Coronavirus: en medio de la polémica, piden que vayan a prisión quienes autoricen a vacunar a personal no esencial

un proyecto para que se castigue con prisión a quienes autoricen la aplicación a personas que aún no están dentro de los grupos a inmunizar.

La diputada nacional por la Coalición Cívica Lucila Lehmann presentó un proyecto de ley para incorporar al código penal el delito contra la seguridad pública por uso indebido de vacunas.

La iniciativa, presentada este viernes en la Cámara de diputados, prevé penas de uno a seis años de prisión para quien distribuya o utilice de forma diferente al destino asignado por la autoridad competente, sustancias medicinales aptas para el tratamiento de enfermedades.

El proyecto surge luego de varias denuncias y casos de de funcionarios y militantes políticos favorecidos para ser inoculados con la primera dosis de la Sputinik-V, por fuera de las prioridades de esta etapa de la campaña, en la que se prioriza la vacunación del personal sanitario y de seguridad.

En los últimos días fueron noticia varios escándalos por vacunación de personal no esencial en diversas localidades del país, como los casos de San Andres de Giles, Henderson, Chivilcoy o Comandante Piedra Buena, donde se habría beneficiado con varias dosis de la vacuna a intendentes, concejales y militantes.

"Ante la falta de tipificación penal del delito por mala administración de las vacunas y dado que vemos innumerables casos de utilización partidaria de las vacunas por parte de intendentes, gobernadores y autoridades provinciales del gobierno kirchnerista, es que proponemos incorporar una reforma al código penal que permita a la Justicia sancionar duramente a quienes cometen abusos de poder en la distribución y asignación de vacunas”, explicó Lehmann.

“El Frente de Todos busca sacar ventaja política de la campaña de vacunación contra el covid-19. El Gobierno no deja de hacer kirchnerismo ni siquiera en medio de una pandemia donde hay enfermos que se debaten entre la vida y la muerte. Ahí están ellos, sacando ventaja en su condición de militantes. Desde los inicios de la cuarentena, ésta estuvo manchada de irregularidades poco éticas y que ahora con esta reforma, buscamos subsanar, penalizando la utilización de los recursos de todos los argentinos con fines partidarios”, expresó la diputada por Santa Fé. 

Días atrás, en Henderson denunciaron que le aplicaron la Sputnik V a 100 militantes kirchneristas que no estaban en los grupos de riesgo.

Si bien desde el gobierno bonaerense desmintieron la información, la denuncia de la oposición apunta al criterio utilizado para priorizar entre los militantes del oficialismo la aplicación del remante de vacunas que quedó tras la inmunización voluntaria al personal esencial.

Días antes, el diputado nacional kirchnerista Juan Benedicto Vázquez quedó envuelto en la polémica luego de recibir la vacuna en Santa Cruz, pese a no ser parte del personal esencial. Vázquez, de 54 años, recibió una dosis de la vacuna rusa el 6 de febrero en la provincia gobernada por Alicia Kirchner.

Forma parte de un grupo de "diez personas no esenciales pertenecientes al ámbito político y de militancia kirchnerista" que se inocularon sin respetar el orden de prioridad de la campaña de vacunación, según denunciaron desde la oposición.

El último escándalo se dio en Chivilcoy en torno a la vacunación de unos jóvenes de 18 años que tuvieron prioridad en la aplicación de la Sputnik V antes que otros vecinos del municipio que son factor de riesgo.​

“La polémica por la vacunación surgió cuando a través de las redes sociales se empezaron a viralizar fotos de jóvenes que han recibido la vacuna, y por eso mucha gente comenzó a preguntar qué estaba pasando. Cabe aclarar que los turnos para la vacunación no los otorga el municipio, sino la Región Sanitaria X", explicó el intendente local, Guillermo Britos, de Consenso Federal.

JPE

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