La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo que denegó el pedido de la justicia de Andorra para extraditar al ex directivo de PDVSA Luis Abraham Benito Bastidas Ramírez (43
años), quien había sido detenido y luego liberado en Córdoba acusado de lavar más de 5 millones de dólares. Además, en la causa FCB 71023/18 “Bastides Ramírez, Luis Abrahan Benito sobre su extradición” anuló lo actuado por el juez federal de Córdoba Miguel Vaca Narvaja quien había rechazado el pedido de Andorra, revelaron a Clarín fuentes judiciales.
Ramirez fue arrestado en 2018, pero permanece en libertad. En marzo pasado, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, había apelado decisión de Vaca Narvaja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la terminó resolviendo en su acuerdo del jueves pasado.
El caso de Ramirez se suma a la valija de Antonini Wilson con 800 mil dólares, la denuncia del ex directivo de PDVSA Argentina Gonzalo Brusa Dovat según la cual habría habido maniobras financieras en el sucursal local y que heredó la jueza federal María Eugenia Capuchetti y la detención en enero pasado de la ciudadana boliviana María Palacios tratando de cruzar la frontera de Bolivia a Argentina con US$ 100.000 que no estaban declarados. Además, de la participación de PDVSA en el financiamiento del fideicomiso argentino-venezolano creado durante la presidencia de Néstor y Cristina Kirchner.
El juez Vaca Narvaja, había denegado el pedido de extradición por “defectos formales”. En su fallo, justificó la suspensión al señalar que el pedido de extradición no cumplía con algunos requisitos. Y solicitó que en 30 días la Justicia andorreña le enviara una descripción clara de las acusaciones contra Ramírez y la resolución judicial con los motivos de los supuestos ilícitos por los que pedía la extradición, entre otros aspectos. A través de la Cancillería, la Justicia de Andorra fue notificada sobre la solicitud de información adicional.
Vencido el plazo establecido por Vaca Narvaja, el Principado no hizo la presentación, por lo que el juez cordobés rechazó la extradición por “defectos formales”.
Sin embargo, la fiscal Graciela López de Filoñuk cuestionó el fallo del magistrado por haber “desoído -sin fundamento valedero- el reclamo de extradición”, aun “previendo las consecuencias internacionales que dicha decisión puede acarrear”. Luego Casal apoyó el recurso de la fiscal cordobesa ante la Corte Suprema. En su dictamen, cuestionó a Vaca Narvaja y dijo que si bien Andorra se excedió en el plazo de remisión de la información, “la circunstancia de la temporalidad no puede ocasionar per se el rechazo de la extradición”. Casal recordó que la Corte Suprema estableció como jurisprudencia que luego de un juicio de extradición “el ordenamiento legal (…) habilita a la autoridad judicial a pronunciarse acerca de la procedencia o improcedencia del pedido de extradición".
“Aun suponiendo que la decisión del juez hubiera sido adoptada respetando las pautas del procedimiento, esto es, luego de celebrada la mandatoria audiencia del juicio”, el que Andorra no enviara a tiempo la información solicitada por Vaca Narvaja, “no sería fatal para el trámite de extradición, en tanto únicamente se funda en esa falta de remisión de la información complementaria”.
“Adviértase –señaló Casal a la Corte- en tal sentido, que el artículo 31 de la ley 24.767 (…) no prevé, para esa etapa procesal, la consecuencia que ha interpretado (el juez) ni impediría la formulación de una nueva solicitud”.
La Justicia de Andorra, el 12 de julio de 2018 ordenó su detención por el “delito mayor continuado de blanqueo de dinero proveniente de la corrupción pública”, previsto en los artículos 409 y 410 del Código Penal de ese país, que prevé una pena de cinco a ocho años de prisión.
Ramírez es primo de Rafael Martínez Carreño, quien entre 2004 y 2013 fue presidente de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Según consta en la notificación de Interpol, para la Justicia andorreña Bastidas Ramírez posee “importantes vínculos con PDVSA y el sector enérgico de su país”. Las sospechas que se ciernen sobre él es haber ingresado al sistema financiero unos 5 millones de dólares provenientes de la corrupción pública a través de una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra (BPA), mientras fungía como gerente.
Ramírez, a través de la sociedad panameña Tellancourt, SA (creada por BPA Serveis), abrió una cuenta en BPA, de acuerdo con el expediente. A través de ella, recibió dos transferencias desde otra a nombre de High Advisory and Consulting: la primera, registrada el 29 de septiembre de 2011, por 600 mil dólares. Y la segunda, del 27 de abril de 2012, por 2,8 millones de dólares.
Pese a que los pagos se realizaron desde High Advisory and Consulting, se justificaron a través de dos contratos con Highland Assets. Uno, por el que Tellacourt SA presentó asesoramiento en materia de gestión de cadenas de suministro y planificación, entre otros, por obras efectuadas por la empresa china Sinohydro; y otro por el que, al parecer, actuó como asesor en proyectos de electricidad y energía mecánica, con una contraprestación de cinco millones de dólares.
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