Caso Nisman: la Corte tiene hace un año un recurso de Lagomarsino para evitar que analicen sus equipos informáticos

investigación por la violenta muerte del ex titular de la UFI AMIA que lleva adelante la justicia federal y que el 26 de diciembre de 2017 concluyó que hubo un “plan criminal” cuyo objetivo fue terminar con la vida de Alberto Nisman. Se trató de un homicidio para el juez Julián Ercolini y para el fiscal Eduardo Taiano, y avalaron así la pericia de Gendarmería que el kirchnerismo cuestiona. En el marco de la causa, se concluyó una pericia tecnológica sobre 200 equipos informáticos secuestrados en su mayoría de la casa de Diego Lagomarsino (el asistente del fiscal procesado como partícipe necesario del crimen), Luis Muiño y Rubén Benitez (encubridores). Pero los investigadores no puede analizar esa prueba, ya que la defensa del técnico informático llevó su reclamo -hace un año- ante la Corte Suprema.

Teléfonos celulares, discos externos, pendrives, una playstation, computadoras, son sólo algunos de los elementos que fueron peritados por el área de Ciberdelincuencia de la Gendarmería Nacional. El trabajo demandó 24 meses, y contó con la intervención de peritos de parte. El fiscal Eduardo Taiano les fijó tres días de trabajo por semana, y de cada encuentro durante esos dos años hay un acta labrada que se encuentra entre los miles de fojas del caso.

Esa pericia ingresó a la fiscalía hace un año. Son miles de páginas, extensa y cargada de datos. De cada dispositivo, conectado a un programa específico, se hizo una lectura y descarga de todo lo que contenían. Pero es una información que requiere de un entrecruzamiento y análisis minucioso, y hace doce meses que los investigadores no pueden hacer esa tarea. 

El juez Ercolini procesó a Diego Lagomarsino como partícipe necesario del crimen y lo señaló por ser el último que vio con vida al ex fiscal y quien le entregó el arma matadora con "pleno conocimiento de lo que ocurriría". Según el procesamiento, brindó “un auxilio o cooperación” sin el cual el delito investigado no se habría podido cometer. Ahora se investigan sus posibles vínculos con los servicios de inteligencia y si él mismo respondía a los mismos.

Durante el último allanamiento realizado a la vivienda del técnico informático, como también de los ex custodios de Nisman, se secuestraron una importante cantidad de equipos que fueron los que se sometieron a peritaje. Cuando la medida concluyó, los abogados de Lagomarsino -Maximiliano Rusconi (también defensor de Julio De Vido) y su socio Gabriel Palmeiro-, sostuvieron que abrir dicha pericia implicaría violar la intimidad de información privada de su defendido.

El juez Ercolini rechazó el reclamo, señalando que la fiscalía tenía plena potestad para avanzar en el tratamiento de esa pericia. La defensa apeló esa resolución, pero la Cámara Federal porteña avaló lo resuelto por el magistrado. Pero los abogados insistieron ante la próxima instancia de reclamo, y recibieron otro revés allí: la Cámara de Casación le dio la razón a Ercolini y al fiscal Taiano.

Aún con la intervención de esos siete jueces de tres instancias, los defensores fueron con el planteo hasta la máxima instancia: la Corte Suprema de Justicia. Es ahí donde se encuentra el recurso hace un año. Hasta que no haya un pronunciamiento al respecto, la fiscalía está impedida de avanzar en el análisis de la pericia que demandó 24 meses en concluir y que fue entregada a finales de 2019.

¿Qué podría proporcionar al caso esa prueba? Según fuentes judiciales, puede aportar imágenes, videos, conversaciones pertinentes a la investigación, entrecruzamientos de llamados telefónicos, documentación que pueda estar guardada en los dispositivos. Nada de eso puede estudiarse, la palabra final la tiene el máximo tribunal.

Los investigadores tampoco descartan que en todos esos dispositivos que fueron abiertos y peritados con un sistema utilizado internacionalmente para estos trabajos, también podrían guardarse pruebas que reviertan la situación de los tres procesados. Por la resistencia de los abogados, parece difícil.

Por otro lado, la fiscalía ya terminó de tomar 500 declaraciones testimoniales a todos los vecinos del complejo de Le Parc. Todas fueron concluyentes en un mismo sentido: El lugar “no era infranqueable”. Había muchos puntos que las cámaras de seguridad no registraban, y cerca de ocho cámaras no se encontraban en funcionamiento aquel enero de 2015. Por otro lado, los propios vecinos expusieron haber sido víctimas de diversos hechos de inseguridad sin que nadie se percate de lo sucedido. “No es un aeropuerto ni la NASA, es un lugar donde podían entrar sin ser vistas las personas”, dijo uno de los vecinos al declarar.

Esa medida es acompañada con un banco de 54.000 imágenes de personas y patentes de vehículos que ingresaron y egresaron de Le Parc ese fin de semana. Se trata de un archivo para cotejar cualquier sospecha que pueda ir surgiendo sobre movimientos extraños en ese período.

Por delante quedan concluir un conjunto de testimoniales a personal de la empresa de seguridad del lugar, como tambiénla respuesta del exhorto remitido a Israel respecto al testigo que dijo haberse reunido con Nisman para entregarle unos documentos vinculados a Cristina Kirchner.