La diputada nacional Lucila Masin señaló que es inconsistente e incompetente que una jueza provincial admita suspender la aplicación de una ley nacional como la 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Chaco.
El planteo sostiene que la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, del Juzgado Civil y Comercial N°19 no puede dar validez a una medida cautelar contra una norma que no es de su competencia.
Por lo que lamentó que se busque atentar contra la representatividad y legitimidad de las instituciones de la democracia, contra el Estado de derecho.
“Sabemos que las leyes nacionales están por encima de las leyes provinciales, incluso de la Constitución provincial. Y esta ley fue debatida por muchos años hasta que se ha aprobado, sancionado, promulgado y reglamentado”, repasó Masín.
La legisladora reiteró que la cautelar interpuesta por un grupo de ciudadanos no puede impedir el ejercicio de un derecho garantizado en la ley 27610 para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar.
“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos y políticas públicas que resultaron de una discusión que nos ha costado tanto dar desde diferentes sectores y colectivos feministas. Hablamos de asegurar un derecho humano que no está sujeto a cualquier interpretación personal que dilate la efectiva implementación de una norma”, destacó.
La diputada nacional Lucila Masin señaló que es inconsistente e incompetente que una jueza provincial admita suspender la aplicación de una ley nacional como la 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Chaco.
El planteo sostiene que la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, del Juzgado Civil y Comercial N°19 no puede dar validez a una medida cautelar contra una norma que no es de su competencia.
Por lo que lamentó que se busque atentar contra la representatividad y legitimidad de las instituciones de la democracia, contra el Estado de derecho.
“Sabemos que las leyes nacionales están por encima de las leyes provinciales, incluso de la Constitución provincial. Y esta ley fue debatida por muchos años hasta que se ha aprobado, sancionado, promulgado y reglamentado”, repasó Masín.
La legisladora reiteró que la cautelar interpuesta por un grupo de ciudadanos no puede impedir el ejercicio de un derecho garantizado en la ley 27610 para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar.
“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos y políticas públicas que resultaron de una discusión que nos ha costado tanto dar desde diferentes sectores y colectivos feministas. Hablamos de asegurar un derecho humano que no está sujeto a cualquier interpretación personal que dilate la efectiva implementación de una norma”, destacó.
