Afirman que el delito de menores es cada vez más violento y piden debatir una ley penal juvenil

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Un chico de 15 años fue baleado por un Policía que se defendió de un asalto, este sábado en Avellaneda. El viernes detuvieron a un adolescente de 14 acusado de ser

uno de los motochorros que le robó a Carolina Píparo en Año Nuevo, en La Plata. En diciembre, el quiropráctico armenio Dmitri Armiyan (37) fue asesinado por un ladrón de 15 durante un robo en Retiro.

Son tres casos recientes con finales distintos pero en los que hay un solo denominador común: el fracaso del sistema a nivel social, educativo, económico y penal. Si el Estado no llegó antes de que uno de esos adolescentes cometiera el delito, lo que viene después tampoco es prometedor: una gran cantidad reincide. Y el que no se topa con la muerte antes, termina en la cárcel al cumplir los 18.

Las estadísticas marcan que la participación de los chicos en el delito es baja sobre el total de casos. A nivel nacional, el 6% de los homicidios fue cometido por un menor de 18 años en 2019. En la Provincia de Buenos Aires, apenas el 2,7% de las investigaciones penales preparatorias tienen como imputado a un menor, según las últimas cifras disponibles. En la Ciudad de Buenos Aires, los datos oficiales arrojan que el 14% de los delitos contra la propiedad tuvo como responsable a un adolescente de entre 13 y 17 años.

Para entender lo que pasa detrás de esos números Clarín habló con especialistas con distintas miradas que coincidieron en la necesidad de una Ley Penal Juvenil que reemplace el actual Régimen Penal de la Minoridad firmado por el dictador Jorge Rafael Videla en 1980.

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“Es necesario que a nivel nacional tengamos un régimen de justicia penal juvenil como hay en la Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias. Es un régimen que tiene que tener un neto corte restaurativo, con todas las contemplaciones de los sujetos a quienes se va a aplicar esa ley, que son los adolescentes”, dijo la abogada Ángeles Baliero de Burundarena, asesora General Tutelar Adjunta de la Ciudad y vicepresidenta de la Red Mujeres para la Justicia.

Un chico de 15 años fue detenido el viernes, acusado de haber asaltado a la diputada bonaerense Carolina Píparo en La Plata.

Un chico de 15 años fue detenido el viernes, acusado de haber asaltado a la diputada bonaerense Carolina Píparo en La Plata.

Una polémica recurrente que surge en torno al sistema penal de los jóvenes es el de la edad de imputabilidad, que en nuestro país es a partir de los 16 años. Los sectores más duros proponen bajarla a los 15, 14 e incluso 13. Para muchos especialistas, entre ellos Unicef, eso sería contraproducente. “Bajar la edad de punibilidad no lleva a nada bueno ni alcanza para nada. Ya la experiencia ha demostrado que el nivel de reincidencia con penas duras y penas aún más endurecidas no ha llevado a ninguna mejoría social”, dijo Baliero, quien además es diplomada en Derechos Humanos de la Infancia.

En 2019, el Gobierno de Mauricio Macri presentó un proyecto de Ley Penal Juvenil que proponía la creación de una justicia especializada con abordaje multidisciplinario y restaurativo. Aunque quizás lo más resonante tuvo que ver con la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 15 años para los delitos con una pena mayor a los 15 años de prisión, como por ejemplo, robo a mano armada, abuso sexual, secuestro extorsivo y homicidio. Además tenía como objetivo “fomentar en el adolescente el sentido de responsabilidad por sus actos y procurar su integración social” y preveía que los lugares de cumplimento de las penas estuvieran a cargo de “personal capacitado en adolescentes” y contaran con acceso a “asistencia médica, psicológica y psiquiátrica”.

No puede ser que alguien que comete un delito no tenga consecuencias. Los que cometen delitos gravísimos las tienen que tener. No digo de darles el mismo tratamiento que a un adulto y mandarlos a Marcos Paz, pero no todo puede dar lo mismo”, dijo a Clarín el secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro.

