Coronavirus en Argentina: la Cámara de Casación pide analizar prisiones domiciliarias para los presos de riesgo

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Bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF) hay una población de 1.279 internos que son considerados riesgo ante el coronavirus, por su grupo etáreo y las enfermedades preexistentes. Este jueves la Cámara

Federal de Casación Penal solicitó que los respectivos tribunales y jueces de ejecución que deciden sobre el destino de los presos "tomen razón y adopten los recaudos pertinentes" para protegerlos. Sugirieron, entonces, analizar la posibilidad de otorgar "la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo".

El 22 de marzo, el máximo tribunal penal había pedido al Servicio Penitenciario Federal que le envíe datos "sobre las personas privadas de su libertad que conforman el grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes".

La respuesta fue un informe de 92 páginas, en el que se detalla que de una población carcelaria de 14.007 personas hay 1.279 que integran el grupo de riesgo.

Con esos datos en la mano, la presidenta de la Cámara de Casación, Ángela Ledesma, firmó una resolución indicando una serie de medidas que deben adoptar las autoridades judiciales que tienen a su disposición a esos presos.

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El pedido a los Tribunales y juzgados se sustentó en una comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la resolución de los camaristas Gustavo Hornos y Alejandro Slokar que dispuso que se "adopten los recaudos pertinentes" en las cárceles para cumplir con las medidas preventivas dispuestas por Alberto Fernández, en el decreto que ordenó el distanciamiento social obligatorio.

Como contó Clarín, la sobrepoblación en las unidades carcelarias es uno de los temas de mayor preocupación. En el SPF es del 9%. Diferente es la situación del Servicio Penitenciario Bonaerense,  que tiene sobreocupación del 50%, y peor aún la de las comisarías de la provincia, que superan el 206% de sobrepoblación.

Esta situación se conjuga en las cárceles federales con otro factor: los presos de riesgo. Por ello la presidencia de la Casación pidió que se evalúe "de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas".

¿Cómo se confección la lista de internos de riesgo? Para calificarlos en ese grupo, se tuvieron en cuenta las enfermedades preexistentes de los detenidos; por ejemplo, hay 206 internos que tienen EPOC o asma, de los cuales 178 no llegan 60 años. Con diabetes hay 265 presos, y de ellos 193 tiene menos de 60 años. Con 64 años, Lázaro Báez integra el grupo de 73 presos que sí reúnen las dos condiciones de riesgo.

El SPF informó que cuenta con 83 reclusos que padecen insuficiencias cardíacas, 43 de los cuales son menores a 60 años. Quienes padecen insuficiencia renal crónica son cinco, entre quienes tres están por debajo de la edad de riesgo. Los reclusos considerados como enfermos oncológicos suman 43, aunque sólo ocho de ellos superan los 60 años.

En el grupo vulnerable por enfermedades preexistentes se encuentran quienes padecen HIV: 232 internos, casi todos (220) menores de 60. Con tuberculosis hay 31 detenidos, ninguno mayor de 60 años.

"Hepatitis A y B en tratamiento" es una condición que tienen 29 presos y sólo uno de ellos también supera los 60 años. Una de las categorías especificadas sostiene "otras causales", y eso nuclea a 196 reclusos, 125 de los cuales están por encima de los 60 años. "Más de una patología" tienen 76 personas ,y finalmente, "añosos" fueron calificados 108 internos.

Esto arroja un total de 1.279 presos considerados dentro del "Grupo de Riesgo".

Presos por corrupción, y en "grupos de riesgo"

El listado de detenidos con factores de riesgo incluye a Lázaro Báez, que había pedido salir de la cárcel por miedo a contraer coronavirus aduciendo sus enfermedades preexistente: hipertensión, diabetes tipo II y asma bronquial. El empresario K está preso por lavado de dinero desde 2016, y siendo juzgado junto con Cristina Kirchner por presunta corrupción en la obra pública.

Juan Pablo Schiavi (62) condenado por la tragedia de Once, padece de insuficiencia cardíaca, una patología que comparte con José María Núñez Carmona, condenado en el caso Ciccone y amigo de Amado Boudou.

Otro preso por corrupción es Ricardo Jaime (65), ex secretario de Transporte también condenado por la tragedia de Once y con otras cinco causas en juicio oral. Jaime presenta un cuadro de hipertensión arterial. El ex piquetero K, Luis D'Elía -que en reiteradas ocasiones pidió su excarcelación o una morigeración de la misma- padece un cuadro coronario y diabetes, algo que él expuso en diversos escritos.

También condenado por Once está el empresario Claudio Cirigliano (56), ex operador de concesiones ferroviarias y de autobuses en Buenos Aires, que tiene insuficiencia cardíaca.

La lista de presos que están dentro del grupo vulnerable incluye a Claudio Minnicelli, el cuñado de Julio De Vido preso y condenado en la causa de la mafia de los contenedores, que se tramitó en el fuero Penal Tributario. Minnicelli, de 55 años y que estuvo prófugo durante meses, tiene insuficiencia cardíaca.

Detenidos en causas de lesa humanidad

Alfredo Astiz, el represor condenado por crímenes de lesa humanidad perpetrados en la ex Esma, sufre un cáncer de próstata y tiene 69 años. Estos datos los planteó su abogado cuando pidió su prisión domiciliaria ante el temor de que en prisión contraiga coronavirus.

Otro condenado por delitos de lesa humanidad que integra los grupos de riesgo es Raúl Guglielminetti, el exagente de inteligencia argentino perteneciente al Batallón 601 del Ejército. Su diagnóstico muestra que padece EPOC y asma.