Ordenan a dos historiadores del Holocausto a disculparse por acusar a un alcalde de complicidad con el nazismo

Segunda Guerra Mundial de presunta complicidad con el régimen nazi.

El tribunal de distrito de Varsovia rechazó, en cambio, la demanda de indemnización que exigía una descendiente de ese cargo local, que consideraba se había difamado su memoria.

La sentencia no es en firme y los historiadores apelarán la decisión, anunció su abogada, Monika Brzozowska-Pasieka, al comunicar la decisión de esa corte.

El proceso sobre los dos historiadores, Barbara Engelking y Jan Grabowski, había generado una fuerte controversia, tanto en el propio país como en Israel.

El Museo de la Historia del Holocausto en Jerusalén (Yad Vashem) intercedió hace unos días a su favor y alertó sobre cualquier intento de intimidación en contra quienes investigan los crímenes nazis.

El caso

El origen del litigio es un libro, publicado en 2018, bajo el título Dalej jest noc (traducida como "La noche sin fin"). En él se aborda el programa de exterminio nazi en la provincia polaca, bajo la ocupación alemana.

La demanda partió de una sobrina de un antiguo alcalde de distrito, Edward Malinowski, quien consideraba difamada la memoria de su tío. Los autores del libro apuntaban a una complicidad de ese cargo local polaco en la muerte de 22 judíos, que se ocultaban en un bosque y que acabaron entregados a los nazis.

En el libro se relata que el administrador polaco fue exonerado de culpabilidad en un proceso durante la postguerra gracias a una declaración falsa de una testigo judía.

La demandante, quien reclamaba una indemnización de 100.000 zlotis (unos 27.000 euros) y una disculpa pública, alegó que no había pruebas documentales de un trato de favor hacia el procesado.

La demanda estaba respaldada por una fundación polaca denominada "Reduta", de carácter ultranacionalista, que dice luchar por el buen nombre de Polonia y contra toda sospecha de complicidad con el régimen nazi.

Desde distintos estamentos científicos, polacos o extranjeros, se ha alertado contra intentos de intimidación a los historiadores.

Polonia ha articulado en los últimos años una serie de medidas impulsadas por el ultraconservador partido gubernamental, Ley y Justicia (PiS), contra formulaciones, inclusive involuntarias, que apuntan a una complicidad con la ocupación nazi.

Con ese objetivo se aprobó en 2018 una ley destinada a impedir que los medios de comunicación (especialmente los extranjeros, donde se suele incurrir en ese tipo de errores) se refieran a los antiguos campos de exterminio o concentración de su territorio como "polacos".

Esa ley, que levantó en su momento las críticas de Israel, tipifica como delito el uso de la expresión "campos de concentración polacos" y contempla multas y penas de hasta tres años de cárcel.

Solo en Auschwitz, el mayor de los campos de exterminio nazis y construido por el Tercer Reich en la Polonia ocupada, se estima que murieron asesinados 1,2 millones de presos, en su mayoría judíos.

Fuente: agencias