el testigo aseguró que se enviaban las imágenes a otras personas incluso fuera del ámbito de la Federal, de acuerdo a la responsabilidad funcional que poseían, como era el caso del Ministerio del Interior, el Secretario de Seguridad y hasta el propio "despacho presidencial", según respondió el testigo a partir de las preguntas formuladas por la querella a cargo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Esas imágenes eran mezcladas y transmitidas a través del denominado "canal 4" donde se enviaban vía decodificador a los despachos ministeriales de quienes tendrían injerencia en los operativos, y que podían visualizarlas en un canal específico dentro del circuito interno. Tanto Mathov como De la Rúa tuvieron acceso a ese canal, según se desprendió de la declaración de Metallio, lo que derriba el argumento defensivo de que solo recibían partes o informes posteriores a los hechos que acontecían en el centro porteño, o que no habían visto las imágenes que los canales de TV y de Cable proyectaban con sus moviles. La grabación del "canal 4" durante el 20 de diciembre está anexada a la causa y da cuenta de la brutalidad de la represión ordenada por el gobierno.

El testigo recordó que, en otra oportunidad, el propio Mathov lo había llamado a la sala de control, se había identificado, y le había pedido un monitoreo de una cámara para que tomara con mayor detalle una zona de la Catedral Metropolitana. Ese detalle hizo reaccionar a la defensa del ex funcionario –el principal acusado a nivel político en el banquillo– ya que siempre negó haber tomado contacto con imágenes del operativo y se desligó de las decisiones sobre las fuerzas de seguridad.

"No teníamos autonomía, sino que transmitíamos en base a las órdenes que recibíamos de la DGO", sostuvo el ex principal de la PFA, lo que también apuntó a la responsabilidad en la cadena de mando de aquellos días de Santos, y de Norberto Gaudiero, a cargo de la DGO.

Desde agosto, la Corte tiene en su poder el dictamen del Procurador General, Eduardo Casal en el que se sugiere que se habilite el recurso para revocar la sentencia en la cual, hace casi tres años, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal eximió al ex presidente de toda responsabilidad sobre los heridos y los muertos de 2001, a partir de considerar insuficientes las pruebas en su contra. Casal, opinó que "corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia recurrida –la de Casación–". Sin embargo, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti ha evitado fijar en el temario del máximo tribunal el tratamiento de su caso, que habilitaría para seguir investigando su responsabilidad en los hechos.

Esta semana, el juicio tuvo otra audiencia clave en la que declaró el policía René Jesús Derecho, quien desmintió que la jueza María Servini de Cubría hubiera sido la responsable de dar la orden de reprimir que después fue transmitida por la Federal.

EN REGRESO DESDE MOSCÚ

Así lo informó poco antes de la medianoche el jefe de Gabinete, quien detalló que la Presidenta se comunicó en pleno vuelo con los funcionarios desplazados a las zonas patagónicas afectadas por el fenómeno.

Aníbal Fernández informó a través de su cuenta de Twitter que “en vuelo de regreso de su visita oficial a Rusia, la Presidenta se ha comunicado con los funcionarios desplazados a las zonas afectadas”.

En ese sentido, el funcionario recordó que la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, y su par de Salud, Daniel Gollan, junto al secretario de Ambiente viajen a la zona afectada.

A su vez, recalcó que “la cartera sanitaria nacional dispuso el envío de insumos a la zona para que los pobladores protejan su salud”.

Fernández detalló que el ministerio de Salud “envió frascos de solución oftalmológica, barbijos comunes y especiales y antiparras descartables.

El jefe de Gabinete señaló que será el Comité de Emergencia el que coordinará las acciones entre Nación, provincias y los municipios afectados.

Además, informó que el senador Miguel Angel Pichetto, la intendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, se sumen al Comité de Emergencia con los gobernadores.