Polémica por las excarcelaciones: qué son y cómo funcionan los patronatos de liberados

reconectarse con el mundo exterior. Los reclamos de prisiones domiciliarias y excarcelaciones de los presos de grupos de riesgo ante el coronavirus ​los subió nuevamente al escenario.

Estos organismos existen en cada jurisdicción que cuente con un sistema penal. Es decir: Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias. De ellos depende, en gran parte, que la reinserción social sea posible.

"​El concepto de Patronato de Liberados es histórico y casi religioso. En la antigüedad las cárceles, como también los presos cuando salían, quedaban a cargo de los curas", dijo a Clarín el legislador porteño Leandro Halperín (Evolución) y especialista en temas penitenciarios. "En la actualidad tienen otro nombre. Son organizaciones dedicadas a supervisar y acompañar a los privados de la libertad en las salidas transitorias, la libertad condicional o asistida", explicó.

A nivel nacional, el ex patronato de liberados se transformó por ley en 2014 en la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEJ), que depende del Poder Judicial. Recién en 2017 fue reglamentado.

Como principal misión, los trabajadores del organismo son los que se encargan de realizar los informes socioambientales cuando una persona está en condiciones de ser liberada para indagar sobre el ambiente en el que va a vivir. Si siempre trabajaron al límite, con la ola de pedidos de libertades anticipadas y prisiones domiciliarias por la pandemia del coronavirus, ahora la situación es alarmante.

"Nunca pudieron atender. En este contexto hay que priorizar a quiénes supervisar. El Estado no tiene condiciones objetivas, ni recursos para supervisar las prisiones domiciliarias que ya estaban otorgadas. Por eso es importante que así como compraron otros insumos de emergencia, compren tobilleras electrónicas", dijo Halperín, quien es abogado y fue director del programa UBA XXII de educación en cárceles.

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La DCAEJ, además, controla el cumplimiento de las reglas de las libertades condicionales junto a los jueces, la conducta de quienes fueron condenados y su pena quedó “en suspenso”, el cumplimiento de las “probations” y la inspección y vigilancia de quienes estén cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria.

El organismo también se encarga de proporcionar asistencia social eficaz para “las personas que egresen de establecimientos penitenciarios por el programa de libertad asistida, libertad condicional o agotamiento de pena, generando acciones que faciliten su reinserción social, familiar y laboral”, según el texto de la ley 27.080.

En los primeros días de libertad, el patronato debe asistir al liberado y a su familia, ayudándolo a trasladarse al trabajo y regresar, como también brindarle asistencia económica para los primeros días de libertad. Tiene como misión también garantizar el acceso a la educación, salud, vivienda y empleo.

En la provincia de Buenos Aires, el Patronato de Liberados depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. Tiene como “propósito básico” la “prevención del delito a través de la inclusión social, trabajando a fin de superar la vulnerabilidad socialeconómica y el goce efectivo de los derechos en condiciones de igualdad y de no discriminación”, según señalan en la página web oficial.

Según Halperín, "es el que menos mal funciona, en el contexto del peor sistema penitenciario que es el bonaerense".

"No tiene presupuesto suficiente. La Provincia tiene una extensión demasiado grande como para abarcar tantas localidades. La interacción con el SPB es casi nula. Los juzgados no tienen herramientas para controlar porque tampoco tienen presupuesto suficiente, la tecnología no te da la posibilidad de contar con las tobilleras electrónicas para que puedas monitorear y porque la actividad de reinserción social sin recursos, contactos y oportunidades es casi nula. Hacen pan con la harina que tienen", dijo el legislador.

En 2017, el entonces secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, había admitido que el patronato de liberados bonaerense era “un fracaso” ya que en él trabajaban 600 asistentes para controlar a 48.000 detenidos. La Ley 12.256 de Ejecución Penal bonaerense recomienda una cantidad de “un trabajador social cada 30 liberados”.

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En la Ciudad de Buenos Aires también hay una oficina de liberados que depende del Poder Judicial de la Ciudad. “Interviene en el proceso de ejecución de penas y seguimiento de las pautas de conducta impuestas” por los jueces del fuero penal, contravencional y de faltas porteño “en el marco de condenas, suspensión de juicio a prueba y medidas restrictivas dispuestas”, dicen en su página.

Con el traspaso progresivo de algunos delitos a la órbita de la Justicia porteña, como el narcomenudeo o las picadas, fue aumentando la cantidad de condenados a su cargo.

Halperín trabaja en un proyecto sobre la ejecución de la pena en la Ciudad. "Para mi la intervención de estas instituciones tiene que empezar antes y en la prisión. Pero si ni siquiera tienen recursos para afuera, no lo van a tener para adentro", dijo. Por otro lado señaló que es necesario "trabajar según las opciones para cada plan de vida. No podés tener opciones genéricas porque las personas son específicas".

"En el caso de las personas que pasan en prisión, cada persona es un mundo. Si querés que esa persona no vuelva a delinquir tenes que prestar atención a ese mundo. No hacer lo que querés, sino lo que se pueda hacer", cerró el legislador.