Joe Biden firma su decreto de "compre nacional" y renueva una política emblemática de Donald Trump

de las políticas que eran sello distintivo de la administración anterior: el nuevo jefe de la Casa Blanca firmó este lunes una orden ejecutiva que da prioridad a las empresas y productos estadounidenses en los contratos con el gobierno federal, una versión del “America first” (EE.UU., primero) el programa que propugnaba su antecesor.

La Ley de Compra de Productos Estadounidenses ("Buy American Act") de 1933, todavía en vigor, requiere que las agencias federales den prioridad a la compra de bienes producidos en suelo estadounidense, pero existen numerosas excepciones y oportunidades de exención, como denuncian desde hace tiempo pequeñas y medianas empresas. Por eso algunos productos tienen sello “made in USA”, aunque la mayoría de sus componentes provenían de otros países.

Biden busca impulsar la producción nacional y salvar empleos industriales con aumento de inversiones en las industrias manufactureras y los trabajadores. Lanza esta herramienta para que la inversión beneficie más a los estadounidenses.

El nuevo presidente demócrata ha dicho que luego de cuatro años de política proteccionista de Trump no es el momento para una liberación total. De hecho, la priorización de la industria estadounidense no es una sorpresa ya que era una de las promesas electorales lanzadas por Biden, quien buscaba seducir al electorado de base de su predecesor y también al ala más de progresista de su propio partido (encabezada por Bernie Sanders, Elizabeth Warren o Alexandra Ocasio-Cortez) que hacen del proteccionismo una bandera.

Preocupación de países socios

Pero las nuevas disposiciones podrían irritar a socios estratégicos de Estados Unidos como Canadá y México, o los países europeos que creen que esas leyes impiden a sus empresas a acceder a licitaciones del gobierno estadounidense.

De hecho, el canciller canadiense alertó sobre el tema: “Es evidente que, si constatamos que la política 'Buy American' trae prejuicios a nuestro comercio, lo haremos saber”, afirmó Marc Garneau, subrayando que “el presidente Biden indicó que estaba dispuesto a escucharnos siempre que tengamos inquietudes”.

Trump enfocó su “America first” en la suba de aranceles a los productos extranjeros, sobre todo a productos como el hierro, el aluminio y a productos de origen chino, lo que originó un descontento internacional. Mientras que Biden busca endurecer las normas del “compre estadounidense”, con el poder económico del gobierno federal.

“Los dólares que gasta el gobierno federal son una herramienta poderosa para apoyar a los trabajadores y fabricantes estadounidenses. Solo las adquisiciones públicas representan casi 600.000 millones de dólares de gastos federales”, explicó un funcionario de la administración.

Durante la campaña electoral, Biden prometió comprar más productos locales con un plan de 400.000 millones de dólares para proyectos que utilicen productos fabricados en Estados Unidos, como el acero o los equipos de protección para los trabajadores de la salud que luchan contra el covid-19. También dijo que compraría automóviles y otros productos estadounidenses.

El gobierno federal paga 600.000 millones anuales en contratos, pero una buena parte va a competidores internacionales, dijo Lori Wallach, del Public Citizen, una ONG que estudia el tema, a The Washington Post. No es claro cuánto dinero exactamente se llevan las compañías extranjeras, señala la experta, pero afirma que los acuerdos internacionales le han dado mayor acceso. Biden tiene ahora el poder de reducir la lista de 60 países cuyas compañías pueden eludir las reglas del "Buy American".

También busca cerrar los “agujeros” en los procesos por los cuales se cuelan las empresas internacionales. Según Scott Paul, presidente de Alliance for American Manufacturing, “Biden proyecta una masiva inversión en infraestructura, en energías limpias, en recuperación económica y actualizar los estatutos antes de ese gasto enorme será la llave del éxito”.

Sin embargo, las empresas ya han advertido que unas normas demasiado restrictivas podrían provocar un aumento de los costos, lo que dificultará la compra de piezas fabricadas fuera de Estados Unidos.

Washington, corresponsal

CB​

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