A través de distintos comunicados, el Poder Ejecutivo viene generando cierta confusión sobre el corte de servicios públicos, en caso de no poder pagarlos a raíz de la
cuarentena por el coronavirus. La situación ya impacta en las cuentas de las distribuidoras de luz y gas, que ven una caída en el pago de las facturas. Advierten que están incumpliendo muchos clientes que no están exceptuados de abonar sus boletas por la emergencia sanitaria.
El Poder Ejecutivo dispuso, a través de un decreto de necesidad y urgencia, que los clientes de tarifa social y menores categorías de consumo, además de Pymes, pueden acumular tres facturas impagas. Y que esa morosidad no implicará el corte del servicio. Sin embargo, vastos sectores -no exceptuados- entendieron que cualquier cliente evitará la interrupción del suministro. Y creció el nivel de morosidad: en algunos casos llega al 75% de los usuarios.
El lunes, dos comunicados oficiales se encargaron de alimentar la confusión. El Enargas (ente regulador del gas) difundió una información aclarando que “la suspensión del corte del servicio público de gas no se aplica a la totalidad de la población”. Pero, al rato, el ministerio de Desarrollo Productivo lanzó otro comunicado cuyo título era: “El Gobierno nacional recuerda que está prohibido cortar o suspender servicios esenciales”.
“El Gobierno nacional recuerda que los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía móvil, fija e internet y TV por cable no podrán suspenderse o cortarse ya que son considerados esenciales”, informó Desarrollo Productivo.
Para la cartera encabezada por Matías Kulfas, el decreto 311/2020 (del 24 de marzo) “prohíbe a las empresas cortar el servicio por mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, con vencimiento desde el 1° de marzo, por un lapso de tres meses. En ningún caso la empresa puede aducir razones de seguridad”, destacó esa cartera.
Un rato antes de esa comunicación, la del Enargas tenía como encabezado “Prohibición de cortes. Precisiones”. Allí se señalaba que “la prohibición de cortes establecida por el Decreto antes referido procede sólo respecto de aquellos usuarios y usuarias determinados en su Artículo 3º, por 180 días corridos desde su entrada en vigencia”. “En otras palabras, la suspensión de corte del servicio público de distribución de gas por redes no se aplica a la totalidad de la población, sino únicamente a aquellos comprendidos en el DNU”, informó el ente encabezado por Federico Bernal.
Tanto Desarrollo Productivo como Enargas coincidieron en que la medida alcanza a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, pensiones no contributivas, monotributo social, jubilados que cobren la mínima, trabajadores con el sueldo mínimo vital y móvil, electrodependientes y empleadas de casas particulares. También alcanza a MiPyMEs en emergencia, a las cooperativas y empresas recuperadas inscriptas en el INAES; a las empresas de salud públicas o privadas y a las de bien público que participen de la cadena de alimentos".
Pero la forma en que está presentado el alcance del decreto es diferente. Enargas dice que es para beneficiarios específicos en el primer párrafo. Desarrollo Productivo lo aclara en el tercero.
“Asimismo, cabe mencionar que la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Desarrollo Productivo) es quien se encuentra legalmente facultada para incorporar otros beneficiarios y otras beneficiarias del no corte”, informó Enargas.
Hasta hace 10 días, Enargas detalló que Naturgy (Gas BAN) tenía un 75% de caída de sus ingresos, mientras que Metrogas andaba por el 70%. Distribuidora de Gas Cuyana estaba 71% debajo de lo esperado, Distribuidora de Gas del Centro, un 69%. Casi ninguna compañía que lleva gas llegaba ni a un 40% de sus ingresos esperados.
Desde ese comunicado, la situación de las distribuidoras empeoró, según contaron fuentes del sector.
Los desacuerdos entre Enargas y Desarrollo Productivo ya habían tenido un capítulo previo, referido a la compra de gas de las distribuidoras por los próximos tres meses. Enargas quería que cada compañía hiciera una licitación para abastecerse de gas por los próximos 9 meses.
Desarrollo Productivo arregló para mantener los contratos actuales por tres meses más.
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