En línea con uno de los argumentos que están exponiendo esta semana ante el Senado juristas que se oponen a la legalización del aborto, y que se descuenta abrirá paso a
su judicialización si finalmente el proyecto es aprobado por el Congreso, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires advirtió que la iniciativa legal es inconstitucional, tal como lo sostuvo hace dos años cuando se debatió un texto similar.
En una declaración, la entidad no solo menciona la Constitución en su artículo 75, inciso 23, que “impone al Congreso la obligación de legislar ‘en protección del niño… desde el embarazo’”, sino también la Convención de los Derechos del Niño, con “jerarquía constitucional”, y el Código Civil y Comercial tras su última reforma en 2014.
“Así lo establece el artículo 1º de la Convención sobre Derechos del Niño, con la declaración interpretativa formulada por nuestro país al ratificar el tratado conforme la exigencia establecida en el artículo 2 de la ley 23.849, el cual dispone que: ‘se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad’”, señala.
Añade que “debemos en particular recordar que tanto la Convención sobre los Derechos del Niño, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, poseen jerarquía constitucional conforme lo dispone el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución”.
“Podrá distinguirse, entonces, entre personas ya nacidas y personas por nacer, pero ese dato biológico es irrelevante desde el punto de vista jurídico, pues conforme nuestro ordenamiento jurídico supremo, y también conforme lo dispone el nuevo Código Civil y Comercial en su artículo 19 (La existencia de la persona humana comienza con la concepción), ambas son personas humanas y, como tales, tienen derecho a la vida”.
Subraya, además, que “esta breve reseña de las normas constitucionales y legales vigentes, no puede omitir un dato cronológico esencial para este análisis. Tanto los tratados internacionales arriba mencionados, como la propia Constitución Nacional y, más aún, el Código Civil y Comercial –puntualiza-, son normas de última generación”.
“No estamos haciendo referencia, por cierto, a antiguos y arcaicos textos legales originados en épocas pretéritas que, sin perjuicio de su vigencia formal, podrían contradecir las nuevas concepciones políticas y sociales”, asevera. “Por el contrario –completa-, los textos constitucionales y legales citados, son recientes y han sido incorporados en plena vigencia de nuestras instituciones democráticas”.
La posición del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires va en línea con los argumentos de diversos expertos en derecho que se pronunciaron en contra del proyecto. También se escucharon este martes en el Senado voces a favor. Entre ellas, la del constitucionalista Andrés Gil Domínguez quien consideró que existe “compatibilidad entre la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño”, y aseguró que “el Comité de los Derechos del Niño le ha dicho al Estado argentino interpretando la Convención que debe adoptar medidas urgentes para bajar la mortalidad materna y revisar la legislación vigente”.
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