Justicia por mano propia: violencia, reacción popular, blancos equivocados e impunidad

autoridades y algunas decisiones polémicas por parte de la Justicia agregan un sentimiento de impotencia. El combo explosivo lo completa la violencia que copa cada vez más espacios de la sociedad. El resultado: casos de “justicia por mano propia”, linchamientos, que se multiplican en todo el país.

Esta semana Tucumán fue el escenario de dos hechos. En esa provincia van 13 en el año. El más conmocionante sucedió después de la violación y asesinato de Abigail Riquel, de 9 años, el domingo a la mañana en el barrio 240 Viviendas de El Manantial, en el sur de la capital provincial. El principal sospechoso era José Antonio “Culón” Guaymás (25), que había salido de la cárcel hacía menos de diez días.

Lo buscaba la Policía pero primero lo encontraron vecinos del barrio Elena White. Cuando lo reconocieron empezaron a golpearlo, patearlo en el suelo y a atacarlo a machetazos. Aún no está confirmado que Guaymás haya sido el autor del abuso y femicidio de Abigail. “¡Yo no fui, fue mi primo!”, habría alcanzado a decir mientras la turba lo linchaba.

Por el homicidio de “Culón”, el fiscal Ignacio López Bustos investiga a dos personas que quedaron grabadas en videos como los primeros que atacaron al sospechoso de matar a la nena. El jueves, cuando fueron a detenerlos, los vecinos lo impidieron.

Horas después de ese caso, otro grupo de personas atacó a un adolescente de 16 años que había robado un celular en Las Piedras y avenida Ernesto Padilla en San Miguel de Tucumán. El menor se salvó por la llegada de la Policía. Estuvo un día internado.

El ladrón le había robado el celular a una mujer y escapó, pero empezó a ser perseguido por un grupo de personas. Un periodista local alcanzó a grabar el ataque que incluyó golpes y piedrazos en el piso. En un momento se pensó que el chico había fallecido.

La llegada de patrulleros y la madre del adolescente pudieron frenar el linchamiento. El arrebatador fue trasladado al hospital Padilla, donde fue internado por traumatismos múltiples.

Los casos de “justicia por mano propia” terminan convirtiéndose en una paradoja, ya que, por un lado, cuando el imputado de un crimen es asesinado, se agota el proceso en su contra. Pero no siempre los agresores dan con el verdadero responsable que quieren vengar. Y a la vez los mismos linchamientos, contrarios al Estado de derecho, terminan quedando impunes.

Clarín realizó una recopilación de distintos linchamientos que ocurrieron en nuestro país y que terminaron sin responsables, incluso cuando la víctima del homicidio no era la persona a la que buscaban.

Linchado por error

A Jorge Oviedo Cayul (56) lo asesinaron y le incendiaron su casa ubicada en el sector conocido como la Fracción 14 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut. El 25 de marzo de 2019, un grupo de vecinos lo confundió con el padre de un joven que horas antes había abusado de un nene.

Después de ser duramente castigado con patadas en el tórax y la cabeza, el hombre falleció camino al hospital. Poco después se comprobó que su hijo nada tenía que ver con la violación ya que en el momento del hecho, se encontraba trabajando, según se pudo comprobar a través de la declaración de testigos y compañeros de trabajo.

Lo más insólito es que el verdadero autor del hecho, que era menor de edad, también participó de la golpiza mortal. Después de un arduo trabajo y gracias a la presencia de cámaras en el lugar se pudo identificar a 13 de los agresores de Cayul, cinco de ellos de entre 13 y 15 años (entre ellos el autor del abuso), por lo que resultaban inimputables y quedaron bajo custodia y la actuación de un juez de menores.

Hoy, a un año y medio del trágico hecho hay ocho imputados, entre los cuales se encuentra una mujer. Se los acusa del delito de “homicidio en agresión”, una figura que no impone penas prolongadas pero es la que se encontró en el código penal ante la imposibilidad de saber a ciencia cierta cuál o cuáles de los imputados fueron los autores de los golpes que le provocaron la muerte a Oviedo Cayul. Esta calificación prevé una pena que va desde los 6 hasta los 8 años. La edad promedio de los imputados es de 25 años.

Los acusados estuvieron nueve meses con prisión preventiva. Y a la mayoría se les morigeró la pena por el Covid-19 o porque en algunos casos tenían familiares discapacitados o menores a cargo. El próximo miércoles se realizará la audiencia preliminar en la cual se fijará la fecha del juicio oral.

“Todo se demoró por el tema de la pandemia. Además de lo complejo del tema, es mucha la gente que debe estar presente en una audiencia, entre imputados, abogados defensores y representantes de la justicia”, le dijo a Clarín Camila Banfi, la fiscal del caso.

