El TC ya avaló la mayoría reforzada en la elección del CGPJ para garantizar su independencia

órgano) se da de bruces con una sentencia del Tribunal Constitucional que en 1986 ya se pronunció sobre ese particular. Un órgano de garantías que presidía entonces el magistrado Francisco Tomás y Valiente estableció que el Consejo no puede ocupar un lugar subordinado al resto de poderes del Estado y de ahí su aval a la mayoría de tres quintos en la elección de la totalidad de los vocales y no sólo de los ocho sobre los que la propia Constitución establece esa mayoría reforzada. La oposición pretende arrebatar a los doce sobre los que nada hay establecido al respecto esa mayoría de tres quintos de la que sí goza la elección de sus compañeros. En la STC 108/1986, el Constitucional dejó claro que alterar esas mayorías supone dejar el órgano de gobierno de los jueces en manos de intereses partidistas cuando lo que se busca precisamente es el máximo consenso parlamentario posible para que «se refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial». La sentencia señala que con el sistema de mayoría cualificada se quiso crear «un órgano autónomo» enmarcado en una verdadera separación de poderes y que se deben impedir «las invasiones funcionales de unos poderes sobre otros sin que el legislador ordinario pueda modificar la división constitucional de facultades entre los poderes del Estado». «Las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos jueces por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. La finalidad del Consejo es, pues, privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado«, señaló el TC.