La jueza Loretta Preska, que lleva el juicio del fondo Burford contra la Argentina por la expropiación de YPF, le negó este martes una apelación a Petersen Energía. La
magistrada de la ciudad estadounidense de Nueva York confirmó su citación a la familia Eskenazi a aclarar su posición en ese litigio.
La magistrada ya había accedido a un pedido del equipo legal del Gobierno argentino. Fue el 23 de noviembre. Allí se ordenaba que los Eskenazi debían estar disponibles para un testimonio o presentar documentos sobre su relación con Burford, el fondo que litiga contra el país por la expropiación de YPF.
Los abogados de Petersen Energía pidieron que los Eskenazi no tengan que ser parte del juicio. Según ellos, no tienen relación con Burford, que es la que litiga. Presentaron una apelación. Pero la jueza Preska se las denegó: deben declarar.
"Los Eskenazi han consultado con Burford sobre las estrategias de litigio en este caso y se encontraron en múltiples ocasiones con representantes de Burford para hacerlo", detalla Preska.
"Aunque hay otros acreedores delante de los Eskenazi en caso que haya un laudo financiero, ellos (los representantes de Petersen) no dispitan que los Eskenazi se beneficiarán financieramente de la compensación aquí buscada", dice el fallo de la corte Sur del tribunal de Nueva York.
"El Grupo Petersen es totalmente ajeno a cualquier demanda contra YPF y/o el Estado Nacional en la Argentina o en el exterior. Renunció expresamente a ese derecho a litigar contra el Estado argentino. No inició el juicio ni tampoco le vendió los derechos al fondo Burford, con el que el Grupo Petersen no tiene ninguna relación, ni comercial ni de ningún otro tipo", contestaron representantes de los Eskenazi en un comunicado.
El pleito, que puede costarle al país entre US$ 2.500 millones y US$ 14.000 millones, está originado en la expropiación de YPF de 2012.
Loretta Preska, jueza de Nueva York que lleva la demanda por la expropiación de YPF.
El Estado se quedó con el 51% de la compañía. Petersen (de la familia Eskenazi) era el segundo accionista más importante, después de la española Repsol. El fondo Burford compró los derechos para litigar de Petersen en la quiebra de esa firma, que se declaró en bancarrota en la Justicia española.
La familia Eskenazi debía presentarse (a través de sus representantes legales) el 23 de diciembre, pero no lo hicieron y apelaron. La jueza Preska le mandó cartas a la Cancillería argentina para que jueces del país le tomen declaración a los Eskenazi.
La estrategia legal argentina es ejecutada por un estudio de abogados de Nueva York. Pero su arquitecto es Carlos Zannini, procurador del Tesoro de la Nación. Zannini fue secretario Legal y Técnico de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Zannini fue director en nombre de la provincia de Santa Cruz del banco de esa provincia. Esa entidad es controlada por el grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
Burford lleva adelante dos juicios sobre la expropiación de YPF. El más importante es el que reclama resarcimientos que le hubieran correspondido al grupo Petersen. Burford siempre dijo que cobraría un 70% del resultante de ese juicio, pero no identificaba quién podía percibir el 30% restante, si salía un fallo contra el Estado argentino.
La defensa argentina anterior (durante la administración de Mauricio Macri) deslizaba que Petersen (de la familia Eskenazi) iba a colectar ese dinero.
El Gobierno argentino pidió aclarar quién es la otra parte involucrada en el juicio, aparte de Burford. La jueza Preska hizo lugar al pedido argentino. Petersen (y Burford, el fondo que compró sus derechos para litigar) deben proveer toda la documentación relacionada con este reclamo
Argentina e YPF argumentaron que Burford venía obstaculizando el proceso. La jueza obligó a ese fondo a “responder plenamente a las solicitudes de documentos y citaciones de los demandados”, dice una presentación legal argentina en el caso. Le pidieron a Preska que ciertas respuestas queden confidenciales, y por eso quedaron “tachados” en documentos de acceso público.
El Gobierno quiere demostrar que el fondo Burford sabía que cualquier inconveniente relacionado con YPF se iba a saldar bajo la ley argentina, y con el estatuto de la compañía. La corte Sur de Nueva York está llevando el caso y negó los pedidos argentinos de mover la jurisdicción a Buenos Aires, pero podría aplicar la ley argentina si lo considera apropiado.
Burford quiere usar la jurisdicción estadounidense para saldar este pleito, en base al prospecto de accionistas de YPF cuando comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York. El Gobierno e YPF claman que la jueza se guíe por la ley argentina.
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