El alcalde de Alcalá de Henares (PSOE) declara como imputado por prevaricación administrativa

de ocio en el municipio. Ante el juez, Rodríguez Palacios argumentó «las falsedades» que contiene la querella interpuesta contra el equipo de Gobierno por parte de los promotores del macroespacio de ocio Carola Morena, una acusación que ha tildado de «instrumental» para «desprestigiar» al Ayuntamiento y lograr su construcción. La denuncia se dirige contra Rodríguez Palacios y su Junta de Gobierno, así como contra altos funcionarios de Urbanismo por un presunto delito de prevaricación «en la toma de una serie de medidas presuntamente arbitrarias y orientadas a atender intereses personales y no generales, saltándose la legalidad vigente». A lo largo de la mañana, el juez instructor que lleva el caso tomó declaración en calidad de investigados (antiguo imputado) al regidor, al concejal de Urbanismo, Alberto Blázquez Sánchez, y al concejal José Alberto González Reyes. También compareció el funcionario responsable del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Zenit World S. D. sostenía en la denuncia que el proyecto de la macrodiscoteca que se iba a abrir en el barrio de La Galera contaba ya con las licencias de funcionamiento y actividad antes de su apertura en diciembre de 2019, que daría empleo a 200 personas. Pero a pocos meses de abrir, la Junta de Gobierno acordó, con «la reforma muy avanzada», paralizar el Plan Parcial de La Galera y suspender la licencia de actividad. «Los cambios normativos realizados por el Consistorio presidido por Rodríguez Palacios y las actuaciones derivadas de esas decisiones impidieron a la empresa desarrollar su actividad con la consiguiente pérdida económica, que supera los ocho millones de inversión sólo en la reforma del edificio donde se iba a desarrollar su actividad de eventos musicales, convenciones y encuentros empresariales, entre otros», explican desde la parte afectada. Frente a esta versión, el alcalde de la ciudad complutense relató ante el juez la cronología de los hechos. En 2015, los propietarios del espacio, usado entonces como un salón de bodas, solicitaron una modificación parcial urbanística para meter una superficie comercial, una previsión que el Ayuntamiento quiso incluir en el Plan General Urbanístico que quedó, sin embargo, bloqueado. Los propietarios vendieron el espacio a un empresario del ocio nocturno con la previsión de convertirlo en una macrodiscoteca de 4.000 metros. «Cuando empezamos a tramitar la modificación parcial, el Ayuntamiento no tenía constancia de esa venta. Y conoció que se pidió una reforma del local. En julio de 2019, se aprobó la suspensión de las licencias para que no hubiera cambios de uso en el espacio. Una vez que hicimos eso, nos informan en septiembre que quieren hacer una discoteca», relató a Europa Press el alcalde. Tras ello, los promotores presentaron dos denuncias por la vía de lo Contencioso-Administrativa, advirtiendo entonces al Ayuntamiento con acudir a la vía penal. Un extremo al que llegaron en febrero de 2020 con la interposición de esta denuncia. El alcalde subrayó que la denuncia está «plagada de falsedades». Por ejemplo, los denunciantes alegaron que la madre y el hermano del primer edil vivían en una zona próxima a la que iba a ser la discoteca a pesar de que su madre vive a tres kilómetros de este lugar y es hijo único. Los promotores mencionaban además en la querella que se han invertido ocho millones de euros. Sin embargo, el Ayuntamiento tiene constancia de que la reforma tenía un coste de 90.000 euros con unos impuestos de 5.000 euros. Las numerosas trabas para abrir un espacio de entretenimiento en la zona de La Garena motivó la querella penal de los denunciantes para defender sus derechos frente a las «medidas arbitrarias» del Consistorio, aseguran, a la que vez que denuncian que «el día que se debatió este asunto en la Junta de gobierno, se debatieron otros aproximadamente 80 puntos que fueron los que estaban en el orden del día, lo que da idea del interés que tenía el equipo de Gobierno en analizar este asunto». Los promotores entienden que «de común acuerdo», el alcalde y el resto de los denunciados «idearon un engendro de operativo administrativo para vulnerar sus obligaciones legales» con el objetivo de «causar un perjuicio al denunciante (el promotor) y favorecer los intereses personales del denunciado (el alcalde)», que «ordena y manda a su equipo político y urbanístico que se pare a toda costa el proyecto. Es decir, que se suspenda la licencia de éste y se articule un procedimiento ad hoc para la denegación definitiva de la licencia al hoy denunciante (el promotor)». En este sentido, denunciaron que la suspensión de la licencia para luego denegarla implica «saltarse la legalidad urbanística». «También metieron normativa derogada como posible agravio y documentos falsos. Cuando tomamos la decisión urbanística, la idea de una discoteca no estaba sobre la mesa. Denunciaron a todo el equipo de Gobierno», aseguró. «Se trata de una denuncia instrumental que contiene falsedades desde alusiones al ámbito personal como legislación derogada hasta falsificaciones de fechas», reseñó Rodríguez Palacios, quien censuró el «uso torticero» que están dando a la jurisdicción penal. Al hilo, el alcalde llamó la atención en que con la denuncia contra todo el equipo de Gobierno, los denunciantes pretendían paralizar la prórroga durante un año de la modificación parcial urbanística, algo que no han logrado al dejar fuera de la querella a un único edil. El Ayuntamiento sostiene que de los correspondientes informes técnicos, el proyecto no encaja en la normativa actual ni en la modificación parcial urbanística que se encuentra en trámite, que pretende ampliar los usos comerciales y solucionar algunos aspectos en cuanto a los servicios del barrio. Esta modificación está aprobada en fase inicial, y actualmente en período de información. Su debate y posible aprobación final se llevará a cabo por parte del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el que están representados todos y cada uno de los Grupos Políticos presentes en la Corporación Municipal. «El objetivo de la denuncia es, por lo tanto, mediatizar, erosionar y desprestigiar al Ayuntamiento para imponer la construcción de una macro discoteca de 4.000 metros cuadrados en un barrio residencial», apostilla.