El funcionario remarcó que según las últimas mediciones del Mapa del Delito porteño, el 14% de los delitos contra la propiedad son cometidos por chicos de entre 13 y 17 años. “Si no hacemos algo con estos pibes, o mueren en un enfrentamiento o matan a alguien. Es mentira que con esta ley actual que supuestamente los protege van a estar mejor. Los pibes usan la puerta giratoria y los delincuentes adultos también. Muchos de ellos son instrumentados por bandas o les dan las armas a ellos para zafar”, agregó D’Alessandro.

Karina Chávez es defensora pública coadyuvante ante la Defensoría Pública de Menores N° 1 del fuero penal y señala un dato preocupante de cara al futuro: la pandemia del coronavirus expuso aún más a los chicos y chicas víctimas de abusos, como también agudizó los problemas que ya había con los adolescentes con problemas de adicciones y en contacto con el mundo del delito.

“El gran problema de los chicos es que faltan políticas públicas, hacer más prevención. Hay que dirigir más dinero a que haya más instituciones que puedan albergar chicos, no para encerrarlos, sino para tratarlos”, dijo Chávez.

“Hoy lo que vemos permanentemente es el tema de las drogas. Hay mucha droga en las villas de emergencia. Los chicos acceden a ellas, se drogan y a causa de esto cometen delitos. Antes no iban armados y ahora cada vez más y en mayor número. Y los delitos son mucho más virulentos”, agregó la defensora.

Esa realidad no es nueva y es un problema estructural en el Conurbano bonaerense y las villas porteñas. A ese drama, el coronavirus le agregó la falta de acceso a la escuela, los clubes de barrio y las sociedades de fomento. “Los chicos están más tiempo en la calle y en la calle está la droga”, apunta Chávez.

“Tenemos que discutir y hacernos cargo de un problema que es real y concreto. Todos los días tenemos un menor que está delinquiendo y cometiendo delitos cada vez más aberrantes e irreparables”, dijo D’Alessandro, que dio como ejemplo el caso del adolescente de 15 años detenido por el crimen de Armiyan, el 8 de diciembre en Retiro, durante el robo de su bicicleta. “Ese chico no se levantó un día y apretó el gatillo. Ya lo habíamos detenido cuatro veces y todo era in crescendo. La primera vez robó con un destornillador, después con un cuchillo y a lo último agarró un arma de fuego y mató. Las cuatro veces que había delinquido fue restituido a su familia a pedido de su madre. Lo que pasó y se hizo público es algo que nos pasa siempre”, agregó el funcionario.

“Lo que nos está pasando mucho es que tenemos chicos tan comprometidos con la droga que tienen problemas de índole psiquiátrico. Entonces ya no solo hay que abordar la adicción. No tenemos comunidades de tipo dual que manejen el tema de la droga y problemas conductuales y cognitivos”, señaló Chávez.

No abordamos el problema de origen, el delito crece y es cada vez más violento. Necesitamos más prevención, concientización y trabajar más con los inimputables, los de menos de 16, así logramos que el chico no ingrese después al circuito de imputables. Si prevenimos y hacemos un buen trabajo lograremos que no vuelva a reincidir. La reincidencia es el fracaso del sistema y el sistema penal fracasa porque no tiene buenas políticas públicas”, añadió la defensora.

“Necesitamos una Ley Penal Juvenil. Estamos con un decreto del año ‘80 que dictó Viela y fracasó. Hoy la sociedad pide otra cosa. No es la baja de la edad de imputabilidad solamente. Propongo una mesa interdisciplinaria, que haga un análisis y un seguimiento de la situación. Nunca actuamos sobre las consecuencias y las causas”, dijo D’Alessandro.

Como alternativa, Baliero de Burundarena apunta a que en el régimen penal juvenil tiene que existir la “Justicia restaurativa” y explicó que se trata de “contemplar a las víctimas, de responsabilizar a los autores y también de contemplar sus necesidades”. Y aclaró que “no se trata de endurecer penas y de encontrar culpables en abstracto a los delitos. Si no, que realmente lo que nos interesa es escuchar, que participen y que inclusive puedan realizar acuerdos para que responsabilizándose de la acción delictiva puedan superar esa situación, obviamente con la ayuda de la política pública del Estado que es el último garante que tienen los chicos según la Convención sobre los Derechos del Niño”.

“No nos olvidemos que la peor cara del Estado es la de la faz punitiva, sobre todo en adolescentes que están en pleno crecimiento”, afirmó la especialista.

LM