El atajo de PSOE y Podemos para reformar el CGPJ y presionar al PP

Judicial. Una fórmula que permite al Ejecutivo ganar tiempo en comparación con el proceso necesario si se hubiese optado por un proyecto de ley del Gobierno. Se trata de un movimiento estratégico para acelerar los tiempos, ya que fuentes gubernamentales aseguran que la propuesta de reforma es fruto de la negociación entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Pero finalmente se ha optado por presentar el texto como una proposición de ley por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para la reforma del procedimiento de elección de vocales del Consejo del Poder Judicial correspondientes del turno judicial y para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones. Se hace por esta vía y no como proyecto de ley del Gobierno. Y esto tiene importantes connotaciones desde el punto de vista de los tiempos. Las partes de la coalición creen que entre dos y tres meses podría aprobarse. Según el artículo 88 de la Constitución Española que «los proyecto de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos» y, esto es la clave, acompañado también «de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos». Aunque la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha insistido en la legitimidad de los grupos parlamentarios para plantear iniciativas legislativas, y ha negado ninguna intención oculta. Pero sin poder negar que esta fórmula puede aportar «agilidad». Esos «antecedentes necesarios» se trata de informes, eso sí no vinculantes, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Este trámite, aunque no impediría al Ejecutivo llevar la reforma al Congreso de los Diputados sí dilataría los tiempos y podría provocar que el proyecto llegase al debate parlamentario con planteamientos contrarios a la constitucionalidad de la norma.