El Gobierno desafía al Tribunal Constitucional con la reforma del CGPJ

de elección de vocales. Lo hará de la mano del bloque de la investidura, lo que garantiza que salga adelante. Y el método escogido además redobla el pulso a Pablo Casado porque acelera los tiempos y permitiría la modificación de la norma en el plazo de entre dos y tres meses. Los socios de la coalición finalmente optaron porque fuesen los grupos parlamentarios de ambos partidos los que presentasen una reforma de gran calado para el sistema de contrapoderes de la democracia española. La decisión no es inocua, porque esta fórmula permite acelerar los trámites. Al optar por una proposición de ley de los grupos parlamentarios, en lugar de por un proyecto de ley del Gobierno, los socios podrán eludir el trámite de solicitar informes preceptivos, como establece el artículo 88 de la Constitución. El Gobierno elude así recabar la opinión del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Estos informes, no obstante, no son vinculantes. Por lo que en ambos casos el Ejecutivo iba a poder llevar su propuesta de reforma al Congreso de los Diputados. La diferencia estriba en la rapidez del proceso. El texto registrado este martes trabaja en dos direcciones: rebajar la mayoría necesaria para nombrar los vocales del turno judicial del CGPJ (12 de los 20 totales) y limitar los poderes del órgano cuando entre en funciones, aunque el objetivo primero de la reforma es evitar precisamente que se prolongue un periodo de interinidad. El objetivo de la reforma En lo referido a la rebaja de mayoría se establece en primer término que cada una de las Cámaras elegirá, en votación única y por mayoría de tres quintos de sus miembros, a seis candidatos provenientes de la carrera judicial. Es decir, en primera instancia se mantiene la mayoría actual. Pero se introduce una cláusula para poder desbloquear la situación. Si en esa primera votación no se alcanza esa mayoría cualificada, tendría lugar una segunda votación, 48 horas después, en la que solo se precisaría mayoría absoluta. En lo respectivo a la limitación de funciones, en caso de que ni siquiera se alcanzase la mayoría absoluta, un CGPJ con mandato caducado mantendría algunas competencias pero no podría proceder al nombramiento de jueces para altos puestos de la magistratura como sucedió hace dos semanas contra el criterio del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Choque con el PP La apuesta del Gobierno agrava su choque con el PP, disgusta en la carrera judicial e incluso generaba dudas internas. Varios ministros se mostraban en privado partidarios de lograr un acuerdo con el PP que renovase el órgano e hiciese innecesaria esta reforma. Pero además la propuesta puede chocar con el Tribunal Constitucional, que al final tendrá que avalar o rechazar esta reforma una vez que el PP y Vox ya anunciaron que la recurrirán. En la Constitución queda tasado que hay ocho vocales que se deben elegir «entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión». Y en este caso concreto sí se especifica que deben ser escogidos por tres quintos del Congreso y del Senado. Mientras que los doce vocales restantes se escogerían «entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica». El Tribunal Constitucional Existe una sentencia del Tribunal Constitucional que puede suponer una amenaza para este proyecto de reforma. La STC 108/1986 vino a avalar la LOPJ que establecía también ese sistema de mayoría cualificada para escoger a esos doce vocales. Lo hacía, pese a expresar objeciones, porque entendía que el objetivo debía ser «asegurar que la composición refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy especial, en el seno del Poder Judicial». Y entendía el TC que ese objetivo podía darse por garantizado porque la norma «adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría cualificada de tres quintos de cada cámara». Existe, por tanto, un pronunciamiento específico avalando este mecanismo por la existencia de esa mayoría cualificada que ahora se pretende liquidar. Sin embargo, fuentes del Gobierno señalan que esa posibilidad no les preocupa en absoluto. Hasta el punto de que esa sentencia se ha citado en la exposición de motivos. La referencia, no obstante, se limita a una parte de esa sentencia en la que se avalaba que estos doce integrantes se escogerían a través del mecanismo establecido en una Ley Orgánica. Y es ese punto, lo que PSOE y Unidas Podemos aducen para defender que queda «encomendado al legislador la adaptación del sistema (...) a la realidad del momento». Y aquí vuelven a citar al TC que apuntaba al objetivo de «asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad». «Garantizar pluralidad» Pese a rebajar la mayoría, que garantizaría mayor pluralidad, los socios del Gobierno entienden que la fragmentación política actual convierte la cifra de 176 escaños que se necesitaría -por ahora se requieren 210- como suficientemente alta para garantizar esa pluralidad. Por eso los firmantes de la proposición justifican su propuesta «con el fin de cumplir con el mandato constitucional». Aunque el método presentado ha sido una proposición de ley de los grupo parlamentarios, la propuesta de reforma nace de las entrañas del Ejecutivo. Fuentes del Ejecutivo remarcaban ayer taxativamente que la propuesta ha sido trabajada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en las últimas semanas. UP defiende como propia la medida Por su parte, fuentes de Podemos insisten en que la propuesta de reformar la ley es una de las demandas de su partido y recuerdan que ya defendieron la medida en su programa electoral del 10-N. Pero a pesar de estas declaraciones, los dos grupos parlamentarios quisieron escenificar ayer unidad presentando el texto en una rueda de prensa conjunta. La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, denunció que el CGPJ «lleva dos años sufriendo el bloqueo constante y sistemático del PP, impidiéndole así cumplir su labor constitucional». Luego, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, acusó al PP de «incumplir la Constitución como mínimo durante dos años» y lamentó que sea necesaria la proposición de ley para «evitar actos partidistas» en órganos constitucionales como, dijo, los de los populares.