"La Corte tiene un problema serio, rechaza el 90% de las causas sin ningún fundamento"

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La posible creación de un Tribunal Federal de Sentencias Arbitrarias a partir de un proyecto de ley que evalúa impulsar el Gobierno recalentó el verano judicial. Cuál será el rol de

ese cuerpo, quiénes pueden llegar a integrarlo y, especialmente, qué funciones le quitará a la Corte Suprema de Justicia son algunas de las preguntas que surgen en caso de que prospere la iniciativa, propuesta por el Consejo Consultivo convocado por el Gobierno para apuntalar proyectos vinculados a la reforma judicial y que integra, entre otros, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi.

Andrés Gil Domínguez, constitucionalista pampeano de 51 años y larga trayectoria, es uno de los que apuntala el proyecto de conformación del Tribunal de Sentencias Arbitrarias. Sobre ese punto, dialogó con Clarín.

-¿Está listo el proyecto de ley del Gobierno para crear un Tribunal Federal de Sentencias Arbitrarias?

-No sé acerca del proyecto, que depende del Ejecutivo. Sí puedo hablar del informe que nosotros presentamos al Presidente.

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-¿De qué se trata?

-Es una idea que viene desde hace muchos años, la creación de un tribunal que se ubique debajo de la Corte, que le alivie el trabajo, y que la doctrina viene analizando a partir de la opinión de diferentes juristas como Germán Bidart Campos, Augusto Belluscio y Jorge Vanossi, entre otros. No se nos ocurrió para este contexto puntual.

-¿No basta con la Corte para analizar esos expedientes?

-La Corte tiene un problema serio: recibe 23.000 causas por año, mayoritariamente por sentencias arbitrarias, y el 90% de ellas las rechaza sin fundamentos.Ha desestimado recursos extraordinarios a través del artículo 280 en causas penales donde se ha condenado a gente sin ninguna prueba.

-¿Cuán difícil es llegar a la Corte a través de un recurso extraordinario?

- Si vos no depositás 140.00 pesos, que es lo que cuesta el depósito para interponer una queja, la Corte no te escucha. De esa manera, ¿quién llega a la Corte en un país con un 40% de pobres? Nosotros estamos proponiendo la creación de un tribunal de acceso gratuito.

-¿No se limitan las funciones de la Corte como máximo tribunal del país?​

-No, que se cree un tribunal a la par de la Corte es constitucionalmente imposible sin hacer una reforma, precisamente, de la Constitución. Acá estamos hablando de una figura similar a la de Casación Penal, a ese nivel. Le permitiría un mejor funcionamiento a la Corte, ya que no sería un filtro, sino un grifo. La Corte seguirá teniendo la última palabra.

​-¿Corre el riesgo este proyecto de caer en la grieta política? ¿O de que se utilice como una punta de lanza del kirchnerismo?

-Todo cae en la grieta en este país, pero eso no tiene por qué impedir propuestas para mejorarlo. Hay colegas que critican ciertas posturas del informe sin todavía haberlo leído. No podemos estar dependiendo de la coyuntura política, no es el trabajo que nos asignaron.

-¿Hasta dónde llega el trabajo del Consejo Consultivo? ¿Son sugerencias las que promueve o impactan en las decisiones directamente?

-El Consejo Consultivo no existe más desde el 18 de noviembre, cuando se disolvió. El trabajo se hizo y ahora depende del Presidente avanzar o no con las recomendaciones que hicimos. También podría surgir desde un diputado o un senador en el Congreso, pero en este tiempo no ha sucedido.

-¿El funcionamiento de la Justicia está atrasado en Argentina respecto a otros países de la región?

​-Falta una agenda de innovación en el Poder Judicial, que incluya a la Corte y al Consejo de la Magistratura. Hay 13 países de América latina que tienen una agenda basada en inteligencia artificial. Esto no es ciencia ficción, cuesta 200.000 dólares y lo tiene la Corte colombiana, por ejemplo. Resuelve en 16 minutos el trabajo burocrático que hoy demora años en Argentina. No suple la toma de decisiones humanas, pero sí agiliza.