En el texto de su carta pública, Cristina Kirchner soltó su habitual diatriba contra los políticos opositores, la prensa independiente y los empresarios. Pero también sorprendió con un llamado a esos
mismos actores para "acordar" una solución a lo que ella señaló como el problema más grave del país: la economía bimonetaria. En estas horas, esa difusa propuesta causó llamadas, ilusiones y especulaciones respecto a un posible apretón de manos de Cristina con su sucesor y bestia negra, Mauricio Macri. Pero la bienvenida posibilidad de un acuerdo podría incluir un lado oscuro en su letra chica: el pacto de impunidad para los graves delitos de corrupción por los que está acusada Cristina y los que podrían estorbar a Macri.
La sustanciosa proclama de la vice -que abrió un crisol de interpretaciones- abrió por primera vez de forma oficial un espacio para la negociación política con la oposición, que en principio acotó a explorar respuestas para la crisis financiera y cambiaria. Justamente el tema que unos párrafos antes había dejado en las exclusivas manos del presidente Alberto Fernández.
Pero en cambio hay otro tema que, contra viento, marea y pandemia, absorbe los días y las noches de Cristina Kirchner: hallar una puerta de escape para su negro horizonte judicial, constelado de causas por corrupción atiborradas de pruebas y confesiones.
Se dijo en estas páginas inmediatamente después de la selección de Alberto como cabeza del ticket electoral para las presidenciales: además de atraer a una franja del electorado refractaria a su flamígera figura, el ex jefe de Gabinete fue elegido por sus supuestas conexiones en el Poder Judicial y su capacidad para frenar y desactivar los juicios contra Cristina. La metralla de declaraciones del candidato respecto a los jueces que la investigaron, su promesa de una reforma judicial que sólo se dirigió hacia el fuero federal y la ofensiva sin tregua para desplazar a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli y también al procurador Eduardo Casal son pruebas indiscutibles de que esa agenda primigenia sigue teniendo prioridad máxima.
También son prueba de otra cosa: que pese a la hojarasca argumental sobre el supuesto lawfare, las causas contra Cristina sólo pueden detenerse si se opera fuerte sobre los jueces, los arrepentidos y el Poder Judicial todo, aún a riesgo de desestabilizar la delicada arquitectura institucional de la Argentina y alimentar las sospechas de que el oficialismo busca arrasar con la división de poderes.
Pero habría otra alternativa para evitar ese abismo. Aunque activarla pueda acercar al kirchnerismo a otro. Un pacto de impunidad, convenientemente revestido de compromiso de gobernabilidad, acuerdo de la Moncloa o cualquier sello por el estilo.
Aclaremos: una concertación política y social respecto a los desafíos de la economía, la educación y la política exterior no sólo es necesaria sino también urgente, y siempre será bienvenida. Pero los argentinos deberán estar dispuestos a evaluar un posible borrón en la persecución judicial de gravosos delitos de corrupción.
Del lado de Cristina, sus intenciones jamás pasaron por el tamiz de la sutileza. Del lado de Macri, las denuncias en su contra son menos y por ahora incipientes, pero al ex presidente le preocupan por su futuro y especialmente el de sus hijos, accionistas en la empresa familiar Correo Argentino.
Hace unos meses ya hubo contactos informales entre el jefe de asesores de Alberto, Juan Manuel Olmos, y el operador macrista Daniel Angelici. Conversaciones embrionarias, dibujos en el agua. Pero estuvieron. Y en las últimas semanas revivió el Golem en reuniones políticas con empresarios, en las cuales se habló de un posible proyecto de ley de amnistía, que debería discutirse y aprobarse en el Congreso, tal como consignó la periodista Débora Plager en El Cronista.
La intransigencia K y la no menos dura obstinación de las miles de personas que vienen atestando las calles cada feriado para reclamar por el fin de la impunidad y una justicia que juzgue la corrupción sin titubeos dificultan imaginar el olvido de esos principios a cambio de un acuerdo político que podría tener -o no- otros beneficios en el futuro.
Pero tampoco parecía posible una mesa tendida para tratar de encontrar el cable que permita desactivar al dólar. Esto es Argentina.
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