En 2020 el déficit primario llegó al 6,5% del PBI, apenas por debajo de lo esperado

en 7%.

Para el déficit financiero, que tiene en cuenta además de los gastos el pago de los intereses de la deuda, el rojo fue de $ 2,2 billones, lo que se equipara a 8,5 puntos del PBI.

El Sector Público Nacional (SPN) registró en diciembre un resultado primario deficitario de $ 307.628 millones, mientras que el financiero -tras el pago de los intereses- alcanzó a $ 318.909 millones.

Una mejora en la recaudación en la última parte del año permitió que el déficit no se escapara más allá de lo previsto.

El 2020 estuvo marcado por el incremento del gasto vinculado a la pandemia, que hizo que las proyecciones de déficit se fueran estirando. Así a mediados del año pasado se preveía que el rojo primario sería del 8%, un pronóstico que se corrigió a 7% el mes pasado. Mientras que para el déficit financiero se estimaba un resultado equivalente al 9% del PBI.

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que "el resultado primario y financiero está en línea con los que teníamos programado. En diciembre se observó un comportamiento mejor a lo esperado de la recaudación. Tuvimos un 21% de crecimiento interanual para la totalidad de los recursos, pero si miramos solo los recursos tributarios el crecimiento interanual es bastante mayor, del 36,4%", sin contar el impacto de la inflación.

Para este año, la previsión de déficit primario, sin el pago de intereses, es del 4,5%. "Por el momento no estamos modificando esa proyección. Todavía estamos trabajando con una cuota de incertidumbre derivada de la situación sanitaria y económica y podríamos tener que hacer frente gastos no previstos en el Presupuesto", señalaron.

Estos posible imprevistos están vinculados al recrudecimiento de la pandemia y al regreso a un aislamiento más estricto. Con el repunte de los contagios, los funcionarios anticipan que algunas ayudas podrían volver. En esa línea no se descartaría una nueva fase del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), los dos esquemas más robustos con los que el Gobierno enfrentó la pandemia.

El otro eje central vinculado con el déficit es el tema tarifario. En 2020 el Gobierno postergó los aumentos y ahora con la vista puesta en las elecciones de octubre, viene dando señales ambiguas acerca de cuándo y cómo se producirán los ajustes. La intención del Palacio de Hacienda es que este año la participación de los subsidios tarifarios se mantenga estable en el PBI respecto a lo ocurrido en 2020. Esto es que los subsidios vinculados a la energía equivalgan al 1,7% del PBI (más un 0,2% correspondiente al Plan Gas), mientras que los de transporte sean del 0,5%.

Para que esto sea posible es necesario avanzar con una suba de tarifas. "Se está trabajando en un esquema para energía y transporte que sea segmentado para que (los aumentos) no cambien de manera importante la capacidad de compra de la población y que a la vez no se ponga en riesgo el objetivo de 2021, que es que los subsidios se mantengan constantes en términos del PBI". De todos modos, los funcionarios admitieron que "alguna situación imprevista con respecto a las tarifas puede presentarse".

El dilema que enfrenta el Gobierno es que debe evitar que se escape el gasto público porque carece de capacidad de financiamiento -y también porque el déficit será uno de los platos principales de la negociación con el FMI-, pero a la vez tiene que lograr que las tarifas no presionen sobre la inflación. Ese es uno de los motivos por los que mientras el Presupuesto prevé una suba de precios para este año de 29%, los analistas privados la ven más cerca del 50%.

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