Venezuela: ahora Nicolás Maduro llama empresarios nacionales y extranjeros a invertir en un negocio petrolero en ruinas

a los empresarios venezolanos y extranjeros a invertir en el país para reactivar la moribunda economía nacional.

A Maduro no le ha importado dar un giro capitalista a su modelo socialista siglo XXI, cuyo fracaso lo atribuye al “imperio” de EEUU y las sanciones internacionales, y convocar a sus adversarios y aliados para que lo apoyen en la recuperación económica.

El vicepresidente del área energética y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Tareck El Aissami, anunció que aumentará este año la producción de crudo a 1,5 millones de barriles diarios y también la del gas, pero no ha especificado cómo y en qué condiciones.

Desde que el chavismo tomó el poder hace 22 años la producción petrolera ha venido cayendo de 3,5 millones de barriles diarios a 400 mil actual. Al igual que la producción gasífera siendo el octavo productor mundial. Otro tanto ocurre con la refinación de nafta, cuyas cinco plantas están paralizadas. Hay escasez de nafta y de gas doméstico por la falta de mantenimiento de la industria, la incapacidad técnica y la corrupción.

Al firmar este viernes el contrato colectivo para “proteger” a los trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Maduro mencionó a varias empresas de EE.UU. como Exxon, Chevron y Texaco para que vuelvan a invertir en el país, tras haber salido por las sanciones de hace un año y medio, que les impide seguir operando.

Los sectores a privatizarse son los activos públicos de los sectores petroleros y de energía, servicios, telecomunicaciones, tecnológicos, hoteleros y agropecuarios. Suman un global de 600 empresas públicas.

Maduro cuenta con sus aliados y socios de Rusia, China, Irán, Turquía y hasta de Cuba para reactivar la deprimida economía nacional que el año pasado cerró con una caída brutal de 30% del PIB. Y este año espera frenar la caída a menos 7%, según estimaciones de las Naciones Unidas.

“Las puertas están abiertas”, dijo Maduro por la televisora estatal tras mencionar a los empresarios petroleros del “imperio” de los Estados Unidos y adelantarles que “debemos avanzar en las negociaciones con todos los socios internacionales en el marco de la ley antibloqueo".

La culpa es "del bloqueo"

Y para justificar su apertura al capital extranjero dijo: “El efecto devastador del bloqueo se nota en la vulnerabilidad del salario y el bienestar social, por eso estamos abiertos a la inversión extranjera para salvaguardar la integridad de nuestro pueblo”.

En realidad lo que ofrece Maduro a los inversores extranjeros es una mano de obra baratísima, que devenga menos de 1 dólar al mes y que raya en la esclavitud moderna del siglo XXI. Esto explica los motivos por los que los venezolanos siguen huyendo de su país.

La ley antiboqueo, que fue diseñada a finales del año pasado para vender y privatizar los activos y las empresas públicas de Venezuela, va a ser negociada por el parlamento chavista al mejor postor, es decir, el que ofrezca más dinero para poseer la empresa estatal. Lo curioso es que las transacciones se harán en silencio y de la forma más discreta, lo que deja un margen muy ancho para las comisiones y la corrupción.

Ante Clarín, el economista y experto petrolero Jose Toro Hardy no se mostró confiado con los planes de Maduro. “Económicamente las alternativas que ofrece el régimen con su inconstitucional “Ley Antibloqueo” (epítome de la inseguridad jurídica) no son factibles. Presenta, sí, buenas oportunidades de negocio para algunos allegados y enchufados, pero resultan aberrantes para el país”.

Maduro también ha hecho guiños a los empresarios venezolanos de la patronal Fedecámaras cuando hace dos décadas el chavismo atentó con explosivos su edificio en La Campiña de Caracas. El interlocutor de la reunión fue el presidente de la fraudulenta Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, enemigo acérrimo de la empresa privada.

La patronal Fedecámaras respondió al llamado de Maduro en estos términos: ”El gremio empresarial está convencido que solo alcanzaremos progreso social y crecimiento económico, en el momento que se garantice la libertad, la democracia, la libre iniciativa, el derecho a la propiedad privada y el estricto apego a la Constitución”. Para colmo ninguna de estas condiciones existe.

Hace tres días Fedecámaras pidió a Maduro la emisión de permisos para que los empresarios “puedan operar las gasolineras e importar combustible como una solución a la crisis energética que vive el país“.

El gremio empresarial plantea el “otorgamiento de concesiones en condiciones transparentes a empresas privadas para actividades de refinería, expendio y demás actividades de comercialización de combustible“, planteó el gremio en un documento, además de instalar “mini-refinerías en áreas con disponibilidad de condiciones propicias”.

El régimen chavista ha hecho algunas reformas económicas para atraer el interés de los empresarios como la dolarización controlada y regulada por el Banco Central y la apertura de las importaciones en desmedro de la producción nacional.

Para el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, “las reformas económicas de Maduro son para darle estabilidad política a su gobierno”. Es como surfear en la crisis pero “falta mucho por ver si esa estabilidad se traduce en progreso para la nación”.

El ex ministro de Industria, Victor Alvarez, sostiene que detrás de la apertura, el régimen lejos de impulsar la producción y encausar la economía “parece destinado a propiciar el saqueo de los recursos públicos” con su invitación clientelar.

Un ejemplo de la opacidad con la que actúa el régimen –no se sabe si por prejuicios ideológicos de recurrir al capitalismo por haber fracasado con su socialismo- son las negociaciones a puerta cerrada con la que han iniciado a vender los activos. Algunos lo comparan con el modelo ruso post soviético y otros con el chino, o más bien un híbrido de los dos.

El ejemplo es la venta de la telefónica Cantv y su brazo de celulares Movilnet. En los medios oficialistas se dice que el empresario mexicano Carlos Slim está detrás de las negociaciones pero no hay nada oficial sobre esta privatización, ni precios ni términos.

Y así transcurre en otros sectores donde el misterio y el silencio dominan las negociaciones. Lo que ha dicho el gobierno interino de Juan Guaidó es que ninguna de las negociaciones de compra y venta de activos de la nación tendrá legitimidad ni será reconocida por la Asamblea Nacional legítima por lo que el riesgo es muy alto para los inversionistas que decidan saltarse las leyes y normativas internacionales.

PB

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