“Todo se hace muy complicado en casos de esta naturaleza. Por dar ejemplos, algunos de los testigos que encontramos eran parientes o vecinos de quienes habían participado de la golpiza. Había incluso mujeres con sus hijos y mujeres embarazadas que participaron del hecho en forma menor es decir con una agresión de carácter leve sobre la víctima”, agregó.

Según la fiscal, una posibilidad es que los imputados recurran a la figura del juicio abreviado con lo cual se podría llegar a una pena y evitar tal vez años de juicio.

Patadas que le dolieron al Papa

David Moreira, de 18 años, fue linchado por vecinos del barrio Azcuénaga, de Rosario, luego de arrebatarle una cartera a una joven. El episodio ocurrió el 22 de marzo de 2014. Tres días después murió a causa de un traumatismo de cráneo que le provocó pérdida de masa encefálica.

La investigación determinó que lo golpearon durante quince minutos y hasta le tiraron encima la moto en la que circulaba junto a un cómplice que logró huir. Gente que pasaba por el lugar se detenía para participar del ataque.

El caso mereció incluso una reflexión del papa Francisco, en una carta que envió por aquellos días a dos personas que residen en Suecia.

De acuerdo a la investigación, pudieron llegar a golpearlo entre treinta y cincuenta personas. Un video de 10 segundos que se viralizó, testimonios y conversaciones en redes sociales permitieron identificar a unas pocas personas, pero sólo imputar a tres. Uno de ellos aceptó el año pasado, en un juicio abreviado, su participación en el hecho.

El joven, que en el momento del ataque tenía 29 años, recibió una pena a tres años de prisión en suspenso por ser coautor de homicidio en agresión. Muy lejos de la expectativa de justicia que reclamaba la familia de Moreira. Otras dos personas aún aguardan el juicio. Para ellos la acusación pidió seis años de cárcel.

En una primera etapa de la investigación, el fiscal Florentino Malaponte pretendía que se impute a las personas señaladas por participar del linchamiento por homicidio doblemente calificado por ensañamiento y la participación de dos o más personas, calificación por la que podría alcanzarse una condena a prisión perpetua.

Finalmente se inclinó por presentar el caso como homicidio en riña, por el que pueden dictarse penas de entre 2 y 6 años de prisión. El cambio se debió a que, según explicó Malaponte, la autopsia y los estudios posteriores no lograron identificar si existió un solo golpe mortal, por lo que entendió que no era posible señalar a una persona como responsable del impacto que terminó con la vida de Moreira.

Además, el fiscal determinó que no existió un plan para asesinar a la víctima y que los agresores no tenían “ánimo de matar”, aun cuando lo golpearon con ferocidad.

Violador en Mar del Plata

Las versiones nunca pudieron ser confirmadas y la investigación por el linchamiento de un violador en el barrio Belisario Roldán, en la periferia de Mar del Plata, nunca logró avanzar. Cuando la Policía llegó, el cuerpo del hombre yacía en el descampado donde había sido descubierto, con los pantalones y calzoncillos bajos, sujetando a una nena de cinco años. Fue asesinado a golpes.

Una de esas versiones indicaba que al abusador lo habia descubierto un motociclista, que lo vio semioculto entre los pastizales de un descampado con la nena a la que todo el barrio buscaba: hacía unos minutos había desaparecido del mercadito que atendían sus abuelos. Que el motociclista, decía ese relato, fue en rescate de la chiquita y lo mató al violador.

Pero las heridas que presentaba el cuerpo de Roberto Andrés Romero, un hombre de 40 años que al su mujer había denunciado dos veces por violencia de género, daban cuenta de otros hechos.

La autopsia reveló que el abusador tenía un fuerte traumatismo en el parietal izquierdo y múltiples golpes en todo el cuerpo, vértebras rotas además de heridas de defensa, como si hubiera puesto sus manos en un intento por defenderse. El informe forense indicó que había sido atacado por varias personas.

La nena fue rescatada, un equipo de psicólogos designado por la Justicia trabajó en su contención. Un allegado había comentado a este diario, en esos días, que estaba "físicamente bien".

El hecho ocurrió un caluroso atardecer de diciembre de 2012, en un descampado del barrio Belisario Roldán, ubicado a unos 8 kilómetros al oeste del centro de Mar del Plata. Los agentes de la Bonaerense no hallaron testigos, ni uno solo, nadie había visto nada. "Eran testimonios muy endebles", recordó ahora un vocero de la fiscalía de Paulo Cubas, a cargo del caso, que terminó en el archivo.

Con información de corresponsalías de Mar del Plata, Chubut y Rosario.

EMJ

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