Cómo se preparan las obras sociales y prepagas para la entrada en vigencia del aborto legal

los equipos médicos, evaluando la implementación, y a la espera de la publicación de un protocolo.

“Se están armando equipos de atención programada para aquellas afiliadas que deseen interrumpir su embarazo”, dicen fuentes de la prepaga Osde.

También en los Sanatorios de la Trinidad (propiedad del Grupo Galeno) están haciendo la evaluación de la implementación y analizando de qué manera se va a instrumentar la ley.

Mientras tanto, Medifé trabaja con prestadores claves y genera módulos de servicios para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), tanto clínica como quirúrgica.

Por su parte, la obra social IOMA creó un equipo de trabajo con integrantes de las diferentes áreas que llevarán a cabo la prestación. Y tuvieron una capacitación en conjunto con el Ministerio de Salud bonaerense.

La Ley 27.610 entrará en vigencia en forma automática el sábado, a los ocho días de la publicación en el Boletín Oficial, y de acuerdo con la previsión del gobierno nacional. ¿Estará todo listo para empezar en ese plazo?

Desde Osde responden que “como ocurre en estos casos, habrá un esquema inicial y luego se irán realizando los ajustes que sean necesarios”.

En Swiss Medical explican que el esquema de acceso “ya está vigente” con prestadores en condiciones de efectuar el procedimiento, siempre dentro del marco definido por la ley.

También en IOMA comentan que “el trabajo del equipo organizado tiene como objetivo la cobertura inmediata de la IVE a partir de la implementación de la ley”.

“Nosotros ya estamos preparados para hacerlo”, coincide Fernando Coppolillo, director médico de Medifé. Y agrega: “En el momento en que se ponga en vigencia la ley estamos en condiciones de prestar el servicio”.

Sin embargo, algunos prestadores indican que –aunque la ley está a punto de entrar en vigencia- todavía hay “zonas grises” y temas para definir. Consideran que falta una reglamentación o un protocolo por parte del Ministerio de Salud.

“La clave para nosotros es tener un protocolo adecuado. Con los consentimientos, con las prácticas seguras. Y eso todavía está en elaboración. Hay versiones que dicen que va a estar en febrero”, señala Coppolillo, aunque aclara que ese protocolo no es una condición para realizar el procedimiento “porque vemos caso a caso”.

Todos los prestadores consultados coinciden en que la práctica va a ser cubierta en un 100% para las afiliadas que estén contempladas por la normativa.

Al respecto, fuentes de Galeno explican que la ley apunta a resolver la interrupción del embarazo de las mujeres que lo requieran en un plazo máximo de 10 días, desde que se lo solicite. Las prácticas son hasta las 14 semanas (inclusive) del proceso gestacional.

“Cumpliendo las semanas de embarazo establecidas por la ley (14), y con el pedido del médico, desde Galeno se cubre el 100% de la práctica, para todos los planes y contempla el acompañamiento de la paciente y la cobertura de la anticoncepción”, explican los voceros de la prepaga.

“Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo”, continúan.

Ante la consulta de cuántas mujeres estiman que se harían este procedimiento, desde Osde responden que, por ser una prestación de tipo voluntaria, no existe manera de hacer cálculos. “Sí creemos que puede transformarse en una práctica frecuente por la edad joven de la cartera de afiliadas”, acotan.

Según Coppolillo, las estadísticas mundiales hablan de que aproximadamente el 3% de las mujeres en edad fértil interrumpen un embarazo. “Pero la verdad que es un interrogante”, reconoce y agrega que Medifé tiene unas 50 mil afiliadas en esa franja de edad.

Respecto al gasto que la nueva práctica implica, Coppolillo señala que afectará el costo médico de las obras sociales y las prepagas, nacionales, sindicales, y provinciales. “Para todo el sistema de salud es un incremento de los costos. El interrogante, que vamos a poder ver a lo largo del año, es cuál va a ser el impacto final en los presupuestos”, indica.

El precio está regulado y se mueve de acuerdo a dictámenes del Gobierno. Esbozando cuánto puede salir –según este médico y gerente- el medicamento (misoprostol) cuesta unos 8 mil pesos, una ecografía cerca de 2 mil pesos, una observación entre 15 mil y 20 mil pesos, y las consultas 700 pesos. Ese sería el paquete de servicios clínicos.

Hay una proporción de las interrupciones que se puede hacer por vía farmacológica y otra que requiere una cirugía. Para estos casos, el paquete de servicios quirúrgicos está cerca de los 60 mil pesos. A eso hay que agregarle algunos estudios de laboratorio.

La pregunta del millón es si estos nuevos costos podrían trasladarse a un aumento de las cuotas de los afiliados. Al respecto, Coppolillo explica que “tanto las obras sociales como las prepagas tienen un carácter solidario” y que “todo esto se prorratea luego en los gastos que tienen todos”.

Por su parte, los voceros de Swiss Medical comentan que “toda práctica que se agrega a la cobertura implica un nuevo costo dentro de un sistema que hoy se encuentra en una situación crítica y con una relación cobertura, costo, precio absolutamente desbalanceada”.

Desde IOMA tienen otro punto de vista: “Tanto para nosotros como para otras obras sociales y prepagas, (la IVE) forma parte de las prestaciones nomencladas que se realizan por circunstancias médicas varias. Sin duda no redundará en incremento para el bolsillo de la cuota de nuestros afiliados”.

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